La mesa de trabajo encargada de diseñar estrategias de intervención para responder al impacto en la salud del fenómeno migratorio proveniente de Venezuela fue instalada bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social.
El grupo, que busca dar una respuesta articulada de carácter intersectorial, está conformado, además, por la Cancillería, Migración Colombia, el Instituto Nacional de Salud (INS), el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las entidades territoriales receptoras de población migrante de Venezuela.
Durante el encuentro, Fernando Rivera, asesor de la dirección de Integración Fronteriza de la Cancillería, señaló que el 21 por ciento de la población colombiana que vive en frontera pertenece a grupos étnicos. Expuso también que el Conpes de fronteras de los 13 departamentos limítrofes con otros países promueve inversiones de 3,2 billones de pesos para afrontar esta clase de fenómenos.
“Más de dos millones de personas viven en las fronteras, que abarcan 77 municipios y 12 corregimientos –comentó Rivera–. Más del 80 por ciento de esa población corresponde a quienes habitan las fronteras con Venezuela y Ecuador. A través del Conpes 3805 se busca el cierre de brechas, que haya programas de telemedicina en 44 municipios de frontera de lugares apartados del país”.
Por su parte, Marcela Enciso, vocera del Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF), señaló que, en los últimos tres años, 368 niños venezolanos entraron al sistema de protección de dicha entidad por la vulneración de sus derechos.
Así mismo, Hernán Quijada, subdirector de Análisis de Riesgo y Respuesta inmediata del Instituto Nacional de Salud, reveló que la estrategia de seguimiento de enfermedades de interés en salud pública de la población migrante y de fronteras se basa en la vigilancia de zika, chikunguña, malaria, difteria, VIH, infecciones respiratorias agudas, infecciones respiratorias agudas graves inusitadas y, en cumplimiento de la alerta internacional de la Organización Mundial de la Salud, el sarampión.
“De toda la población extranjera –expresó en su análisis–, el 65 por ciento de los casos de tuberculosis es proveniente de Venezuela. Así pasa también con malaria, cuya notificación ha tenido un repunte en los períodos epidemiológicos 3 y 9 de 2017. En Villa del Rosario y Santander también se ha visto un incremento en la notificación de dengue”.
Julio Sáenz Beltrán, asesor del despacho del Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, expuso el marco normativo y dio a conocer la resolución CD55R13 de la Organización Mundial de la Salud. “En ella se insta a los países miembros a generar políticas para abordar las inequidades de salud que afecten a los migrantes, y es lo que Colombia ha hecho con este fenómeno migratorio”, dijo.
Expresó que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió este año el Decreto 866 para canalizar 10.000 millones de recursos financieros para la atención de migrantes en departamentos fronterizos.
Finalmente, mostró el plan de respuesta intersectorial para identificar y gestionar los riesgos en salud de los inmigrantes provenientes de Venezuela, así como de los territorios receptores, mediante la acción coordinada de los agentes del sector, otros sectores, agencias internacionales y otras organizaciones.
“El plan comprende la gestión del conocimiento, el fortalecimiento de las atenciones en salud a la población migrante, la coordinación sectorial e intersectorial, y el desarrollo de capacidades para afrontar de aquí en adelante este fenómeno global de la migración”, dijo.
Según los cálculos estimados por el equipo técnico del Ministerio, la atención a la población migrante para los próximos tres años ronda los 50.000 millones de pesos, a razón de 16.000 millones anuales. Los recursos se destinarán principalmente para la atención de gestantes, niños, eventos como tuberculosis, VIH/sida, enfermedades transmitidas por vectores (leishmaniasis, chagas, arbovirosis), enfermedades desatendidas, desparasitación, atenciones crónicas, salud mental y asistencia técnica para 12 territorios receptores de población migrante directamente proveniente de fronteras.
