El Gobierno español propuso hoy el cese del presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y todos sus consejeros y convocar elecciones autonómicas en el plazo máximo de seis meses en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en esa región autónoma.

El Consejo de Ministros acordó una serie de medidas, que deberá autorizar el Senado, para asumir el ejercicio de funciones en Cataluña y restablecer el orden constitucional frente a la “desobediencia rebelde” de los gobernantes catalanes, que iniciaron un proceso de independencia.

La facultad de disolver el Parlamento de Cataluña para convocar elecciones corresponderá a Rajoy, quien espera que esto sea posible en cuanto se recupere la normalidad.

En rueda de prensa, argumentó que los objetivos de aplicar el artículo 155 son, por este orden, volver a la legalidad, restablecer la normalidad, mantener la recuperación económica y celebrar elecciones en Cataluña.

El Ejecutivo central acordó aplicar las previsiones de la Constitución española después de que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, avisara el jueves pasado de que el Parlamento regional podría votar la independencia si no hay diálogo entre ambas partes.

El artículo 155 establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que luego deberá autorizar el Senado por mayoría absoluta para su aplicación efectiva.