–La Procuraduría General de la Nación pidió al gobierno de Bogotá evaluar la posibilidad de revocar el acto de apertura de la licitación pública para la adquisición de los semáforos inteligencias para la capital, al insistir en las inconsistencias y anomalías que registra el proceso.

El ministerio público consideró que las respuestas presentadas por el secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo Suescún, no responden de manera clara y suficiente a las observaciones que hizo el organismo de control sobre la licitación.

Por ello le pidió a Bocarejo Suescún considerar la posibilidad de revocar el acto de apertura de la licitación
antes de la recepción de las propuestas de los posibles oferentes.

Al analizar el contenido de las comunicaciones remitidas por la secretaría, el órgano de control insistió en las observaciones relacionadas con las modificaciones al convenio marco entre con la Empresa de Telecomunicaciones para la operación del sistema de semaforización de Bogotá; la falta de claridad sobre posible conflicto de intereses de miembros de los equipos de trabajo que han hecho parte de la estructuración y evaluación del proceso, y los planes de semaforización de intersecciones que hoy no cuentan con ese control.

Para la Entidad tampoco se presentaron cambios en la armonización del nuevo sistema semafórico con las políticas, planes o procesos de modernización de los sistemas de infraestructura y transporte (metro, Transmilenio, SITP, seguridad vial), así como el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de la ciudad.

Según la Procuraduría los cambios hechos en el proceso ponen en riesgo de manera inmediata más de 16.000 millones de pesos, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad buscar la mejor salida para la ciudad y dejó abierta la puerta para que Bocarajo Suescún evalúe la alternativa de revocar esta licitación.

Al concluir la acción preventiva de vigilancia a la licitación pública, el órgano de control reiteró que este proceso “(…) busca anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública; de ningún modo implica coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.

Finalmente, la Procuraduría pidió que la respuesta a esta comunicación sea publicada en el SECOP para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento real a este proceso licitatorio.