–La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a Luis Miguel Pico Pastrana, viceministro de Asuntos Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, por posibles irregularidades en el otrosí No. 6 de la Ruta del Sol. Igualmente el organismo de control inició un proceso similar contra la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes de Zúñiga por hecho similares en contratos de la Vía de la Prosperidad.

En el caso del viceministro Pico Pastrana, la Primera Delegada para la Contratación Estatal consideró el inicio de esta etapa procesal para determinar el alto funcionario pudo haber realizado una gestión ante una entidad o funcionario público alguno, con el fin de facilitar la suscripción del otrosí No. 6 al contrato de concesión No. 001 de 2010, suscrito entre la Asociación Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Ruta del Sol II, donde se adicionó la transversal Ocaña – Gamarra.

Así mismo, busca determinar si el viceministro de Asuntos Agropecuarios recibió algún tipo de prebendas por parte de particulares interesados en dicha adición, o por parte de funcionarios estatales.

Adicionalmente, se tratará de establecer si tuvo alguna relación, interés o conocimiento de presunto financiamiento a las campañas presidenciales por parte de la firma Odebrecht en el año 2014.

La Procuraduría General ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, escuchar en versión libre a Luis Miguel Pico Pastrana el próximo 27 de septiembre.

En lo que respecta a la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes de Zúñiga la investigación disciplinaria se hace extensiva a su antecesor en el cargo, Luis Miguel Cotes Habeych, por presuntas irregularidades en la implementación y ejecución del proyecto de inversión de la Vía de la Prosperidad, al que fueron destinados más de 466 mil millones de pesos de recursos de la Nación y el Sistema General de Regalías.

La Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal cuestiona a quienes como ejecutores de este proyecto de inversión incurrieron en un posible incumplimiento de las obligaciones contenidas en el convenio 649 del 31 de mayo de 2012, sus adicionales y modificaciones, derivado del convenio 266 del 17 de septiembre de 2012, prorrogado hasta el 13 de noviembre de 2017, así como el presunto incumplimiento del Programa de Inversión para el Mejoramiento de la vía Palermo, Sitio Nuevo, Remolino, Guaimaro, proyecto que se materializó a través del contrato de obra 617 de 2013.

El órgano de control investiga la desactualización de los estudios y diseños, el aumento de los costos de transporte de materiales de terraplén que elevaron el valor del contrato, y las deficiencias que no garantizarían que el trazado de la vía se construyera como estaba inicialmente proyectado para 52.6 kilómetros, y sólo se podrían construir 26,013 kilómetros, lo que representa una disminución del 50.55%.

También busca determinar si los mandatarios incurrieron en actuaciones desapegadas del ordenamiento jurídico, quebrantado los principios de contratación estatal o la función administrativa, o actuado en detrimento del patrimonio público o para favorecer económicamente a un tercero.

Estas irregularidades que investiga la Procuraduría General de la Nación tienen varias fuentes de información, entre ellas, el informe de la Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ante posibles omisiones en las acciones correctivas por las demoras en la ejecución de la obra y el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que advirtió un posible sobrecosto de $32.613 millones por el transporte de materiales para terraplén.

Además, las resoluciones emitidas por el Departamento Nacional de Planeación que suspenden los giros provenientes de recursos de regalías, debido al posible incumplimiento de la Gobernación de Magdalena en los planes de mejora establecidos y el informe emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Entidad que señaló posibles irregularidades, sobrecostos y deficiencias en la ejecución del proyecto.