El debate sobre la reforma política se ha ido dilatando de manera preocupante, y pareciera haber un ambiente para minimizar el impacto que tienen asuntos estructurales de la reforma como la modificación del Consejo Nacional Electoral y la financiación de la política; aseguró la Misión de Observación Electoral MOE.

Mientras algunos Congresistas argumentan que esta no es una gran reforma política, en los debates están desmembrando temas realmente estructurales como la modificación de la organización electoral. Para la MOE, la modificación en la forma de postulación de los candidatos y elección de los miembros de la autoridad electoral, cambiará profundamente las prácticas políticas nocivas, la financiación desbordada e irregular de las campañas y la consecuente corrupción política que hoy ya llega a las altas cortes del país.

Pese a que tanto congresistas, gobierno, expertos y sociedad civil coinciden en que la actual manera en que se eligen los miembros del Consejo Nacional Electoral, ha generado una falta de independencia política de este órgano frente a los partidos políticos, en el actual debate en Cámara de Representantes se ha puesto, de nuevo y sin razón, la elección de Consejeros a cargo del Congreso de la República.

Para la MOE es legitima la función electoral del Congreso de la República en casos como los órganos de control y magistrados de las altas cortes; sin embargo, con la elección de consejeros electorales, esta función resulta ilógica, en la medida en que el objeto de estos consejeros es preservar la imparcialidad e independencia ante las disputas complejas de la política partidaria.

De la misma manera en que el espíritu de la constitución previó un sistema de elección para el Registrador Nacional que garantizara su independencia e imparcialidad, es evidente que esos mismos principios deben aplicarse a la institución que regule y reglamente las contiendas electorales y la vida de los partidos y movimientos políticos.

Por otra parte, para la MOE, es inconveniente elevar el rango de los consejeros electorales de una autoridad administrativa, al rango de magistrados y en consecuencia dotarlos de fueros especiales. Esta medida es un incentivo dañino que permite el bajo control de las actuaciones de estos funcionarios y en consecuencia puede generar incentivos para la corrupción, tal como está ocurriendo hoy con el grave escándalo que envuelve a tres de los anteriores presidentes de la Corte Suprema de Justicia.

Para Alejandra Barrios, directora de la MOE, “Durante el debate de reforma denominado Equilibrio de poderes repetimos de manera sistemática la necesidad de un tribunal de aforados que realmente actuara contra la impunidad que rodean a las altas dignidades del Estado colombiano”. La MOE recordó que fueron las Cortes, quienes más presionaron en su momento para que dicho tribunal no existiera; comportamiento que hoy se repite en el trámite de la reforma política con el Consejo de Estado; principal opositor a una reforma sustantiva de la forma ineficiente en que se administra y aplica la justicia electoral hoy.