–Como una “verdadera bomba social” define la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el problema de los pensionados en Colombia.
Según la agremiación empresarial, actualmente existen cerca de 5.5 millones de personas en edad de pensión y tan solo una de cada cuatro recibe una pensión de Colpensiones (1.4 millones, bajo un sistema público de reparto, con inequitativos subsidios) o de las AFPs (100.000 personas, bajo un sistema equitativo, pero aún joven y que enfrenta el arbitraje regulatorio de los subsidios del sistema público).
Además señala que actualmente 2.1 millones de adultos mayores enfrentan riesgos de indigencia, pues no reciben ningún tipo de apoyo, y otros 1.9 millones son atendidos de manera precaria a través del programa Colombia Mayor.
En un comentario titulado “Baja Cobertura Pensional y Ancianos Indigentes en Colombia”, el presidente de Anif, Sergio Clavijo hace además las siguientes precisiones:
El drama del adulto mayor en Colombia se agravará pues, aunque la población prácticamente no estará creciendo durante 2020-2050, los mayores en edad de pensión lo harán a ritmos del 3% anual, alcanzando un total de 15.2 millones de personas dentro de 30 años. De no actuar de forma decidida para alterar el statu quo, entonces cerca de 7 millones de ancianos estarán totalmente desamparados y tan solo 3.2 millones tendrán apoyos marginales del Estado para el año 2050.
Ya que durante la Administración Santos I-II (2010-2018) no se actuó en este frente de forma significativa, la Administración de 2018-2022 tendrá el gran desafío de evitar esta verdadera “bomba social”.
En vez de impulsar reformas estructurales, los gobiernos Uribe I-II y Santos I-II optaron por impulsar los sistemas asistencialistas en Colombia. Si bien el programa Colombia Mayor ha venido avanzando, aún presenta desafíos en los frentes de:
i) cobertura, pues actualmente beneficia a cerca de 1.5 millones de adultos mayores, lo cual es equivalente a solo el 65% de la población en situación de necesidad en los estratos más bajos; y ii) montos transferidos, debido a que el subsidio recibido se ubica por debajo de la línea de pobreza, pues equivale tan solo a cerca de un 5%-15% del SML ($40.000/$737.700 o $75.000/$737.700 por mes), dependiendo del municipio.
Otro de los programas asistencialistas que se ha convertido en un “distractor de moda” de la problemática estructural ha sido el de los BEPs. Dichos BEPs, creados por el Acto Legislativo 01 de 2005 y reglamentados por el Conpes No. 156 de 2012, buscan promover ahorro adicional en los estratos bajos (Sisbén 1-3).
Esto con el fin de eventualmente llevarlos a alcanzar los requerimientos mínimos de pensión (1.300 semanas en el RPM y 1.150 semanas o cerca de $199 millones en el RAIS) o simplemente poderles entregar sumas no vitalicias con subsidios hasta de un 20% (en un pasado se habló de subsidios hasta del 40%).
La principal “innovación” de dichos BEPs es que las sumas entregadas podrán ser dineros inferiores al 100% de 1SML, superando así limitantes constitucionales en este frente (ver Informe Semanal No. 1359 de abril de 2017).
Las cifras disponibles nos indican que se han inscrito a dicho programa unas 560.000 personas, pero, en realidad, ahorradores tan solo han sido cerca de 114.000 (un 20% del total). Más aún, los montos ahorrados dejan mucho que desear, pues el total tan solo asciende a $16.000 millones, lo cual implica ahorros de solo $12.000/mes/persona. Así, este programa de BEPs actualmente no pasaría los criterios mínimos de costo/beneficio, luego en este frente también se requieren cambios profundos en su enfoque, siendo más productivo habilitar esquemas de “hipotecas reversibles”.
