El 18 de agosto, la todopoderosa Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por chavistas pues la oposición la desconoce, se atribuyó competencias del Legislativo. AFP
«Está Asamblea no reconocerá ninguna deuda, ninguna reestructuración, que no pase por la Asamblea y que venga el gobierno al debate», anunció el diputado Stalin González, jefe de bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El legislador aseguró que según la Constitución «quien puede aprobar la reestructuración de la deuda es la Asamblea Nacional».

«El gobierno ha hipotecado el futuro de los venezolanos irresponsablemente. La deuda en 2006 era de 46.000 millones de dólares y hoy casi llega a los 200.000 millones de dólares. ¿Cómo hicieron eso?», expresó González.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el jueves que su gobierno iniciará una refinanciación y reestructuración de la deuda externa estimada en unos 150.000 millones de dólares, tras confirmar el pago de 1.121 millones de un bono para evitar un default.

La comisión creada para abordar el proceso, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami, citó este viernes para el 13 de noviembre a los tenedores de bonos a una reunión en Caracas.

El Parlamento fue declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado por la oposición de servir a Maduro-, que anula todas sus decisiones.

El 18 de agosto, la todopoderosa Asamblea Constituyente, integrada exclusivamente por chavistas pues la oposición la desconoce, se atribuyó competencias del Legislativo.

Entre ellas, «garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos».

Sin embargo, una docena de países de la región, Estados Unidos, Canadá, varios países europeos, la OEA y la Unión Europea también desconocen a la Constituyente por considerarla ilegal.