–Luego de negar la recusación que el mismo implicado interpuso, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes notificó la continuación de la investigación contra el exmagistrado Leonidas Bustos, uno de los procesados por el escándalo de corrupción destapado en la Corte Suprema de Justicia alrededor del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Bustos recusó al parlamentario investigador Edward Rogríguez alegando falta de garantías en su proceso.

La Comisión, después de tres intentos y ante la advertencia de Rodríguez de renunciar sino fallaba este miércoles, tomó la determinación contraria a las intenciones de Bustos.

“Seguimos trabajando para dar resultados pronto, ahora terminaremos de evacuar algunas pruebas para tomar una decisión en torno al exmagistrado Bustos”, afirmó el Representante investigador.

Con respecto al magistrado Gustavo Malo, también vinculado al escándalo del ‘cartel de la toga”, el congresista dijo que este jueves continuará con la indagatoria y se procede a esperar el escrito de la defensa y la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía General de la Nación pidió investigar al exmagistrado Leonidas Bustos, tras implicarlo en las componendas promovidas por el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno Rivera y el abogado Leonardo Pinilla Gómez.

Al efecto, el delegado de la fiscalía estableció que estos personajes “se reunían periódicamente en la residencia del exmagistrado Ricaurte o la del exmagistrado de la Sala Penal del alto tribunal, José Leónidas Bustos, o en lugares públicos como hoteles, reconocidos restaurantes o incluso fuera del país, como sucedió a finales de 2014 en el Hotel Marriott en Miami (Estados Unidos)”.

Relató que “a mediados del año 2013 el exmagistrado Ricaurte conoció al exfiscal Gustavo Moreno a través de Leonidas Bustos, y por esa época, citó a su apartamento al entonces abogado Moreno Rivera para explicarle la manera de operar de la organización y como manejarían los procesos”.

“Esta organización incrustada en la justicia, desaparecía o alteraba evidencias y obtenía decisiones con apariencias de legalidad que favorecieran a sus clientes con la intervención de funcionarios del más alto nivel que tenían esos procesos a su cargo y a quienes también les daban dinero para hacerlo”, afirmó el fiscal.

“Si esto no funcionaba, simplemente dilataban en el tiempo los procesos”, puntualizó.