De acuerdo con el diputado opositor Juan Guaidó, el Gobierno venezolano realizó contratos con Odebrecht por 22.000 millones de dólares para la construcción de siete obras que siguen inconclusas.

La Asamblea, controlada por una mayoría opositora, realizó este jueves una sesión para discutir las denuncias hechas por la fiscal general Luisa Ortega, que asegura tener “muchas”pruebas de corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro.

El diputado opositor Juan Guaidó explicó que entre las siete obras inconclusas están una central hidroeléctrica, proyectos ferroviarios y tres puentes, uno de ellos sería el segundo puente sobre el Lago de Maracaibo que, afirmó, tiene 11 años de retraso, 3.000 % de sobreprecio y apenas 36 % de ejecución.

“Son 22.000 millones de dólares involucrados en contrataciones, más del doble de las reservas internacionales de Venezuela (y) suficiente para pagar toda la deuda comercial que tiene el país” que enfrenta una severa crisis económica y escasez de alimentos y medicinas.

La fiscal venezolana abandonó su país tras ser acusada de traición e inmoral por el Gobierno y destituida por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, que designó en su cargo a Tarek Saab, que ya ha dicho que las denuncias de su antecesora no tienen validez.

El miércoles, desde Brasil, Ortega atribuyó su destitución y la persecución política que dice sufrir en Venezuela “al afán de esconder los hechos de corrupción” de los que, asegura, tiene “muchas pruebas” y a las investigaciones que adelantaba sobre los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a varias autoridades.

“Tengo pruebas en el caso Odebretch que comprometen a Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros”, afirmó Ortega en la ceremonia de apertura de una reunión de fiscales de los países del Mercosur en Brasilia, donde dijo que quería denunciar ante el mundo la situación de “corrupción desmedida” en Venezuela.

Entre otros, citó el de una empresa mexicana que sería propiedad del propio Maduro contratada por el Estado venezolano para distribuir las CLAP (bolsas de alimentos repartidas entre personas de escasos recursos).

Al respecto, Guaidó denunció la información sobre esta empresa “desapareció” del Registro Nacional de Contratistas del país lo que demuestra, según dijo, que el “sistema de justicia está podrido” y que el Gobierno “trafica con la miseria” y el hambre, producto de la escasez de comida.

Al final, los diputados acordaron solicitar a Ortega, a quien reconocen como “la única fiscal legítima”, información sobre estas denuncias para hacer avanzar investigaciones desde el Parlamento venezolano. Con información de EFE