Foto: Fiscalía
La Fiscalía General entregó este viernes los primeros los resultados de la Cuarta Jornada Anticorrupción realizada el pasado 5 de mayo de 2017, en Villavicencio, Meta, en desarrollo de la estrategia Bolsillos de Cristal.
En cuatro meses, la Fiscalía priorizó 16 casos, que dejan 93 personas investigadas, de las cuales 43 ya fueron imputadas. De los investigados 27 son funcionarios y 31 exfuncionarios.
Entre los procesados hay servidores públicos y particulares, presuntamente, involucrados en casos de corrupción administrativa y judicial.
Resultados de la Primera Fase:
Caso mallas – Meta
Hechos: La firma “MC Construcciones” de propiedad de Iván Alberto Pérez, habría sido beneficiada en la gran mayoría de los procesos contractuales que se han adelantado en el departamento entre los años 2014 y 2016. Las contrataciones fueron realizadas por la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM), la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios del departamento de Meta (Edesa) y la Secretaría de Vivienda.
Respecto a uno de los contratos, el número 103 de 6 de septiembre de 2016, conocido como “dobles calzadas”, cuyo objeto es el mejoramiento de algunos tramos de la vía Villavicencio – Puerto López y de la vía principal que conduce desde la intersección Fundadores hasta el acceso Ciudad Porfía, la Fiscalía estableció presuntas vulneraciones a los principios de transparencia y el deber de selección objetiva.
Las evidencias indican que el contrato, cuyo valor asciende a ochenta y dos mil trescientos ochenta y dos millones, ochocientos sesenta y siete mil quinientos cincuenta y seis pesos ($82.382.867.556), fue adjudicado a la Unión Temporal Dobles Calzadas, de la que hace parte MC Construcciones, mediante reglas que impidieron la pluralidad de oferentes y que reconocieron otras propuestas con el ánimo de favorecer a la mencionada unión temporal.
Actuación judicial: la Dirección de Fiscalía Especializada contra la Corrupción imputará cargos a 12 personas, el 12 de noviembre de 2017.
Investigados:
Juan José Casasfranco Medellín, gerente Agencia de Infraestructura del MetaAIM
Richard Mancera Mancera, director técnico de estructuración – AIM
Martha Yolanda Sánchez Pardo, asesora Jurídica AIM
William Fernando Rincón Cely, subgerente de gestión de proyectos de infraestructura AIM.
William Martínez Cortez, asesor técnico AIM
José Alberto Bustos Alzate, asesor financiero AIM
Alexander Aragón Torrealba, subgerente de gestión contractual y jurídica AIM
Ivan Alberto Pérez Gómez Contratista, representante legal MC Constructores. Integrante U.T. Dobles Calzadas
Mauricio Mejía Hoyos, representante legal U.T Dobles Calzadas
Carlos Enrique Prieto Inocencio, integrante U.T. Dobles Calzadas
Édgar Santacruz Morales, integrante U.T. Dobles Calzadas
Ana Elvia Carranza Agosta, integrante U.T. Dobles Calzadas
Delitos: interés indebido en la celebración de contratos
Corrupción en la Rama Judicial
Hechos: la Fiscalía investiga la presunta red de corrupción que traficaría fallos judiciales.
Actuación judicial: entre el 1 y el 20 de julio de 2017, la Fiscalía General de la Nación realizó audiencia de imputación y medida de aseguramiento contra 24 personas, dentro de las que se encuentran magistrados, jueces y empleados de juzgados, fiscales, investigadores del C.T.I., servidores del Instituto Nacional de Medicina Legal, funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC, abogados y particulares, que presuntamente hacían parte de una red de corrupción que traficaba con fallos judiciales. Los investigados fueron imputados.
Asimismo, el 10 de Julio de 2017, la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia formuló imputación contra los magistrados Alcibidades Vargas Bautista, Joel Dario Trejos Londoño y Fausto Rubén Díaz Rodríguez, por hechos relacionados con el supuesto tráfico de fallos judiciales. Los cargos endilgados son: prevaricato por acción, prevaricato por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir. Vargas Bautista le fue dictada medida de detención en centro carcelario y Díaz Rodríguez en domiciliaria. Por su parte Joel Darío Trejos fue dejado en libertad pero continúa vinculado a la investigación.
Investigados:
Raúl Hernán Ardila Baquero, Juez Primero Penal Municipal con Función de control de Garantías Ambulante con sede en Villavicencio para la época de los hechos
Eduardo de Jesús Renzo Ovalle Baquero, Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas – Cundinamarca, para la época de los hechos
Fabián Ríos Cortés, director Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Esperanza de Guaduas para la época de los hechos
José Luis Rangel Núñez, dragoneante – Asesor Jurídico Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Villavicencio – Meta, para la época de los hechos
Arismendi Varela Moreno, jurídico área de control interno disciplinario INPEC – Bogotá
Yefri Torres Torres, dragoneante de la cárcel La modelo.
Allison Lilian Vargas Fandiño, estudiante de Derecho
Viviana Vega Vásquez, abogado
Julio Alberto Preciado Uñate, comerciante
Blanca Ruth Salazar Herrera, asistente social del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Guaduas- Cundinamarca
Claudia Patricia Silgado León, investigadora del CTI
Néstor Gordillo Guerrero, investigador del CTI
Nelson Ramírez, investigador del CTI Gaula
German Ruiz Beltrán, servidor de Medicina Legal seccional Villavicencio
Omar de la Hoz Matamorros, funcionario de Medicina Legal seccional Villavicencio
Javier Eduardo Aldana Vega, fiscal Seccional de Villavicencio
Carlos Hugo Alfonso Urrea, funcionario del Inpec, Cárcel de Villavicencio
Carlos Hernán Garzón Villamil, funcionario de la OEA MAPP
Carlos Arturo Galarza Gutierrez, particular
Ayda Silgado León, particular
Carlos Rodriguez Acosta, particular
Delitos:
Concierto para delinquir, prevaricato por acción, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, lavado de activos y tráfico de influencias.
Mejoramiento vial en Villavicencio
Hechos: se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de obra No. 1018 del 21 de diciembre de 2012, suscrito entre la Alcaldía de Villavicencio y el Consorcio Vial Villavicencio para la pavimentación de vías en diversos barrios del municipio, por valor de tres mil cuatrocientos cincuenta millones, cuatrocientos cuarenta y cuatro mil, doscientos veinte tres pesos ($3.450.444.223).
Actuación judicial: la Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra del jefe de la oficina de contratación, el secretario de infraestructura, el evaluador técnico, el representante legal del consorcio contratista, el interventor y el supervisor del contrato.
La audiencia se cumplirá el 20 de septiembre de 2017, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Villavicencio.
Investigados:
Juan Mario Flórez Salcedo, jefe de la oficina de contratación de la alcaldía de Villavicencio
Wilson Lopez Bogotá, secretario de infraestructura
Rafael Arturo Rusinque Fandiño, evaluador técnico
Claudia Sofia Tacha Velásquez, supervisora del contrato
Jorge Duván García Marín, representante legal de la interventoría
Vianey Castro Ceballos, representante legal del consorcio contratista
Delitos:
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado.
Contaminación ambiental – Puerto Gaitán.
Hechos: se investiga la afectación ambiental en desarrollo de un proyecto productivo, donde se habrían vertido hidrocarburos que alteraron las condiciones de la flora y la fauna de una vasta zona ecológica.
Actuación judicial: el 25 de agosto de 2017, se radicó imputación contra el representante legal y empleados de la empresa de exploración y producción de hidrocarburos Hupecol Operating Co LLC.
Contratistas investigados:
Saunder Jr John Thomas
Leonardo Niño Zorro
David Yesid Toro Díaz
Herny Abraham Barrera Monroy
Fredy Perdomo España
Ángela María Rodríguez Bernal
Delitos:
Daño en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Redes viales urbanas – Puerto López
Hechos: la Contraloría Departamental de Meta informó sobre presuntas irregularidades en la ejecución del contrato No. 103-08-08-00010 de 2013, celebrado entre el municipio de Puerto López y el Consorcio Red Vial 2013, por valor de cuatro mil setecientos sesenta y dos millones, ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete pesos ($4.762.168.497), para la construcción, pavimentación, mejoramiento, señalización y mantenimiento de la red vial urbana del municipio de Puerto López.
Actuación judicial: culminadas las actividades investigativas correspondientes, la Fiscalía solicitó audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lopez. La diligencia se realizó el pasado 12 de septiembre, pero el juez solicitó cambio de radicación.
Investigados:
Leonardo Cruz García, exalcalde de Puerto López
Fabián Andrés Garzón Plata, exjefe de la unidad de contratación
Diego Fernando Aldana Castro, representante del consorcio red vial 2013
Julián Daniel Molano Castillo, interventor
Leydi Viviana Rojas Rodríguez, oficina de contratación
Milena Mogollón Bohórquez, particular
Delitos:
Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Refinería “Llanopetrol”
Hechos: en este proceso se investiga un presunto detrimento al patrimonio del departamento de Meta, por presuntas irregularidades relacionadas con la construcción de la refinería Llanopetrol y que sumarían veintidós mil catorce millones, novecientos treinta y un mil noventa y cuatro pesos ($22.014.931.094).
Actuación procesal: entre el 19 y el 20 de mayo se realizaron audiencias de imputación y medida de aseguramiento contra el exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol-, y tres secretarios de despacho de la Gobernación de Meta.
A los detenidos se les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. El 13 de septiembre se radicó escrito de acusación por este caso.
Investigados:
? Ricardo Rodríguez Henao, exgerente de la Empresa de Petróleos del Llano –Llanopetrol-
Luz Stella Casafranco Vanegas, secretario de despacho de la Gobernación de Meta
Hernando Martínez Aguilera, secretario de despacho de la Gobernación de Meta
Jairo Iván Frías Carreño, secretario de despacho de la Gobernación de Meta
Delitos:
Peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Equipos hospitalarios
Hechos: la investigación trata de establecer presuntos sobrecostos en el contrato N° 864 de 2015, celebrado entre la E.S.E. Solución Salud y la firma Global Environment and Health Solutions, por valor de treinta y siete mil ciento cuarenta y dos millones, noventa y tres mil doscientos dieciocho pesos ($37.142.093.218) cuyo objeto era la adquisición de equipos básicos y elementos para urgencias, hospitalización, obstetricia, y laboratorios.
De acuerdo con un informe de la Contraloría General de la República se habrían pagado trece mil quinientos treinta y siete millones, setecientos sesenta y nueve mil seiscientos setenta y tres pesos ($13.537.769.673) al contratista, sin que se hubiera justificado esa suma.
Actuación procesal: el 23 de junio de 2017, la Fiscalía imputó cargos contra los presuntos responsables.
Investigados:
? Sandra Milena Buitrago Acosta, exgerente E.S.E. del departamento de Meta
Manuel Francisco Vásquez Pérez, supervisor del contrato
Danny Alberto Álvarez Sanabria, jefe de compras de la E.S.E.
Fabián Alberto Saavedra Ríos, asesor jurídico
Oscar Ignacio Cardoso, subgerente asistencial de la E.S.E.
Ricardo Gailer Garcia, representante firma Global Health Solution.
Delitos:
La Fiscalía formuló los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. El juez de control de garantías que conoció del asunto se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.
Universidad de Cundinamarca
Hechos: se investigan presuntas inconsistencias en el convenio interadministrativo No. 022 del 28 de enero de 2011, celebrado entre la Universidad de Cundinamarca y el Instituto de Desarrollo del Meta, en virtud del cual se suscribieron múltiples contratos que ascienden a la suma de dieciséis mil veintinueve millones, setecientos diecinueve mil doscientos ochenta y nueve pesos ($16.029.719.289).
Actuación procesal: el 23 de junio de 2017, la Fiscalía realizó imputaciones por este caso. La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se realizó el 2 de agosto del año en curso, y en ella el juez de garantías impuso medida no privativa de la libertad, consistente en la prohibición de contratar con el Estado, puntualmente, con el departamento de Meta.
El 15 de agosto del presente, se presentó escrito de acusación y se está a la espera de que sea fijada la fecha para la audiencia de acusación.
Investigados:
Gilberto Toro Franco, exdirector del Instituto de Desarrollo del Meta -IDM-
Adolfo Miguel Polo Solano, exrector de la Universidad de Cundinamarca
Juan Carlos Medina González, exjefe de la oficina jurídica del IDM
Carolina Báez Parra, exasesora jurídica de la universidad.
Delitos:
Interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Construcción de viviendas – El Calvario.
Hechos: se investigan las presuntas irregularidades en la ejecución del convenio de cooperación No. 001 de 2009, suscrito entre el municipio de El Calvario y la Corporación Colombia de Investigaciones Ambientales -Colinam-, para ejecutar el proyecto de construcción de viviendas después del terremoto de 2008.
La Fiscalía General de la Nación evidenció que se habrían presentado irregularidades en la celebración y ejecución del referido convenio de cooperación, debido a que no se construyó la totalidad de las viviendas contratadas y las entregadas no cumplen los términos del contrato. La cuantía materia de investigación es de dos mil cuatrocientos treinta y un millones de pesos ($2.431’000.000).
Actuación judicial: entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre del año en curso, la Fiscalía imputó. El juez de control de garantías fijó para el 24 de octubre de 2017, la audiencia de medida de aseguramiento.
Investigados:
Jairo Humberto Morales Tiuso, exalcalde de El Calvario
Miguel Alberto Sánchez Jiménez, interventor
Jean Pierr Laguado Rojas, supervisor
Luis Eduardo Linares Linares, coordinador unión temporal
Jaime Monsalve Medina, contratista
Delitos:
Interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Contratación – Mapiripán. Plan de desarrollo
Hechos: La Fiscalía General de la Nación investiga presuntas irregularidades presentadas en la campaña política a la alcaldía de Mapiripán, para las elecciones de octubre de 2015, en las que, al parecer, el alcalde de la época habría participado en la campaña y supuestamente favoreció a uno de los candidatos.
Los investigadores encontraron que para beneficiar una aspirante fueron celebrados y ejecutados varios contratos suscritos por el municipio de Mapiripán en el año 2015, relacionados, entre otros, con la construcción de sistemas de agua potable, estufas eficientes, dotaciones escolares, instalación de páneles de energía solar y adquisición de vehículos. Los dineros comprometidos ascenderían a cinco mil trescientos setenta y tres millones, quinientos veinticuatro mil ochocientos diez pesos ($5.373.524.810).
Actuación judicial: las audiencias de imputación e imposición de medidas de aseguramiento fueron programadas para el 16 de agosto de 2017, contra 18 funcionarios y exfuncionarios del municipio de Mapiripán, dentro de los que se destacan el alcalde y exalcalde municipal, secretarios de despacho, concejales, contratistas y particulares.
Las diligencias no pudieron adelantarse porque uno de los indiciados no pudo desplazarse a la audiencia. Posteriormente, los dos jueces que conocieron del caso se declararon impedidos.
La Fiscalía está a la espera de que se designe un nuevo juzgado y fecha para realizar las audiencias en las que se realizarán las imputaciones respectivas.
Delitos:
Interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Investigaciones Fase II
Entre los casos priorizados por la Fiscalía General de la Nación, dentro del plan ‘Bolsillos de Cristal’, avanzan otros procesos investigativos de los que habrá resultados en los próximos días. Estos son algunos de ellos:
Elefantes blancos.
Se investigan presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de contratos para la construcción de escuelas e internados en el departamento del Meta.
Acueductos.
Se investiga la ejecución del Contrato 263 de 2011, celebrado entre la Gobernación de Meta y la Unión Temporal Vanguardia para el mejoramiento de un acueducto rural, el cual actualmente no se encuentra en funcionamiento.
Presuntas irregularidades en el proyecto de construcción de sistemas de acueducto para los resguardos indígenas Domo – Planas, Unuma y Vencedor – Pipiri en el municipio de Puerto Gaitán.
Supuestas inconsistencias en la construcción del acueducto de Yamanes, veredas la Argelia, La Gloria, el Reflejo y San Luis de Yamanes, en el marco del contrato 239 del 2013, por valor de $5.267.428.762.
3. Estadio y Villa Olímpica.
Probables irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato 049 de 2011, para la adecuación del estadio de fútbol de Villavicencio, el cual no se encuentra en funcionamiento.
4. POT Villavicencio.
Investigación por supuestas inconsistencias en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad de Villavicencio.
5. Megacolegios.
Investigación por presuntas irregularidades en la construcción de ‘megacolegios’ en el municipio de Granada. Se habría presentado un presunto detrimento patrimonial de 12.000 Millones de pesos.
6. Secretaría de Tránsito de Acacías.
Se indaga sobre el contrato 023 de 2011, por valor de $894.200.000, mediante el cual se concesionó y delegó a un particular recibir el pago de licencias, comparendos, derechos de tránsito etc., sin que los recursos de tales rubros ingresen al erario municipal.
7.Pagos irregulares Puerto Gaitán.
Se investiga un aparente detrimento patrimonial por el giro injustificado de dineros de la Alcaldía de Puerto Gaitán a exfuncionarios, durante las vigencias 2008, 2010 y 2011, por $126’016.000.
