El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, celebró el inicio del cese al fuego y de hostilidades de carácter temporal y bilateral entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), como una muestra de voluntad política de las partes para seguir avanzando en la construcción de la paz en los territorios.

Este acuerdo se constituye en la base para el desescalamiento del conflicto en las zonas donde hace presencia esta guerrilla, contribuyendo a reducir las acciones violentas que atentan contra los derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal, como también a garantizar la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz. Y el cese bilateral al fuego implica grandes desafíos para la institucionalidad nacional, regional y local, que demanda una presencia integral y permanente en las zonas caracterizadas por la marginalidad, la exclusión y la inequidad.

El Defensor del Pueblo insta al Gobierno Nacional y demás autoridades civiles y militares a que tomen medidas para la prevención y protección de las comunidades en situación de riesgo, para evitar incidentes que puedan afectar el ejercicio de sus derechos, derivados del accionar de otros actores armados presentes en las regiones.

El cumplimiento del cese al fuego y de las hostilidades permitirá reducir la intensidad de la confrontación armada por parte del ELN, toda vez que en el último mes lamentablemente se han registrado cinco (5) atentados contra la infraestructura petrolera en Arauquita y Saravena (Arauca) y Teorama, El Carmen y Toledo (Norte de Santander) que han generado graves daños ambientales; y nueve (9) atentados con artefactos explosivos contra miembros de la Fuerza Pública en Arauca, Fortul, Tame, Arauquita y Saravena (Arauca). En estos municipios de Arauca también se han registrado homicidios, amenazas y restricciones a la movilidad por parte de esta guerrilla.

Por su parte, en Riosucio (Chocó) los enfrentamientos armados entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) han causado una grave crisis humanitaria en los pueblos indígenas Embera y Wounaan y en las comunidades afrocolombianas, por el confinamiento y desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el minado de sus caminos y por los combates con interposición de población civil, que configuran infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario.
De igual manera, la costa Pacífica nariñense atraviesa por una crisis humanitaria por la disputa del control territorial y de las economías ilícitas entre el ELN y otros grupos armados ilegales, que afectan los derechos humanos de las comunidades étnicas y campesinas.

Entre enero y septiembre de este año se han presentado en la región Pacífica de Nariño diez (10) desplazamientos masivos en los que 2.066 personas (587 familias) vieron afectados sus derechos al huir de sus municipios: los más afectados son Santa Bárbara de Iscuandé (4), Barbacoas (2), Mosquera (2), Tumaco (1) y Francisco Pizarro (1).

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo, en el marco del cese al fuego y de hostilidades de carácter bilateral, llevará a cabo a partir del 1 de octubre y hasta el 9 de enero de 2018, un monitoreo y seguimiento especial para observar y advertir las situaciones de riesgo que se generen durante el cese bilateral, tanto por la actuación del ELN como de la Fuerza Pública.