La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad contra el actual contralor distrital de Bogotá, Juan Carlos Granados, por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos de prestación de servicios celebrados entre la Gobernación de Boyacá y las fundaciones Itedris y Lumiere.

En el 2015, el contralor distrital era Gobernador de Boyacá, por lo que era su responsabilidad la adjudicación de las dos licitaciones para atender a los estudiantes matriculados en los colegios oficiales del departamento.

Según con el ente de control, el contrato por $5.552 millones no se cumplió a cabalidad, ya que no se dio la entrega de materiales como estaba previsto en el acuerdo, y al parecer se hizo entrega de útiles escolares a estudiantes que no estaban registrados dentro del Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat).

De igual forma, se encontraron fallas en los registros de los alumnos atendidos en las fundaciones, ya que no coincidían los números de identificación de los estudiantes reportados y los que estaban registrados en las bases de datos.

Con respecto a los Kits escolares, se dejaron de entregar 1.839 cuadernos, con lo que se afectó a 613 estudiantes y representó un detrimento patrimonial de alrededor de $5 millones.

Por último,la Contraloría evidenció un sobreprecio en los útiles escolares que se entregaron. La Fundación Itedris reportó materiales hasta por el triple de su valor en el mercado. Por ejemplo, los lápices que cuestan $338, la Gobernación los pagó a $1.300.