Alcaldes de las principales ciudades del país le exigieron al Gobierno Nacional una reforma a la justicia que les ayude en la lucha que están librando contra la delinciencia común y organizada, así como replantear la ley de excarcelaciones, que ha llevado a que regresen a las calles más de 5 mil delincuentes, de los cuales un promedio de 700 vuelven a delinquir.

Según el presidente de la Organización de Ciudades Capitales, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual mandatario de Ibagué, esta reforma incluye una revisión detallada del tratamiento que se les da a los delincuentes reincidentes, especialmente en el delito del hurto, ya que solo en este año se han detectado más de 2.800 personas que incurrieron nuevamente en delitos.

Dentro de las conclusiones que se desprendieron de esta reunión están la de revisar el tratamiento penal a los reinsidentes, que haya una política efectiva frente a la organizaciones delincuenciales que se dedican al hurto, georeferenciar en cada ciudad dónde se comete este delito, crear grupos interdisciplinarios para judicializar como debe ser a los reinsidentes ya que se constituyen en un peligro para la sociedad, detrctar de manera temprana el surgimiento y asegurar que se cumpla el artículo 7o. de la ley 1826, el cual dispone la atención de los reincidentes como una amenaza a la comunidad.

Por lo anterior, los alcaldes reunidos en la capital solicitaron al sector Justicia que se deroguen las excarcelaciones masivas y una profunda reestructuración de la política penitenciaria.

La peticion consiste en derogar las leyes (1760 de 2015 y 1786 de 2016) que han permitido que a la fecha más de 5.500 delincuentes hayan sido excarcelados, solitud que fue bien recibida por la Fiscalía General de la Nación.

El alcalde Jaramillo, también advirtió sobre el peligro del microtráfico en las ciudades, el cual debe ser tratado como una actividad pura de narcotráfico.

A su vez, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa indicó que para mejorar los indicadores de seguridad en las ciudades, es preciso que se apliquen condenas efectivas, especialmente contra integrantes pertenecientes a las organizaciones dedicadas al hurto, ya que es el principal delito que afecta a las principales ciudades del país.

“Hay un problema muy serio para poder realmente mejorar los niveles de seguridad y es la impunidad que hay. Para gran parte de los delitos existe un porcentaje demasiado alto de delincuentes que son puestos en libertad”, advirtió el alcalde Peñalosa.

Mientras tanto, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se mostro también preocupado por la permanente rotación de delincuentes que entran y salen de las cárceles a manos de jueces y fiscales, poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

“Nos preocupa ver que gente que ha entrado a la cárcel por delitos hoy estén por fuera cometiendo graves delitos, claro que los procesos deben seguir, pero dentro de la cárcel”, sostuvo el alcalde Gutiérrez.

Entre los requerimientos los alcaldes solicitaron la creación de equipos interdisciplinarios para judicializar correctamente a los reincidentes, pero especialmente establecer mecanismos para lograr la detección temprana de las organizaciones criminales.

“El problema de la reincidencia es grandísimo, de manera que nosotros tenemos claro que aunque hay que hacer toda clase de esfuerzos para mejorar la seguridad que tiene que ver con tareas preventivas, para poder tener seguridad necesitamos lograr que los jueces den condenas de cárcel a los delincuentes, reformas legales y un cumplimento más estricto en las penitenciarias”, recalcó el mandatario de Bogotá.

Finalmente, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se mostró complacido en que los alcaldes del país demanden acciones jurídicas que se ajusten a la realidad de cada una de sus ciudades y más cuando su entorno se vea amenazado por decisiones que van en contravía de su seguridad.