Como posible responsable del delito de abuso de confianza calificado, la Fiscalía General de la Nación imputó a Maria Zoraida Solano Martín, ante el Juzgado 43 con función de control de garantías.

Los hechos ocurrieron en el año 2015, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) realizó un contrato de aporte con la Fundación Social Ángel David —propiedad de la señora Solano Martín— cuyo objeto era la atención de la primera infancia bajo la modalidad de hogar infantil, el cual debía funcionar en la localidad de Ciudad Bolívar para recibir a 120 niños y niñas menores de 5 años.

El contrato se firmó en febrero de ese año y finalizaría en diciembre; sin embargo, este culminó el 20 de octubre por mutuo acuerdo, ya que las cifras no eran las que estaban en el objeto de contrato, pues solo se habían recibido alrededor de 40 niños y los desembolsos se realizaban cada dos meses.

La Fiscalía estableció que la hoy procesada recibió el pago de septiembre y octubre por anticipado y, según el Icbf, no le devolvió los $27.304.543 correspondientes a los 11 días no trabajados entre el 20 y el 31 de octubre.

En la audiencia pública, la imputada no aceptó los cargos que le endilgó un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá.