–No es un secreto que la economía atraviesa por una fase descendente. No sabemos cuándo va a tocar fondo pero nos tememos que en este año crecerá muy por debajo del 2%, contrario a las previsiones tercamente optimistas del Ministro de Hacienda y para complicar las cosas, el tercer trimestre marcha muy lentamente, de manera que esperar mejor crecimiento es imposible.

Las precisiones las hizo el presidente de FENALCO, Guillermo Botero Nieto, en el Congreso Nacional de Comerciantes reunido en Santa Marta, en el cual formuló una serie de propuestas para reactivar la economía nacional.

Botero Nieto destacó que la Encuesta de Opinión Comercial realizada por Fenalco sugiere que agosto fue mediocre.

Como quien dice, el comercio sigue estancado. Ahora, un crecimiento de 1.6% de la economía, según la última previsión del Banco de la República, es demasiado bajo, es como crecer al 0% en la mentalidad colombiana, añadió.

Y agregó: Nuestros afiliados nos dicen que ven a sus clientes sufriendo, disminuyendo consumos y muy nerviosos de perder el empleo.

Por estas razones –precisó-, y también porque no queremos que se nos estigmatice diciendo que únicamente sabemos criticar, FENALCO propuso diez alternativas para que el gobierno nacional las analice y, ojalá, las pueda aplicar inmediatamente para reactivar la maltrecha economía y evitar que se siga descolgando, y con ello la generación de empleo.

Estas son las propuestas:

PROPUESTA # 10: REFORMA ARANCELARIA

Se debe implementar un arancel plano del 10%, reducir las 25 mil barreras no arancelarias y eliminar las protecciones negativas. Así de simple.

La política comercial está dominada más por la superstición que por un reconocimiento global. Aunque en los 90 se inició la apertura, aún prevalece la idea de que debemos producir todo para el consumo interno. Por esta razón, el arancel impone barreras a la importación de productos, en detrimento de los consumidores y de nuestra inserción en el comercio mundial.

Es irresistible que se vuelvan a implementar aranceles específicos. Seguimos siendo una economía bastante proteccionista en comparación con otros países de la región.

La razón es que mientras se bajaban los aranceles, aumentaban las medidas no arancelarias. En 2012, el 62% de las partidas arancelarias tenían algún tipo de barreras, a pesar de que la actividad del gran comercio es del 85% en productos nacionales.

En la importación de productos de tecnología y comunicaciones, el costo que suponen las medidas no arancelarias oscila entre el 60 y el 80% del valor importado. El uso de la tecnología no puede ser una fuente de recursos tributarios o estaremos condenados al atraso.

¿Por qué prevalece el proteccionismo? Las medidas actuales amparan, sobre todo, la producción de bienes finales, respondiendo a la idea de que se deben promover los productos 100% colombianos. En la industria de alimentos, como los chocolates, se usa cacao ecuatoriano, azúcar brasilera, aceite de palma malasio y avellanas turcas para fabricarlo en Suiza y venderlo alrededor del mundo.

En concreto, nuestra propuesta consiste en que Colombia reduzca sus aranceles a los bienes finales y facilite el comercio de los bienes intermedios para acoplarnos mejor a la realidad del comercio internacional.

PROPUESTA # 9: TASA DE USURA

La tasa de usura debería ser 1.25 veces el interés bancario corriente fijada mes a mes. Pues bien, el gobierno acogió la mitad de nuestra propuesta, es decir, mensual, pero continuó de manera obstinada con el 1.5 del interés bancario corriente. Hasta el 31 de agosto, la diferencia entre la tasa de usura y la inflación era del orden del 29%, una locura. Se perdió un tiempo precioso para estimular la demanda interna.

Si se aplicara la fórmula del 1.25, la tasa de usura sería del 26.85% y significaría un ahorro de 250 mil millones de pesos. Esto sí ayudaría a reactivar la economía.

Recuerdo la famosa frase del General Charles De Gaulle cuando le reprochó a su Ministro de Agricultura que él debía ser el Ministro de Agricultura, no el Ministro de los Agricultores. Un buen amigo me dijo que esto mismo aplica al Superintendente de los banqueros, perdón al Superfinanciero.

PROPUESTA # 8: REFORMAR LA LEY DE GARANTÍAS

La Ley de Garantías, fue planteada para equilibrar el juego entre los candidatos que están en el poder y los que aspiran a llegar a él. Pero en muchas instancias, es un obstáculo para el funcionamiento del Estado.

Los proyectos estructurales necesarios para el desarrollo del país no deberían sufrir tantas dilaciones, como el metro de Bogotá. Estaremos paralizados de noviembre a junio y no podemos darnos ese lujo, menos en este momento.

PROPUESTA # 7: MÁS EFICIENCIA EN EL GASTO GUBERNAMENTAL

La Comisión de Estudio para el Gasto Público y la Inversión debe revisar el Presupuesto General de la Nación para el próximo año teniendo en cuenta criterios de estabilidad macroeconómica, conceptuar sobre la calidad del gasto y el mediocre crecimiento del PIB.

Se requiere un plan draconiano de austeridad, pero no se entiende que algunos sectores, como el agropecuario, ciencia y tecnología, para citar algunos, sean tan drásticamente recortados. Lo que se necesita es la revisión y reducción de los cupos indicativos.

Sería deseable que la pomposa Comisión arroje luces sobre este asunto, para que las reformas a que haya lugar mejoren la eficiencia de la administración pública.

Una manera de medirla, es calcular el valor agregado que genera un peso de inversión pública vs. el que genera un peso de inversión privada. Sería muy interesante ver esos resultados y que no continúen trabajando de espaldas al país.

PROPUESTA # 6: PROGRAMA DE VIVIENDA

Todos los indicadores de la construcción han desmejorado este año. En el segundo trimestre el área culminada de vivienda de interés social cayó 24.9% frente a igual lapso de 2016 y la vivienda de mayor valor sufrió un descenso del 9%. Las obras paralizadas de no VIS subió 12.9%. Entre tanto las ventas de materiales de construcción han caído un 13%.

Por ello, sugerimos que por 6 meses se reduzca a un 20% la cuota inicial para la compra de vivienda de menos de 321 millones de pesos. Los posibles compradores agradecen el subsidio a la tasa de interés, pero no les alcanza para la cuota inicial. Estas estrategias activarán toda la cadena.

PROPUESTA # 5: SOLUCIONES A ALTOS COSTOS DE ENERGÍA PARA INDUSTRIA Y COMERCIO

El Plan de Choque para el Caribe no sólo debe estar concentrado en los usuarios del servicio residencial, sino que también responda a las dificultades que enfrentan el comercio y la industria.

Pero la propuesta no llega hasta allí. Seguimos teniendo costos de energía tan altos que socavan nuestra competitividad.

El precio de la energía eléctrica es crítico y la falta de estrategias de largo plazo ya pasa factura. En 2015, el precio ascendía a 12 centavos de dólar por kilovatio hora, mientras que en Brasil costaba 8.7 centavos y en Perú 7.5. En 2016 Colombia era el tercer país de Latinoamérica con la energía más cara para la industria.

Ni que decir de Electricaribe pues en 2016 los usuarios de la Costa Caribe experimentaron, en promedio, 98 cortes de luz. ¿Cómo es posible impulsar un sector empresarial cuando son obligados a pagar altas tarifas por un servicio que no es confiable? El asunto es más grave porque se acaba de descubrir que “olvidaron” reportar 350 mil horas de apagones!

No puede ser que mientras en Bogotá hay un corte de luz cada dos meses, en Santa Marta se vaya la luz cinco veces a la semana. Los samarios no se merecen tanta desidia!

El problema para los usuarios que acuden al mercado no regulado es que al solicitar múltiples ofertas de suministro sólo reciben una, que en general coincide con la entidad a la cual le están comprando el servicio. Esto no deja de ser una conducta que amerita investigaciones por parte de la SIC.

PROPUESTA # 4: APOYO A MIPYMES PRODUCTORAS DE MARCAS PROPIAS

Las PYMES podrían ser productores de marcas propias, pero se necesita facilitar los trámites con el Invima. Es una entidad que requiere mayor eficiencia con el propósito de disminuir los tiempos de respuesta y mejorar sus comunicaciones con los usuarios. Algunos afiliados nos han manifestado demoras de hasta 14 meses en un trámite que no debería tomar más de 3.

Los invito a que traten de comunicarse con la entidad desde cualquier ciudad para preguntar en qué estado está su trámite. Se quedarán sorprendidos. Es indispensable mejorar su sistema de respuestas, que es un galimatías. Gobierno en línea no puede estar limitado a un día a la semana en horarios restringidos.

PROPUESTA # 3: PROMOCIÓN DEL CONSUMO DE PROTEÍNA

Urge estimular consumos internos que antes estaban destinados a la exportación.

A raíz del brote de fiebre aftosa, que no tiene partido político, Ecuador, Perú, Chile, México, Rusia, Curazao y Panamá suspendieron las importaciones de ganado colombiano y sus productos. Entre tanto, calculamos que 6 mil toneladas destinadas al mercado externo, tendrían que venderse localmente.

Se debe promover entonces entre los actores de la cadena una estrategia relámpago para estimular el consumo de proteína derivada de las carnes. Nuestra experiencia sugiere que una masiva campaña publicitaria en la que se destaquen reducciones efectivas en los precios al consumidor final estimulan las compras. Ya hemos liderado varias campañas de ésta índole con total éxito.

Pero no puede estar circunscrita exclusivamente a la carne de res por el cierre temporal de las exportaciones. Es indispensable ampliarla al sector avícola con el pollo y el huevo, al sector porcicultor y al piscícola. Así las cosas, lo que se debería implementar son semanas de proteína, con rotación semanal de cada categoría y FENALCO estaría allí.

PROPUESTA # 2: COMPROMISO DE DESREGULACIÓN

La intervención del Estado en la economía colombiana es alta, incremental y se desarrolla en escenarios altamente politizados. Por lo tanto el clima de negocios afronta un alto grado de inseguridad jurídica.

Hemos propuesto una directriz en la que el Gobierno se comprometa a eliminar dos regulaciones por cada nueva que pueda imponer obstáculos a la empresa privada. Sorprende saber que cada día se emiten en promedio 2,1 decretos, 11,2 resoluciones y 15,4 normas sobre temas que afectan directamente a la empresa privada. Una afrenta contra la competitividad empresarial.

El Estado debe facilitar la vida de los empresarios con visión y crear las condiciones que permitan el real surgimiento de una “Nueva Economía” y de nuevos sectores con mayor potencial en los mercados externos.

A nosotros, creo, nos falta enfoque.

A título de ejemplo compartimos la conversación de un profesor danés con su homólogo mexicano: “Lo que tenemos que hacer en Dinamarca es que nuestros niños no estén pensando en fabricar máquinas, porque las hacen los alemanes; ni fabricar productos porque los hacen los chinos. Nosotros vamos a fabricar los mecanismos de control de las máquinas que fabrican productos, de modo que los chinos y los alemanes nos compren a nosotros esos mecanismos de control”:

Cuando un maestro que dicta clases en una escuela primaria de Copenhague dice esto y lo articula con una visión de país, está sembrando prosperidad.

PROPUESTA # 1: SUSPENSIÓN DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LOS TRES

PUNTOS DE IVA ADICIONALES DERIVADOS DE LA PASADA REFORMA TRIBUTARIA

Winston Churchill, al deliberar sobre impuestos en el parlamento británico, dijo una verdad de a puño: “una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre parado en un balde tratando de levantarse a sí mismo tirando de la manija”.

En el corto plazo, un punto de aumento del consumo tiene el mismo impacto sobre el producto que cinco puntos de inversión. Es decir que el consumo tiene un efecto más expansivo sobre la economía y el bienestar porque representa más de las dos terceras partes del PIB. Es por esto que urge reanimar los consumos.

Si bien en Colombia no se ha aplicado la figura de suspensión de una tarifa tributaria a nivel nacional, si se ha suspendido el IVA por períodos determinados y en ciertas zonas del país para superar las coyunturas económicas. A la misma razón de hecho, aplica la misma de derecho.

Esto se podría hacer mediante Proyecto de Ley con mensaje de urgencia, y todavía hay tiempo pues en conversaciones con congresistas, estarían dispuestos a imprimirle toda la velocidad con el propósito de enmendar, aunque sea temporalmente, la terrible equivocación que cometieron al aprobar la reforma tributaria, puesto que su impacto no sólo ha sido muy fuerte para los hogares sino también para las personas jurídicas, en razón a que se ha causado una pérdida de competitividad frente a otros países, ya que los impuestos en vez de bajar han subido, aunque se diga lo contrario.

Es así como el recaudo de renta y CREE en el primer semestre de 2017 se ha incrementado en 1.14 billones que corresponden a personas jurídicas, puesto que las naturales declaran y pagan en el segundo semestre. A todo lo anterior hay que añadir que las contabilidades ya están todas bajo normas NIIF, lo que hace más gravosa la situación.

Sería deseable que nuestras 10 propuestas no se desdeñaran para evitar un empeoramiento de la coyuntura económica.

LA FRAGILIDAD DE LA INSTITUCIONALIDAD, UN ASUNTO GRAVE

Hay que decirlo sin rodeos, estamos muy preocupados por el deterioro institucional que recientemente ha sufrido nuestro país.

La institucionalidad conforma el orden social que rige el funcionamiento de una sociedad. El Nobel de Economía Douglass North menciona que las instituciones son las limitaciones ideadas para una correcta interacción política, económica y social. Según él las instituciones tienen una doble finalidad. 1) Crear orden y reducir la incertidumbre. 2) Proporcionar la estructura de incentivos en una economía de costos de transacción.

Pues bien, partimos de la hipótesis de que la frágil institucionalidad está generando incertidumbre política y administrativa que se traslada a la confianza del consumidor y al clima de negocios.

Hace décadas el mundo reconoce que nuestro sistema judicial no funciona bien. Mientras hemos sido capaces de desarrollar buenas instituciones económicas de reconocimiento internacional como el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, la rama judicial no evoluciona conforme a los profundos cambios sociales. El crecimiento del crimen organizado con abundantes recursos, la pérdida de controles sociales y la consagración constitucional de cartapacios de derechos que no pueden a la larga satisfacerse, ha desbordado la justicia.

Hemos detectado al menos 9 amenazas muy serias al entorno económico y empresarial del país. De no removerse estos obstáculos, nuestros empresarios no podrán innovar, crecer y generar empleo, lo que en blanco y negro significa atraso económico, social y tecnológico. Estas son las amenazas detectadas:

Punto 1: La coalición de gobierno fomenta el debilitamiento de la separación de poderes.

El sector privado realiza seguimiento constante al sistema político, observando con preocupación la conformación habitual de un esquema presidencialista de coalición que amenaza el equilibrio natural de poderes y el entorno ideal para el desarrollo de la empresa privada.

Ha existido una histórica prevalencia del poder ejecutivo y sus instituciones sobre las demás ramas. Aunque se han desarrollado esfuerzos por equilibrar esta situación, los cambios no han sido suficientes.

Punto 2: La calidad regulatoria se ha deteriorado a causa de lo anterior.

El sistema de pesos y contrapesos en el que se basa el principio de separación de poderes sugiere que el Congreso debe controlar en lo político al ejecutivo y desempeñar la función legislativa con total independencia.
Las decisiones legislativas se dan en mayor medida por la relación con el ejecutivo, desconociendo a los electores, excepto cuando se aproximan las elecciones.

Esto genera una precaria calidad regulatoria y desestimula la representación democrática, en especial, la del empresariado.

Punto 3: La elección de magistrados de las altas Cortes y de las cabezas de los órganos de control está altamente influenciada por coyunturas políticas.

La independencia judicial es una de las garantías que tiene mayor relevancia para el desarrollo de los negocios. De ello depende la imparcialidad de las decisiones que dirimen los conflictos de la actividad empresarial y el contrapeso sobre las demás ramas del poder.

A Colombia se le destaca la independencia de los árbitros que intervienen en la solución de conflictos privados. Sin embargo, hay cuestionamientos sobre la independencia de la rama judicial por el poder de nominación del Presidente de la República y el de elección de las Altas Cortes por parte del Congreso.

La Carta Política ha sido clara en determinar que las decisiones judiciales no pueden ser sujeto de exigencias o insinuaciones desde otro órgano de la estructura administrativa del Estado que afecten su independencia. Muchas sombras se ciernen sobre este precepto constitucional.

Punto 4: Existe una marcada inestabilidad constitucional que impacta la seguridad del régimen político en Colombia

El poder de reforma constitucional ha sido utilizado de forma desmedida en Colombia. Esto causa desconfianza para el empresariado nacional y extranjero.

Desde la entrada en vigencia de la constitución de 1991 hasta diciembre de 2016 se han tramitado 46 reformas constitucionales. Un verdadero horror que no se puede tolerar.

Punto 5: La implementación del Acuerdo Final ha conducido a la relativización del Estado de Derecho y sus ramas del poder público.

El inicio de la fase de implementación del Acuerdo Final ha conducido al surgimiento de instituciones y a la puesta en marcha de mecanismos excepcionales no contemplados en la Constitución. Muestra de ello es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), el Fast Track y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo cual conlleva a la relativización de los tres poderes y del Estado de Derecho.

Punto 6: El Fast Track es un precedente inconveniente para la institucionalidad del país.

El Acto Legislativo 1 de 2016 establece el Fast Track como un método abreviado para implementar el proceso de Paz. Este determina un trámite de menos debates, la priorización y la imposibilidad por parte de los Congresistas de hacer modificaciones a los textos. En nuestra opinión se ha creado un precedente inadecuado para el Estado Social de Derecho.

En buena hora, la Corte Constitucional al revisarlo, dejó claro que era inconstitucional no permitir la modificación de los proyectos de ley y obligar la votación en bloque. Se estaba atentando contra la separación de poderes.

Punto 7: La JEP pone en desventaja probatoria y jurídica a los terceros actores del conflicto.

El mandato de la JEP que otorga competencia sobre los terceros les implica un grave problema sobre la carga de la prueba. Tendrán ellos que demostrar que fueron objeto de coacción por parte de sujetos armados, en hechos ocurridos hace muchísimos años donde la prueba para demostrar su inocencia es casi imposible de obtener.

Hemos propuesto que en el proyecto de ley estatutaria de la JEP, la carga de la prueba sea invertida, es decir, el Estado debe demostrar que empresarios y ciudadanos son culpables, sí es que lo fueron.

Punto 8: La Implementación del Acuerdo Final aumenta la carga normativa para el empresariado.

A hoy, el marco jurídico del proceso de paz tiene 2.400 páginas que contienen el Acuerdo Final, Decretos, Leyes y Sentencias de la Corte Constitucional.

Hay 4 iniciativas que se encuentran en trámite frente a las cuales el empresariado debe estar atento:

– El proyecto de Ley de Catastro multipropósito que pone en riesgo la gestión catastral por la amplia facultad de participación que se le da a las comunidades – El Proyecto de Ley sobre participación ciudadana que pretende que las conclusiones de las deliberaciones entre el Estado y movimientos sociales tenga garantía legal de incidir en las decisiones públicas. – El Proyecto de Ley de prevención, vigilancia y control laboral que profundiza el nivel de intervención sobre la contratación y aumenta significativamente las multas por parte de las entidades de control.

Punto 9: La marcada inestabilidad institucional de Colombia incide en la confianza de la ciudadanía y se traslada al consumo.

Recientemente, se ha acentuado en la opinión pública una imagen menoscabada de las instituciones por cuenta de la desbordada corrupción. Hace unos días se le preguntó al actual Fiscal General de la Nación su visión y respondió: “Colombia tiene suficientes normas contra la corrupción. Yo mismo promoví como Ministro de Justicia el Estatuto Anticorrupción de 1995. El desafío es aplicarlas y pasar del dicho al hecho”.

El incremento de los impuestos acompasado con una corrupción fuera de control, parece una macabra fórmula concebida para deslegitimar las instituciones, inducir al escepticismo y la desconfianza de los colombianos.

En las próximas semanas divulgaremos una investigación concebida y elaborada con la mayor rigurosidad académica, en el que se profundiza cada una de nuestras observaciones en torno a la fragilidad de nuestras instituciones y a la manera como la debilidad institucional afecta la marcha de los negocios, entorpece la iniciativa privada y atenta contra la seguridad jurídica.

Parece que crecimientos de la economía cercanos al 5% serán muy esquivos en la próxima década, como consecuencia de un nuevo contexto energético mundial. Consecuentemente, la generación de empleo va a ser cada día más difícil, máxime si se tiene en cuenta el ingreso de una era digital que revolucionará el mercado laboral.

Por lo anterior, es conveniente que en el próximo Gobierno se creara una comisión asesora del más alto nivel, similar a la conformada en el gobierno del Presidente Betancur, conocida como el “Consejo de los 7 sabios”. Sería un cuerpo consultivo que haga recomendaciones al Presidente de la República con carácter reservado y lo asesore sobre decisiones económicas de impacto.

En los Estados Unidos esta figura es muy bien valorada y estimada. Lo anterior representaría un esfuerzo por fortalecer institucionalmente el proceso de formulación de políticas públicas. Puede contribuir a mantener presente una visión macroeconómica global como telón de fondo para la acción gubernamental. Siempre es bueno obtener el mejor consejo posible para hacer frente a una situación compleja.

Amigos todos:
Estamos viviendo una cascada de corrupción y de hechos contra la ética, la moral, las buenas costumbres, el deber ser y el obrar con rectitud que ha generado un sentimiento de orfandad institucional. Tenemos que revertir esta situación.

Creo que la visita del Papa Francisco a Colombia ha llenado de tranquilidad a la Nación. Nos pusimos a investigar y durante sus discursos el Sumo Pontífice utilizó 53 veces la palabra esperanza, 37 veces la palabra alegría y 110 la palabra fe. Una de las tantas frases que más me llamó la atención fue: “Muchos se lamentan de cierto déficit de esperanza en la América Latina actual. A nosotros no nos está consentida la «quejumbrosidad», porque la esperanza que tenemos viene de lo alto.”

Y me llamó la atención porque a los comerciantes de este país no les está permitido la quejumbrosidad. Todos los días pese a la situación que estemos pasando debemos levantarnos a construir patria desde nuestras empresas. Por esta razón, consideramos que pese a los difíciles momentos que estamos pasando, los colombianos estamos a tiempo para corregir el rumbo y poder afirmar como lo dijo el Papa: “¡No le tengan miedo al futuro!”.