El instituto de Medicina Legal identificó los restos de Bernardo Beltrán Hernández, mesero en la cafetería del Palacio de Justicia, y quien desapareció durante la sangrienta toma registrada el 6 de noviembre de 1985.

De acuerdo con Medicina Legal y la Fiscalía, el cuerpo de Beltrán Hernández estaba en la tumba del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa.

Esta no es la primera vez que las autoridades encuentran el cuerpo de un desaparecido de la toma del Palacio de Justicia en la tumba de otra persona fallecida en estos mismos hechos, lo que refuerza la teoría de que el manejo de los cuerpos después del incendio del Palacio, estuvo llena de errores.

Bernardo Beltrán se convierte en el cuarto desparecido del Palacio de Justicia en ser encontrado por la Fiscalía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar al Estado en 2014, reconoció que eran 11 los desaparecidos: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco, Cristina del Pilar Guarín, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela, Lucy Amparo Oviedo y Gloria Anzola de Lanao.

Cuando desapareció, Bernardo tenía 24 años y había terminado sus estudios de Mesa y Bar en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Historia de la Toma y la Retoma al Palacio de Justicia

Una fue la “toma” del Palacio de Justicia por el M-19, el movimiento guerrillero que pretendía en esa acción someter a un juicio público al entonces presidente de Colombia Belisario Betancur por los fracasos y dificultades que había tenido el proceso de paz pactado meses atrás. Y otra fue la “retoma”, en desarrollo de la cual, algunos analistas y observadores políticos de la época hubo un “vacío de poder” o un golpe de Estado, pues se afirma que los mandos militares tomaron las determinaciones sin consultar o tener en cuenta al primer mandatario.

Los momentos que se vivieron al interior del gobierno colombiano fueron detallados por la Comisión de la Verdad que fue creada en el 2005 para esclarecer los acontecimientos, que se afirma fueron producto de un pacto firmado entre el M-19 y el Cartel de Medellín, hecho que precisamente reveló el presidente de la Corte Constitucional y miembro de la Comisión de la verdad, Nilson Pinilla, cuando se publicó el informe.

También para conocimiento de las nuevas generaciones, transcribimos los respectivos apartes de la investigación realizada por la Comisión de la Verdad, que integraron los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia Jorge Aníbal Gómez Gallego y José Roberto Herrera Vergara y el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla Pinilla, la cual fue presentada a finales de 2009:

Tras la penetración del comando guerrillero y los primeros tiroteos hacia las 11 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, “los teléfonos de las oficinas del Palacio no cesaban de sonar, llamadas de familiares angustiados, empleados que se encontraban en diferentes lugares del edificio trataban de conocer la suerte de sus colegas, periodistas en búsqueda de información, funcionarios públicos de todos los niveles.

Mientras tanto, las Fuerzas Militares de Colombia iniciaron el operativo de retoma, con el Plan de Defensa Nacional denominado «Tricolor 83», en desarrollo del cual pasado el mediodía arribaron a la Plaza de Bolivar los primeros tanques EE-09 Cascavel y Urutú, que fueron ubicados alrededor del Palacio.

A la 1 p.m., los guerrilleros le dijeron al magistrado Alfonso Reyes Echandía, mantenido como rehén, que nada le iba a suceder y que lo requerían para negociar.

Los guerrilleros del M-19 se refugiaron en el cuarto piso junto a algunos rehenes, realizaron llamadas telefónicas al Palacio de Nariño, sede presidencial, y a varios medios de comunicación, para hacer conocer sus exigencias, incluidas en una proclama.

Pedían la creación en una cadena radial de un espacio diario para la expresión de la oposición y la presencia del Presidente de la República o su apoderado ante la Corte Suprema de Justicia, para efectos de hacerle un juicio político.

Minutos más tarde, un grupo de soldados del Batallón Guardia Presidencial entró al Palacio para sacar los cadáveres de dos vigilantes, mientras un oficial y un suboficial recuperaban la ametralladora del tanque Urutú.
A la 1: 30 p.m., los primeros vehículos blindados ingresaron por el sótano. A las 13:20, el comandante guerrillero del M-19 Luis Otero se comunicó con algunos medios de comunicación para confirmar la autoría y el nombre de la toma.

A las 1 y 55, un tanque EE-09 Cascavel rompió la puerta principal del Palacio. A las 2 p.m., dos helicópteros dejaron en la azotea del edificio a un grupo de policías del Comando de Operaciones Especiales de la policía, que también ingresó al Palacio.

Otro de los tanques Urutú trató de irrumpir en una de las puertas del recinto para rescatar el cadáver del subteniente de la Policía José Fonseca Villada, asesinado por los guerrilleros al comienzo de la toma, pero debido a la estrechez de ésta, perdió la metralleta y, por el tiroteo con los guerrilleros del M-19, debió ser retirado. Dos tanques ingresaron por la puerta principal y obligaron a los guerrilleros y rehenes a subir a los pisos superiores, mientras que en la parte posterior del Palacio de Justicia se inició un incendio. Los combates se intensificaron en el sótano, mientras los subversivos se desplazaban a los pisos superiores.

Quince minutos después fueron liberados algunos rehenes, trasladados a la Casa del Florero para su identificación, a excepción de los heridos que fueron llevados a clínicas y hospitales. Luego, a las 4 y 25, un tercer tanque ingresaba a la edificación, con soldados del Batallón Guardia Presidencial y de la Escuela de Artillería, mientras hombres del Grupo Operativo Antiextorsión y Secuestro (GOAS) de la policía llegaban por la azotea.

A las 3 de la tarde, el presidente Betancur pidió ayuda y consejo a algunos ex-presidentes, candidatos a la Presidencia y congresistas, estos primeros concordaban en que era mejor negociar en lugar de retomar el Palacio. Cinco minutos después, Álvaro Villegas Moreno, presidente del Congreso, hablaba por teléfono con Reyes Echandía y el magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le solicitaron pedirle a Betancur el cese al fuego. En una segunda conversación, Reyes Echandía le dijo que se encuentra en el cuarto piso con los guerrilleros, dato confirmado por uno de los subversivos que le quitó el teléfono y quien comunicó que, de no llegarse a un cese al fuego, nadie iba a salir vivo. A las 3 y 15 Villegas le llevó el mensaje a Betancur, quien respondió que no iba a negociar y que no había logrado comunicarse con Reyes.

A las 4:10, les ordenaron a los soldados que ingresaron por la puerta, buscar rehenes para ayudarles a salir. Varios estruendos se escucharon desde el sótano y los primeros pisos, lo que llenó de humo el edificio. Reyes Echandía seguía pidiendo el cese al fuego, secundado por otros magistrados a través de la radio. A las 16:50, la Cámara de Representantes repudiaba la toma y se declaraba en sesión permanente.

A las 5 y 10, Reyes Echandía logró comunicarse con el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía Nacional y amigo suyo. Reyes le pidió que cesaran el fuego porque de no hacerlo todos iban a morir, a lo que Delgado respondió diciéndole que estaba haciendo lo posible por rescatarlos y que necesitaba comunicarles a los del M-19 que el gobierno no iba a negociar. Otero y Delgado hablaron. A las 17:30, el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del Ejército, toma el mando de la operación de rescate.

Luego en medio del fragor del fuego cruzado fue cuando se produjo el angustioso llamado que le hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia Alfonso Reyes Echandía, al primer mandatario Belisario Betancur,en una comunicación telefónica que logró el periodista Ariel Cabrera entonces al servicio de Todelar.
«Por favor, que cese el fuego inmediatamente… es de vida o muerte».

Las comunicaciones telefónicas se vieron interrumpidas definitivamente hacia las 5:30 o 6:00 p. m. en el cuarto piso y existen relatos sobre algunas conversaciones en otros lugares del edificio hasta entrada la noche.
De acuerdo con la declaración del general Jesús Armando Arias Cabrales ante la Comisión de la Verdad, la primera fase del operativo militar se inició con la irrupción de los blindados a la 1:30 p. m. por el sótano: luego, desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m., en el primer piso; también ingresaron unidades de artillería e ingenieros militares, quienes “trataron de abrir con explosivos controlados boquetes en los baños, sin causar daños a los rehenes”.

Antes de la 1:00 p. m.42 del 6 de noviembre, en efecto, según el relato del coronel Plazas a la Comisión de la Verdad, ocho unidades blindadas habían llegado a la Plaza de Bolívar. “A partir de ese momento los guerrilleros pasaron de la condición de atacantes a la de defensores, y la fuerza pública asumió la acción ofensiva”.

Los cascabeles son vehículos de combate con blindaje liviano, tienen un cañón de noventa milímetros, cuentan con tracción sobre las cuatro ruedas y espacio para tres tripulantes. Los urutús son vehículos de transporte de tropa, no de combate, con blindado liviano, una ametralladora punto cincuenta y espacio para unos 12 tripulantes. […]
En total eran 24 blindados, 18 cascabeles y 6 urutús. Los vehículos se desplazaron a 70 km/h en fila india.
Señala el Coronel Plazas que entonces hizo presencia el general Arias Cabrales, cuyo cuartel general fue ubicado en la Casa del Florero, donde se encontraba con el general Vargas Villegas, comandante de la Policía de Bogotá.
“A las 2 de la tarde se inicia el control operacional. Ese control operacional lo asume el Comandante de la Brigada”, según expresó el director general de la Policía, general Víctor Delgado Mallarino.

El ingreso del primer tanque Urutú, hacia la 1:00 p. m., ubicado frente a la puerta del sótano del Palacio, por la carrera 8ª, fue acompañado por 14 soldados del Batallón Guardia Presidencial, quienes recibieron la orden de entrar protegidos por el tanque. Seis guerrilleros estaban custodiando el sótano en ese momento.

El sótano tenía tres niveles y en todos se encontraban estacionadas decenas de vehículos. Los guerrilleros se habían parapetado detrás de las columnas y muros de los garajes, de los carros y en las escaleras de acceso al primer piso y la cafetería. El ruido del tanque indicó su aproximación. Antes de ingresar disparó quince proyectiles de grueso calibre contra la reja metálica. Dos bombas estallaron. La puerta cedió.

Al entrar el tanque, la ametralladora Mag. 7.62 mm que tiene instalada en la parte superior golpeó contra el techo y se desprendió. Los soldados irrumpieron resguardados por la armazón.

Este es el testimonio del soldado Luis Antonio Santana Tibavisco, perteneciente al Grupo Mecanizado Rincón Quiñones: […] íbamos en el carro de comando con 8 soldados conmigo, mi Capitán Solano y el Cabo González, íbamos en Urutú, llegamos como a las doce del día, llegó mi Capitán y habló por radio y le dieron orden no supimos qué, estábamos frente a la puerta del Palacio, la puerta del sótano… mi Capitán desactivó dos bombas que había en la entrada y entonces al entrar [sic] la entrada quedaba muy bajita y se cayó la ametralladora punto 50 y luego entonces procedimos a entrar y cuando entonces explotaron unas bombas y se fue la luz y el motivo que nos hizo salir fue que había mucho humo porque por encima de la trompeta del carro había quedado un hueco y por ahí se nos entraba mucho humo y nos podíamos asfixiar y por eso nos salimos.

El comandante del Batallón Guardia Presidencial, coronel Bernardo Ramírez, expresó a la Comisión de la Verdad que “una vez llegó la compañía de reacción, el tanque intentó entrar por el sótano con unos soldados del Batallón Guardia. Al intentar subir al primer piso, fueron repelidos, y dos soldados y un sargento resultaron heridos. El grupo terrorista tenía sacos de arena para protegerse y se aseguraron ahí. Las personas que estaban en el parqueadero fueron evacuadas rápidamente”.

Frente a una pregunta de la Comisión sobre la salida de personas por el sótano y los controles que ejercía el Batallón Guardia, respondió que no existía ninguna restricción, que no tenían instrucciones de llevarlos a ningún lugar, ya que ellos “no manejaban rehenes”.48 Señaló que fueron los primeros, salían rápido y evacuaban voluntariamente. No recuerda cuántas personas salieron por ahí.

A esta altura el Presidente solicita la presencia del Ministro de Defensa en la Casa de Nariño, quien hasta ese momento supervisaba la operación militar desde su despacho y pide que con él vengan el general Víctor Delgado Mallarino, director general de la Policía, y Manuel Guerrero Paz, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El señor Presidente expresó cómo la decisión de no negociar lo no negociable no contrariaba la política de paz del Gobierno, que tenía en el diálogo su elemento esencial, pero que el diálogo dejaría de ser tal si se realizaba bajo la amenaza.

Minutos después el Presidente se reúne con el Ministro de Defensa y los generales Delgado y Guerrero, quienes le transmiten las noticias recibidas por los servicios de inteligencia y le informan con detenimiento sobre la situación militar.

A las 2:05 p. m.,56 cuando, de acuerdo con lo expresado por el coronel Plazas, “llegó la orden presidencial de retomar el Palacio y liberar los rehenes”, el teniente Tamayo, Juan Manuel Guerrero, el propio coronel Plazas y el dragoneante Orjuela entraron al Palacio de Justicia comandando cuatro tanques Cascabel.

Así describe el coronel Plazas el ingreso de los tanques: El primer cascabel derribó la puerta y entraron dos vehículos, esperamos unos instantes y nos informaron que el primer piso del Palacio podía permitir el acceso de dos más. Con los dos cascabeles restantes avanzamos en columna para que penetraran los soldados; yo entré en el tercer 56 Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, Informe reseña histórica trimestral.

Lo único que podía percibir era el sonido de los disparos. Era como una caneca llena de totes. Sabíamos que el vehículo nos protegía de los disparos, pero sabíamos que el M-19 contaba con minas, fusiles, rockets, ametralladoras y la vida de los rehenes.

Los tanques “ocuparon la primera planta, respondieron el fuego con la ametralladora y con el cañón lanzando granadas. Protegidos por ese equipo de artillería penetraron varias escuadras de uniformados. La desesperación al interior fue grande, especialmente por supuesto entre los guerrilleros que lanzaron amenazas a través del teléfono y las emisoras radiales”.

De acuerdo con la descripción que realizó el coronel Plazas, el control de los dos primeros pisos correspondió a la Escuela de Caballería; el sótano era responsabilidad del Batallón Guardia Presidencial; para hacerse cargo del tercer y cuarto pisos llegó la escuela de Artillería, al mando del teniente Coronel Hernández y “el mayor Fracica, quien fue el más activo”.

El entonces mayor Carlos Alberto Fracica Naranjo, de la Escuela de Artillería, ingresó protegido con el primer tanque hacia la biblioteca con un grupo de 15 “voluntarios”, que estuvieron con él todo el tiempo.
Afirmó no saber si entre ellos había civiles o si estaba Jorge Arturo Sarria, el llamado “Rambo criollo”, de quien dijo no haber oído antes.

Según manifestó el coronel Plazas Vega, en ese momento había personal del DAS, de la Sijin, voluntarios c omo Defensa Civil y Cruz Roja y no descartó que hubiera “intrusos”. Y agregó que “al lado de los tanques ingresaron policías y soldados; en cuanto al desorden, así es la guerra, cada cual se bate como puede; lo del Palacio fue una batalla y no hay ninguna batalla donde no desaparezcan personas”.

Según relataron testigos presenciales a la Comisión de la Verdad, con el ingreso de los tanques la situación se recrudeció: dentro del Palacio de Justicia los tanques disparaban continuamente contra los pisos 3º y 4°, que no estaban en poder del Ejército; los helicópteros empezaron a sobrevolar por el costado norte y había una “lluvia de balas” que penetraba en las oficinas; caían las cortinas y las lámparas, los vidrios se reventaban, se vivía una situación de terror. Se podía distinguir cuando los tanques iban a disparar, pues había un ruido característico que lo indicaba; sentían que el cuarto piso les iba a caer encima. Ese bombardeo era continuo.

Desde el tercer piso, los rehenes enviaban papeles con mensajes diciendo que estaban allí para que el Ejército los rescatara, pero nadie les ponía atención. “Escuché desde el tercer piso una voz que decía: “¡Al que vean, quiébrenlo!”, era una voz como de mando, y venía del primer piso: presumí que eran de las fuerzas de recuperación del Palacio porque el primer y segundo pisos estaban en poder de la Fuerza Pública”.

“Los guerrilleros se habían replegado al costado noroccidental de los pisos segundo y tercero y tenían el control pleno del cuarto piso. En el piso tercero, estratégicamente ubicada, permanecía una guerrillera que con ráfagas de ametralladora retardó el operativo militar”.

Mientras tanto, en el cuarto piso, Manuel Gaona, Ricardo Correal y Héctor Darío Correa tomaron la decisión de abrir la puerta y salir; un grupo de guerrilleros les garantizó el respeto por su vida, los trasladaron cerca del ascensor junto con algunos conductores y otros rehenes y luego los hicieron bajar al baño ubicado entre los pisos tercero y cuarto, donde hallaron refugio en condición de rehenes.

A ese mismo lugar fue conducido Jorge Reina, conductor que se encontraba en el sótano cuando entró el comando guerrillero. Él relató a la Comisión que un compañero suyo preguntó a un guerrillero si podían salir, a lo que éste respondió que se quitaran los sacos y los subieron por la escalera al tercer piso, donde luego reunieron a varias personas, y transcurrida una hora o una hora y media los bajaron al baño en el descanso de la escalera.

En otro sector del cuarto piso, los guerrilleros Luis Otero, Alfonso Jacquin y Guillermo Elvencio Ruiz llegaron al despacho del presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, hacia las 2:00 p. m. y lo trasladaron a la oficina del magistrado Pedro Elías Serrano Abadía, ubicada cerca de la escalera que conducía a la azotea, donde los reunieron con los magistrados Fabio Calderón Botero, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria, de la Sala Penal; Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín y Alfonso Patiño Roselli, de la Sala Constitucional, y Fanny González de Franco y José Eduardo Gnecco Correa, de la Sala Laboral, así como con los magistrados auxiliares Emiro Sandoval Huertas y Julio César Andrade y siete auxiliares judiciales: María Janeth Rozo Rojas, Isabel Méndez de Herrera, María T. Muñoz de Jiménez, María Cristina Herrera Obando, Beatriz Moscoso de Cediel, Libia Rincón Mora y Nury Soto de Piñeres.

De los despachos de los magistrados de la Sala Constitucional estaban las secretarias Lyda Mondol de Palacios, Ruth Zuluaga de Correa y Rosalía Romero de Díaz. De la Sala Laboral se encontraban en ese piso el magistrado auxiliar Jorge Alberto Correa Echeverri y los secretarios de los despachos Hermógenes Cortés Nomelín, Cecilia Concha Arboleda; también había algunos visitantes.68 Es posible que todas estas personas, junto con los escoltas de los magistrados, Jaime Benítez Prieto y Libardo Durán, así como los guerrilleros y otras personas que posiblemente se encontraban en el cuarto piso, hayan muerto en el marco de las explosiones producidas para facilitar la operación helicoportada. Los cuerpos se hallaron calcinados.

El ingreso de los tanques por el sótano y la puerta principal del Palacio de Justicia, las explosiones indiscriminadas y los disparos desde fuera y dentro del edificio, todo ello en un lapso muy corto desde el inicio de la violenta toma, determinaron que la situación se tornara en extremo grave y desesperada para quienes se encontraban dentro del Palacio de Justicia. La guerrilla se concentró en dos puntos principales desde ese momento: uno en el cuarto piso, al mando de Otero, y otro en el tercero, con Almarales al frente.

Varios de los rehenes que se encontraban en el tercer piso evocan lo que han coincidido en llamar “la letanía” que el magistrado Reyes Echandía repetía incesantemente: “¡No disparen, por favor, somos rehenes, soy el Presidente de la Corte!”, y en la respuesta consistente en bombas y disparos provenientes de los tanques que estaban en el primer piso.

Agregó luego a sus ruegos que necesitaba la presencia de la Cruz Roja, que necesitaba mé dicos porque había con él dos mujeres embarazadas que requerían atención médica, pero la respuesta siempre fue la misma.
Luego de haberse comunicado en varias ocasiones con su hijo Yesid y con el Presidente del Senado y de haber intentado infructuosamente hablar con el Presidente de la República, el país escuchó a través de los medios de comunicación el angustioso y elocuente llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía: “¡Que cese el fuego!”.

Su hijo Yesid relató a la Comisión de la Verdad que cuando se enteró de la toma por parte del M-19, trató de ubicar a su padre y logró contacto en dos ocasiones con una secretaria de la oficina vecina, quien le informó que su padre estaba bien porque ella lo oía hablar y que estaba con un escolta, pero que había mucho ruido y humo.

Luego se comunicó nuevamente y le contestó una persona que se identificó como Otero, comandante de la Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Afirmó que ellos querían dialogar, pero necesitaban que el Ejército no disparara más, y le dijo: “Nosotros necesitamos que paren el fuego o aquí nos morimos todos”. Yesid le pidió que le pasara a su padre, quien le repitió lo que le dijo Otero, que un comando del M-19 se había tomado el Palacio, pero que querían dialogar y que requerían que cesara el fuego que venía de afuera. Luego pasó Otero y le dijo que tenía 15 minutos para lograr que parara el fuego, o si no, todos morirían.

Yesid Reyes salió de su oficina y fue adonde el periodista Juan Guillermo Ríos, quien se comunicó con el Procurador, y alguno de ellos habló con Gabriel García Márquez, reconocido amigo de Betancur. El escritor se hallaba en París e intercedió ante el Presidente para que cesara el fuego.

También Ríos habló con la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien afirmó que ese no era un asunto personal, sino de Estado, y que por lo tanto no interfiriera.

Entonces, Yesid Reyes se dirigió a la oficina del periodista Yamid Amat, quien trató de hablar con la Ministra de Comunicaciones. Estas diligencias tomaron aproximadamente 40 minutos; volvió a llamar y se contactó nuevamente con Otero, quién estaba menos calmado, y le dijo a Yesid Reyes: “Mire, o dejan de disparar, o aquí nos morimos todos”.
Reyes se volvió a comunicar con su padre, quien le contó que había hablado con el director de la Policía, general Delgado Mallarino, y con el director del DAS, general Maza Márquez, y los dos le aseguraron que la orden de cese .
El general Maza Márquez confirmó a la Comisión de la Verdad que tuvo una conversación con el magistrado Reyes el 6 de noviembre, después de la cual llamó al presidente Betancur.

En esas circunstancias, Yesid Reyes ofreció ponerlo en contacto con Yamid Amat para que el propio Presidente de la Corte dijera al aire lo que ocurría. Su padre lo consultó con Otero y él aprobó. Esa fue la conversación que se transmitió al país en directo. Otros periodistas también se comunicaron con el magistrado Reyes Echandía, después de lo cual la Ministra de Comunicaciones llamó a Yamid Amat, a Juan Gossaín y a Juan Guillermo Ríos y les dijo que si seguían pasando estas entrevistas o noticias del Palacio, se cerrarían todos los noticieros.

Así se registraron las angustiantes palabras del Presidente de la Corte Suprema de Justicia a través de los medios:
¡Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego! La situación es dramática, estamos rodeados aquí de personal del M-19. ¡Por favor, que cese el fuego inmediatamente! Divulgue ante la opinión pública, esto es urgente, es de vida o muerte. ¿Sí me oyen? […] Es que no podemos hablar con ellos, si no cesa el fuego inmediatamente. Por favor que el Presidente dé finalmente la orden del cese al fuego […]. Estamos en un trance de muerte. Ustedes tienen que ayudarnos. Tienen que pedirle al gobierno que cese el fuego. Rogarle para que el Ejército y la Policía se detengan… Ellos no entienden. Nos apuntan con sus armas. Yo les ruego detengan el fuego porque están dispuestos a todo… Nosotros somos magistrados, empleados, somos inocentes… He tratado de hablar con todas las autoridades. He intentado comunicarme con el señor Presidente, pero él no está. No he podido hablar con él…

Álvaro Villegas, presidente del Congreso, señaló a la Comisión de la Verdad que hacia las 2:00 o 2:30 p. m. recibió las llamadas del magistrado Reyes Echandía y del magistrado Pedro Elías Serrano, quienes le dijeron que necesitaban hablar con el Presidente. Él llamó al Presidente y le transmitió su mensaje, y éste le dio un número telefónico para que se comunicaran.

Luego el magistrado Reyes Echandía lo volvió a llamar y le dijo que el Presidente no le pasaba al teléfono. En tres oportunidades Villegas volvió a hablar con el Presidente Betancur para pedirle que le respondiera al Presidente de la Corte. Desde ese momento, el Presidente no le pasó más al teléfono; entonces, Álvaro Villegas habló con Augusto Ramírez Ocampo y con Noemí Sanín. Les expresó que él podía ser interlocutor, hablar con los guerrilleros, pero no tuvo ninguna respuesta.

El Presidente del Congreso expresó a la Comisión de la Verdad:[…] ese día, como a las cuatro o cinco de la tarde, de la discusión con mis compañeros decidimos reunir el Congreso en sesión secreta, y hubo una sesión secreta. Inclusive me descubrí un periodista de Caracol y estaba hasta de pronto transmitiendo porque se infiltró allá, y lo mandé a sacar en forma airada. Allí les conté simplemente la misma narración que les he hecho a ustedes, de la imposibilidad de que el Presidente atendiera al doctor Reyes, o alguno de los que estaban dentro del Palacio. A mí se me escondió el Presidente, esa es la palabra que yo puedo decir. Es decir, tomó la decisión de no pasarme más al teléfono.

De acuerdo con el testimonio del director de la Policía, general Delgado Mallarino, el 6 de noviembre a las 5:00 p. m. el presidente Betancur le pidió que llamara al Presidente de la Corte. Delgado habló con Luis Otero y le dijo: “Yo les garantizo la vida, les garantizo un juicio justo e imparcial”.

La constancia que se adjuntó a un acta posterior del Consejo de Ministros con la cronología de los hechos del 6 y el 7 de noviembre señala, a partir de las cuatro de la tarde, lo siguiente:

Hacia las cuatro de la tarde, el señor Presidente se reúne en su despacho con los Ministros y militares con la asistencia intermitente del Secretario General de acuerdo con sus deberes. La situación fue analizada en detalle. Cada uno de los presentes expuso su punto de vista, y las decisiones que se adoptaron obedecieron al conocimiento que se tenía de las circunstancias, hechos y características del asalto y a la apreciación que se hizo sobre sus posibles desarrollos. Para comenzar se analizaron los propósitos, demandas, voluntad y actitud abiertamente violentos del M-19, reflejados no sólo en la acción misma de tomar por asalto el Palacio de Justicia, sino en el hecho de que a su entrada asesinó a algunos de los celadores en servicio, y luego, al primer intento de la fuerza pública por recuperar el edificio, dio muerte a varios de sus miembros.

Se tuvo igualmente la convicción de que el M-19 no buscaba simplemente negociar sino también ejecutar una operación político-militar de muy vasto alcance y resonancia publicitaria, a la que concedía señalada importancia, puesto que, cuando atentó contra el General Samudio Molina, Comandante del Ejército, pocos días antes, anunció un hecho que asombraría al mundo entero y dejaría a Colombia “con la boca abierta”. Eran notorios su arrojo demencial y su actitud suicida.

Además, sin que conocieran respuesta o decisión alguna del Gobierno, los asaltantes anunciaron su intención de volar el Palacio, de asesinar uno por uno los Magistrados rehenes, de lanzar sus cadáveres, cada cuarto de hora, a la Plaza de Bolívar.

También estuvieron de acuerdo el Presidente y los Ministros en que si el M-19 hubiera querido negociación para volver a la política de paz, de la cual se retiró unilateral y voluntariamente, no hubiera tenido necesidad de apelar al expediente macabro que estaba utilizando, pues para el diálogo, que preserva las instituciones y no las sacrifica, el Gobierno no había cerrado las puertas. Precisamente estaban abiertas cuando se asaltó el Palacio de Justicia, pues la Comisión de Paz había invitado al M-19 a conversar. Ese día, miércoles 6 de noviembre, el Secretario de la Comisión, doctor Alfredo Caicedo, estaba en Cali a solicitud del M-19 buscando iniciar los contactos del caso. El Ministro de Gobierno había convenido, por gestión de un interlocutor del M-19, reunirse con dirigentes de esa organización.

Además, la solicitud de diálogo no la formulaba en forma directa el M-19 sino un rehén inerme bajo la presión de las armas.

El doctor Álvaro Villegas Moreno, Presidente del Senado de la República, había transmitido al señor Presidente Betancur la vehemente solicitud de cese al fuego que formulaba el doctor Alfonso Reyes Echandía, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Presidente pidió que, sin ceder en la decisión de no negociar, se ofreciera a los terroristas el respeto a sus vidas e integridad personal y el adelantamiento de un juicio imparcial, con el lleno de las garantías procesales, ante la justicia ordinaria.

Los Ministros de Justicia, Educación y Comunicaciones solicitaron que, mientras se llevaba a cabo la comunicación del primero de ellos con Andrés Almarales, se suspendiera el operativo que la Policía había anunciado estaba adelantando para tomarse el cuarto piso, en vista del riesgo que para la vida de los Magistrados que allí se encontraban, representaba ese operativo. Esta propuesta fue considerada conveniente. […]

Los Ministros de Justicia y Comunicaciones observaron la diferencia esencial entre diálogo y negociación. Bien puede haber diálogo sin negociación, y creen necesario que lo haya para que se enteren los asaltantes de las condiciones exigidas por el Gobierno y con el fin primordial de salvar la vida de los Magistrados y demás rehenes.
[…] Se estimó también que la solicitud de cese al fuego se había formulado sin que los asaltantes hubieran interrumpido sus ráfagas o demostraran actitud favorable a ello. Por el contrario habían dado muerte a varias personas y continuaban disparando.

Por las razones anteriores se decidió no acceder a la petición de cese al fuego y hacer conocer a los asaltantes las decisiones tomadas por el Gobierno y la voluntad firme de cumplirlas. El cese al fuego poseía [sic] convenirse solamente si se liberaba a los rehenes, se abandonaba por los asaltantes el Palacio de Justicia y se aceptaban las condiciones ofrecidas por el Gobierno de respetar la vida e integridad de los ocupantes y ponerlos a órdenes de la justicia ordinaria.
Hacia las cinco de la tarde se estableció comunicación con el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia […] los presentes escucharon la conversación entre el señor Presidente de la Corte y el general Delgado Mallarino, a quien se había designado para adelantar este diálogo a nombre del Gobierno, dada la amistad que los unía de tiempo atrás y su autoridad militar para notificar a los guerrilleros el pensamiento del Gobierno.

El doctor Reyes Echandía solicitó el alto al fuego. Informó que con él estaban varios guerrilleros que le apuntaban con ametralladoras. “Nos van a matar” dij o. Con vehemencia pidió la suspensión del operativo militar, manifestando estar de por medio la vida de todos los rehenes.

El general Delgado Mallarino le manifestó que la fuerza pública estaba haciendo todo lo posible por salvar su vida y las demás, pero que estaban de por medio las instituciones y los deberes para con ellas del Gobierno.
Ante la evidencia de que era imposible sostener una conversación en que el interlocutor pudiera hablar con libertad, solicitó que le pasara al teléfono al dirigente de los guerrilleros que lo acompañaba.

Se oyó la voz de quien se identificó como el Comandante Otero a quien el General Delgado Mallarino transmitió la decisión del Gobierno de no negociar y de no suspender el operativo en marcha. El señor Luis Jorge Aníbal Gómez Gallego, José Roberto Herrera Vergara, Nilson Pinilla Pinilla Otero, quien habló a nombre del M-19 y dijo ser el comandante de sus compañeros, respondió que en manera alguna ellos aceptaban solicitudes ni ofrecimientos del Gobierno porque habían ido a ejecutar una operación político-militar que debía adelantarse a cualquier precio y que los Magistrados rehenes eran precisamente garantía de que ella se cumpliría. El General
Delgado Mallarino intervino de nuevo para pedirle a Otero que reflexionara, que evaluara la situación y que se diera cuenta de los inmensos riesgos que estaban corriendo muchas personas y lo invitó a que, si cambiaba de opinión, le llamara por teléfono. En este punto terminó la conversación y el señor Otero nunca llamó, ni buscó ningún otro medio para expresar opinión distinta a la ya referida. Durante la conversación se escuchaban ráfagas.
En vista de este resultado del primer contacto con los guerrilleros, el Ministro de Justicia propuso que hablaría con Andrés Almarales, calificado miembro del M-19 que hacía parte de los ocupantes del Palacio, por ser su paisano y haber sido compañeros de colegio en la infancia, con quien hasta hace unos años había conservado una relación amistosa. Marcó con tal fin el mismo teléfono 2415015 en el que se había obtenido la comunicación anterior. Nadie contestó ese teléfono.

Se llamó sistemáticamente a cada uno de los teléfonos de la Corte que figuran en el Directorio sin obtener respuesta. Quedó la impresión de que había sido cortada toda comunicación con el Palacio.

Según relató a la Comisión de la Verdad el entonces ministro de Justicia Enrique Parejo González, el general Delgado le dijo a Otero que tenía que rendirse, que no había posibilidades de seguir en el Palacio porque estaba totalmente sitiado y que el Presidente de la República se comprometía a respetarles la vida a los guerrilleros y someterlos a un juicio justo. Otero respondió que no se rendirían y responsabilizó a la Policía y al Gobierno de lo que pudiera pasar dentro del Palacio de Justicia, y frente al ofrecimiento de un juicio justo y que se les iba a respetar la vida les dijo que ellos sabían cómo la Policía respetaba la vida de los guerrilleros y realizaban juicios justos, y se refirió al incidente ocurrido en el sur de Bogotá, cuando miembros del M-19 robaron un carro cargado de leche, y le dijo que si esa era la única Constancia agregada al acta del Consejo de Ministros correspondiente al 28 de enero de 1986. Archivo Presidencia de la República.

A la 1:15 p. m., sin embargo, la constancia agregada al acta del Consejo de Ministros registra que el Director de Inravisión solicitó autorización para transmitir en directo los hechos.

Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones, […] convino con el Director de Inravisión, no autorizar cambio en la programación por las repercusiones en el orden público que podía conllevar una transmisión cuando no había claridad sobre lo que estaba ocurriendo. El público estaba suficientemente enterado por la radio.
Quizá más tarde se podrían aprovechar las grabaciones, ya sobre los hechos establecidos.
[…]
Después de deliberar ampliamente sobre la conveniencia o inconveniencia de establecer censura a la radio y la televisión, la Ministra de Comunicaciones se comunicó por teléfono y télex con los responsables de las cadenas y emisoras radiales y de los noticieros de televisión y les hizo presentes las prohibiciones legales de transmitir noticias relacionadas con los operativos militares, y les notificó que no podían transmitir los comunicados de los subversivos como lo habían pedido Serrano y Upegui, ellos en su manifiesto , ni podían tampoco transmitir al público entrevistas desde el interior del Palacio de Justicia, pues dentro de él estaban los delincuentes que inducirían la violación del orden jurídico, y muchos inocentes que no eran libres para manifestar la plenitud de su pensamiento. A continuación se transcribe el télex respectivo: “El ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que todavía se encuentran en el palacio de justicia, atentamente, Noemí Sanín Posada – Ministra de Comunicaciones”.

El periodista Juan Gossaín recibió el 6 de noviembre, aproximadamente a las 5:00 p. m., una llamada de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien le dijo que él sabía que en el exterior escuchaban su programa y lo estaban retransmitiendo, y que le pedía el favor de salir del aire, ya que se le estaba haciendo daño al país. Él le expresó que no lo haría, y la Ministra le dijo que estaba violando la ley, ante lo cual Gossaín le pidió que le dijera qué ley estaba violando.

Hacia las 6:00 o 7:00 p. m., el periodista Yamid Amat recibió la llamada de la ministra Sanín, quien le ordenó interrumpir la transmisión. Ella le dijo que aun cuando no había resolución, era una orden. Él dijo que lo haría si los demás medios lo hacían. Ella le replicó que si no interrumpía, le ordenaba al Ejército que se tomara la emisora y apagara los transmisores, y le ordenó transmitir un partido de fútbol. Los silenciaron y los obligaron al fútbol. No les permitieron emitir siquiera boletines. Yamid Amat consideró esto como una implacable imposición de censura. La Ministra le dijo tiempo después que esa era “la única manera de salvar la democracia”.
“La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte. […]. Los medios de comunicación eran en ese momento los ojos abiertos, y les colocaron una venda. Eran la única luz de información que tenía el gobierno; cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando”, concluyó Yamid Amat.
En entrevista con la Comisión de la Verdad, sin embargo, la ex ministra Sanín negó categóricamente la versión anterior.

Entretanto, las condiciones de los rehenes que se encontraban en los pisos inferiores y el proceso de salida y, en algunos casos, de rescate por parte de la fuerza pública, fueron dramáticos. Algunos de los testimonios 81 Entrevista con la Comisión de la Verdad.
En el primer piso del Palacio, los rehenes que se encontraban en la Secretaría de la Sala Penal Her iberto Velásquez, Joselín Sánchez Alvarado, Fabio Ospitia Garzón, Fabián Romero, Denis Durango, Orlando Arrechea y el abogado Esteban Bendeck Olivella se resguardaron en la oficina del secretario Velásquez Ramos, debajo de una mesa, y cubrieron los lados con resmas de papel para protegerse. Luego siguió el ruido (las ráfagas), y así continuó ese día. No tenían visibilidad y sólo escuchaban gritos, voces, luego los helicópteros y explosiones. El Secretario se comunicaba permanentemente con los magistrados en el cuarto piso, donde aún no había llegado la guerrilla, como hasta antes de la 1:00 p. m., cuando perdieron comunicación con ellos.

En un momento quedaron en la oscuridad; luego llegaron unas personas a la oficina con palabras soeces y les dijeron que salieran. Ellos no respondieron, y estas personas se fueron. Creyeron que regresarían por ellos, pero fue avanzada la tarde cuando, hacia las 5:00 o 5:30 p. m. entró la fuerza pública y preguntó: “¿Hay guerrilleros acá?”. Ellos contestaron que no, les ordenaron levantarse uno a uno con las manos en la cabeza. Se paró el abogado Esteban Bendeck, a quien conocía uno de los militares, quien les dijo que esperaran un momento, que iba a preparar su salida. Les ordenó salir uno por uno, y se sorprendieron cuando vieron dos tanques dentro del Palacio, alineados. Había muchos miembros del Ejército. Los sacaron a la Casa del Florero. Ya había bastante humo a esa hora, y presumen que ya había un incendio.

En la operación, como parte de la implementación táctica, se procedió a combinar cargas explosivas y gases lacrimógenos, tal como lo afirmó el capitán José Vicente Olarte González “se pudo haber abierto una rendija donde posiblemente cabe una granada de gas lacrimógeno, se lanzaron dos o tres”.

La utilización de gases lacrimógenos durante la operación militar, estuvo a cargo del Batallón de Policía Militar, tal como lo relata el soldado Fernando Arturo Ortiz Díaz, quien manifestó “nosotros estuvimos hasta el cuarto piso; ahí se lanzaron unos gases, después bajamos nuevamente al primer piso, a la biblioteca, y ahí también se lanzaron unos gases; lo que yo llevaba la mayoría eran CN-230 y CS-515 o 550”.

El soldado Ortiz también expresó que la orden de “gasear” dentro del Palacio fue dada por el coronel Celso Suárez, “quien dispuso que entrara una escuadra para apoyar con gases antimotines a los otros militares que estaban dentro y nos dirigimos a un sitio donde estaban unos guerrilleros atrincherados, creo que era en el tercer piso, la misión de nosotros era lanzarles gases para que salieran”.

El diálogo y las palabras sucumbieron ante las armas, los hechos hablan de manera contundente, tal como lo señala el coronel Alfonso Plazas, “más o menos a las dos de la mañana del 7 se hicieron dos disparos contra la estructura más alta del edificio, con el propósito de abrir unos boquetes que permitieran el escape del humo; el mismo día entre las seis y siete de la mañana se disparó otra granada para abrir un boquete en alguna pared del interior para permitir el acceso de algunas tropas”.

“Los soldados llevaban fusiles G-3, el sargento Uriza y mi persona llevábamos pistola MP-5 y también mi capitán, llevábamos granadas lanza fumígenas y la ametralladora punto 50. De las granadas ni hicimos uso”.
Después de la salida del magistrado Arciniegas, quien informó al Ejército la ubicación de numerosos rehenes y unos pocos guerrilleros al mando de Almarales, en el baño entre los pisos segundo y tercero, el ataque con rockets y explosivos contra ese lugar fue la prioridad del Ejército, aún con la información precisa sobre la presencia allí de un número de al menos 60 civiles y de heridos entre los guerrilleros:
Arcano 5: De resto tenemos ocupado segundo y tercer piso con eh… excepción del baño de la escalera y el acceso pues al mezanine y luego al tercer piso, parece que en el tercer piso en ese rincón de la escalera hay una ametralladora, de acuerdo con lo que dice un magistrado Arciniegas que se rescató hace unos minutos, entonces vamos a forzar de todas maneras la entrada con explosivos nuevamente por… entre primero y segundo a efecto de continuar la operación y tratar de sacar al personal que está allí, que según parece es numeroso y están hacinados en el baño de damas, cambio.
[…]
Arcano 6: …Arcano 5.
Arcano 5: Paladín 6, eh… orquesta que si necesita más tropas no es sino comunicarle y está dispuesto a ubicarlas en nuestra jurisdicción, cambio.

Arcano 6: No es necesario, no es necesario eh… ya el… el problema que teníamos entre primero y segundo piso fue ya liquidado, eh… el individuo que había quedado en última instancia allí ya está muerto, estamos entonces tratando de romper entre segundo y tercero y posteriormente entre tercero y cuarto que es donde tienen los rehenes, cambio.
[…]
Arcano 6: QSL, de todas maneras hay un grupo todavía de… de elementos de éstos y adicionalmente los rehenes en el tercer piso, es lo que estamos tratando de recuperarlos, no eh… me descuide usted el sótano, el área de abajo que allí en el sector cercano al Norte vimos una puerta que fue cerrada y hay ruido y hay un individuo metido por ahí en ese sótano, de manera que no me descuiden y no pierdan las medidas de seguridad en ese sector, cambio.
Acorazado 6: QSL, Arcano 6, cambio.

Se observa adicionalmente en las comunicaciones el interés expreso por ocultar lo sucedido. Señala una de las grabaciones finales:
Arcano 6: Una orden muy específica de Paladín, parece que hay periodistas que han ya anunciado allá de que habrá rueda de prensa, de que Azabache va a dar información, de que Arcano igualmente [sic], etc., cosa que está prohibida, la única persona autorizada es Paladín para efectos de dar información, entonces que no hay declaraciones, rueda de prensa, apariciones en las cámaras ni cosas de esas por parte de ninguno mientras no sea autorizado por Paladín, ni tampoco permitir

que la tropa, que la tropa vaya a ser entrevistada y empiece eh… dando declaraciones que van a causar problemas y que le vayan a mostrar armamento o cosas por el estilo, entonces por favor…

Frente a la utilización y empleo de explosivos y armas en la operación, el ministro de Justicia, Enrique Parejo González, puntualizó: “Veía riesgos por la explosión que se pretendía hacer en la puerta del cuarto piso, por la proximidad de los magistrados y por la perturbación que causaría en los guerrilleros en detrimento de la seguridad de los magistrados. Le pedí al presidente de la República que aplazaran la voladura de la puerta mientras yo hablaba con Almarales. No fuimos enterados del ingreso de los tanques; además, las Fuerzas Armadas no dejaron inspeccionar todas las armas para el cotejo balístico”.

Así mismo, durante la entrevista con la Comisión de la Verdad, el comandante de la Escuela de Caballería, coronel Plazas Vega, afirmó que “al lado de los tanques ingresaron policías y soldados; en cuanto al desorden, así es la guerra, cada cual se bate como puede, lo del Palacio fue una batalla y no hay ninguna batalla donde no desaparezcan personas. Además, en la guerra y en los combates si me disparan, disparo”.

Respecto de la proporcionalidad en el ataque, la normativa humanitaria establece la prohibición de “lanzar un ataque cuando sea de prever que cause incidentalmente muertos y heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista”.
Dada la naturaleza misma del DIH, la precaución en el ataque constituye un elemento fundamental del comportamiento de los combatientes. Así, se establece que las operaciones militares se deben realizar “con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y los bienes de carácter civil. Se tomarán todas las precauciones factibles para evitar, o reducir en todo caso a un mínimo, el número de muertos y heridos entre la población civil, así como los daños a bienes de carácter civil, que pudieran causar incidentalmente”.

Las partes en conflicto, adicionalmente, deben hacer “todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que prevén atacar son objetivos militares”.