La Nación tendrá que pagar 2.500 millones de pesos a los familiares de tres jóvenes de Cali (Valle), quienes fueron víctimas de los denominados ‘falsos positivos’.

Los crimenes tuvieron lugar en la vereda Potrerillos, jurisdicción de Ibagué (Tolima).

“La Sección Tercera Subsección C del alto tribunal estableció que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional era responsable del daño por falla en el servicio causado por la muerte violenta de estos tres ciudadanos, ocurrida el 28 de febrero del 2008”, aseguró el alto tribunal.

De acuerdo con la investigación, los jóvenes fueron conducidos, en medio de engaños, por un desmovilizado del ELN quien los contactó en un barrio de la capital vallecaucana y los invitó a desenterrar una guaca que supuestamente estaba en una finca en zona rural de Ibagué. El desmovilizado, según reza el fallo, les prometió a los jóvenes compartir el botín.

Los dos jóvenes asistieron a la hacienda Los Mangos donde, desde hace dos días, estaba ocupada por uniformados del Batallón CR. Jaime Rooke del Ejército Nacional.

Los uniformados que se encontraban en la hacienda atacaron a los jóvenes con armas de fuego, los asesinaron y los presentaron como integrantes de grupos ilegales sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño del inmueble.

Los militares se defendieron diciendo que en el lugar de los hechos se había presentado un enfrentamiento con estos jóvenes, el Consejo de Estado concluyó que ese escenario era improbable y que las víctimas habían muerto por disparos producidos a muy corta distancia.

Según con el alto tribunal, no se demostró que estas personas estaban tras el secuestro del dueño de la finca, ni que pertenecieran a grupos armados ilegales.

Por lo tanto, al alto tribunal ordenó reparar moral y materialmente a los familiares de los jóvenes muertos e impartió medidas de resarcimiento no monetarias, que van desde cursos de formación en derechos humanos a las unidades militares hasta un acto público de reconocimiento de responsabilidad.