–Una condena de 44 años de cárcel deberá purgar Alexander Carretero Diaz, considerado el mayor reclutador de jóvenes para los «falsos positivos» ejecutados por miembros de las Fuerzas Militares para obtener reconocimientos y pagos extras.

La sentencia fue proferida por la jueza primera especializada de Cundinamarca, quien también impuso a Carretero Diaz una multa de 1.346 salarios mínimos mensuales legales vigentes al hallarlo culpable de los delitos de desaparición forzada y homicidio agravado, en marco del caso de falsos positivos de Soacha, Cundinamarca.

La condena fue protestada por familiares de los muchachos reclutados por este sujeto y asesinados por unidades militares para presentarlos como «guerrilleros muertos en combate». Exigían la pena máxima de 60 años.

La jueza redujo la pena a Carretero Diaz al avalar el preacuerdo que este formalizó con la fiscalía, en el cual, además de aceptar los cargos, se comprometió a colaborar para individualizar a los militares que le pagaron para reclutar a los jovenes.

Según la fiscalía Carretero Diaz admitió haber reclutado 14 muchachos en Soacha, Cundinamarca, con falsas promesas de trabajo para venderlos a oficiales del Ejército Nacional, quienes luego los llevaron a Norte de Santander donde fueron ejecutados a sangre fría en los «falsos positivos».

Los hechos, que fueron considerados como delitos de lesa humanidad, ocurrieron en el municipio de Soacha en enero y agosto de 2008.

Concretamente, el 26 de enero de 2008, se denunciaron las desapariciones de los jóvenes Julio César Mesa y Jonathan Soto Bermúdez, así como los días 23 y 24 de agosto del mismo año las desapariciones de Diego Alberto Tamayo Mancera, Víctor Fernando Gómez Romero y Jaír Andrés Palacio Bustamante.

De acuerdo con las denuncias, fueron llevados con promesas engañosas de un mejor futuro laboral con pagos diarios y en efectivo en zonas rurales de Ocaña (Norte de Santander) y municipios circunvecinos.

“Fueron llevados por vía terrestre y antes de llegar a su destino, fueron entregados a uniformados en varios retenes militares adscritos a la Brigada Móvil 15, acantonada en dicha ciudad. El 28 de enero de 2008, fueron reportados como muertos en combate como narcoterroristas”, sostuvo la fiscal en los alegatos de conclusión de este proceso.

En septiembre de 2008 fueron identificados los cadáveres por el instituto Nacional de Medicina Legal como los ciudadanos desaparecidos, por lo que se logró establecer semanas después que se trataba de una organización criminal integrada por reclutadores que recibían el pago de un millón de pesos y dinero para los pasajes por llevar a las victimas hasta los retenes que operaba esa guarnición militar.