–“De manera contundente y sin vacilación advertimos que no habrá colados en nuestros listados”, aseguraron los cabecillas de las Farc a propósito de las denuncias hechas por el gobierno y las autoridades judiciales sobre la inclusión de narcotraficantes para buscar los efectos del Acuerdo de Paz.

En un comunicado, afirman que “ninguna conducta ajena a las desarrolladas en el marco de la confrontación insurgente será avalada por nuestra organización” y agregan que “desde ya” están adelantando los procedimientos necesarios para revisar la situación de los casos que han presentado alguna observación.

“A diferencia de otros procesos no permitiremos que nuestros listados sean utilizados para alimentar la impunidad”, advierten en el comunicado, cuyo texto integral es el siguiente:

“Listado de prisioneros presentado por FARC es muy serio y responsable.

Informamos al país que en nuestros listados estarán incluidos de manera exclusiva aquellas personas cuya conducta obedece en tiempo, modo y lugar a acciones de genuina práctica insurgente, teniendo en cuenta el carácter irregular de la guerra

En los últimos días a través de medios y portales de comunicación se ha señalado la aparición de “Colados” en los listados elaborados y entregados por las FARC-EP. Ante estos señalamientos informamos a la opinión pública que dichos listados se han entregado con criterios de transparencia y verificación interna, proceso que incluye una rigurosa verificación de manera permanente con el gobierno nacional.

Estos listados se entregaron al gobierno nacional bajo los principios de buena fe y de confidencialidad, con el objeto de realizar una verificación conjunta entre las Farc y el Gobierno Nacional. Este proceso, que no ha culminado, es el diseñado en el acuerdo a efectos de tener plenamente identificados los integrantes que serán acreditados como miembros de las Farc. Claramente se incumple con el proceso de confidencialidad y reserva de la información que pone en riesgo la vida y la integridad de las personas señaladas, recordemos que varios de los asesinados después de la firma del acuerdo final corresponden a personal beneficiario de las medidas de amnistías entre otros.

Las partes hemos acordado que la ruta a seguir para la resolución de controversias se encuentra acordada en la Comisión de Seguimiento, Implementación y verificación CSIVI por lo tanto será en ese espacio de manera oficial que se tramitaran casos que puedan presentar alguna observación. El país y la comunidad internacional ha dado cuenta de la seriedad y transparencia que hemos demostrado en el cumplimiento total de lo acordado, la elaboración de los listados no es una excepción, por ello hemos establecido un mecanismo para la revisión y depuración de estos listados que ha venido funcionando desde la elaboración misma de estos listados.

De manera contundente y sin vacilación advertimos que no habrá colados en nuestros listados, ninguna conducta ajena a las desarrolladas en el marco de la confrontación insurgente será avalada por nuestra organización, desde ya estamos adelantando los procedimientos necesarios para revisar la situación de los casos que han presentado alguna observación. A diferencia de otros procesos no permitiremos que nuestros listados sean utilizados para alimentar la impunidad.

Informamos al país que en nuestros listados estarán incluidos de manera exclusiva aquellas personas cuya conducta obedece en tiempo, modo y lugar a acciones de genuina práctica insurgente, teniendo en cuenta el carácter irregular de la guerra. En ese sentido, las actuaciones vinculadas al desarrollo de la acción rebelde como conexas deben ser incorporadas en su complejidad al delito político. Debemos señalar que durante años a la confrontación militar se le sumó la persecución y confrontación judicial fundamentada en la doctrina del derecho penal del enemigo que llevo a prisión a cientos de guerrilleros y milicianos acusados de un sin número de conductas delictivas ajenas a la naturaleza del rebelde.

Justamente de eso se trató la desnaturalización del delito político y la guerra jurídica. Se convirtió en una costumbre de la justicia colombiana que los insurgentes capturados no fueran procesados de manera objetiva, acorde a su actividad insurgente. Bajo esta práctica y ante la crisis de legitimidad de las autoridades judiciales y penales en Colombia se hizo necesario establecer un tribunal especial que tenga competencia sobre las conductas cometidas con ocasión al conflicto, quienes de manera imparcial y objetiva resuelva sobre la situación jurídica de todos nuestros integrantes.

Conminamos a los medios de comunicación, a las autoridades judiciales y de justicia, y las comunidad nacional e internacional a exigir con la misma vehemencia el cumplimiento con la libertad de todas y todos los prisioneros políticos de las FARC que aún se encuentran privados de la libertad. Igualmente pedimos al Gobierno Nacional que aclare las responsabilidades existentes sobre la filtración a la prensa de información confidencial.