Imagen: youtube

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que no va a permitir que luego del fallo del Consejo de Estado sobre el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “se crea que hay un alto en el camino y que se van a congelar las facultades de la Procuraduría”, y envió un mensaje de tranquilidad a los funcionarios sobre las competencias disciplinarias de la Entidad.

“Lejos de lo que pueden pensar los que están efmpecinados en atacar nuestro derecho disciplinario, en poner en entredicho las competencias constitucionales de la Procuraduría, tengo un reporte de tranquilidad”.

En la instalación del “Séptimo Congreso Internacional de Derecho Disciplinario” del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), Carrillo Flórez afirmó que la función de la Entidad es compatible con las normas que han sido avaladas por la Corte Constitucional, y que además es su deber al frente de la Procuraduría General respetar el ordenamiento internacional y hacerlo compatible con las competencias del órgano de control.

“Ese no es el sentido de la Constitución de 1991, ni es el sentido que le ha dado el Consejo de Estado a sus recientes decisiones, ni mucho menos es el contexto en el cual la justicia Interamericana aborda estos temas”.

Advirtió que son irresponsables quienes afirman que la Entidad va a marcar un “choque de trenes” e indicó que la Procuraduría, lejos de ser un enemigo del Sistema Interamericana, es el mayor garante de que sus directrices se cumplan.

Sostuvo: “no vamos a plantear una lucha entre los poderes públicos, ese no es el sentido del futuro, ni de mi responsabilidad, ni el papel que cumple la Procuraduría General de la Nación en este momento de la lucha contra la corrupción”.

En su intervención “Potestad Disciplinaria en un Estado Social de Derecho en Tránsito hacia la Paz”, Carrillo Flórez remarcó que internacionalmente se reconoce la presencia y la labor que cumple la Procuraduría en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, se comprometió a seguir fortaleciendo la labor del Ministerio Público con diferentes herramientas, como el convenio firmado esta semana con la Corte interamericana de Derechos Humanos, que permitirá a los funcionarios, entre otros, capacitarse y prepararse para actuar en la Justicia Especial para la Paz (JEP), la protección a los líderes y defensores de derechos humanos y las víctimas.