El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exigió a los ministerios de Defensa e Interior, la Fiscalía General y las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, acciones inmediatas para garantizar la protección de los territorios de las comunidades campesinas y negras asentadas en las cuencas del Atrato, y así evitar un desplazamiento masivo de miles de personas en los próximos días.

El jefe del Ministerio Público se reunión con 20 líderes de tierras de La Larga Tumaradó, Jiguamiandó y Curvaradó y Pedeguita y Mancilla quienes denunciaron las amenazas de las que son víctimas por reclamar sus derechos territoriales sobre títulos colectivos, que en su mayoría estarían siendo utilizados en actividades ilegales extractivas, con minería y explotación de recursos maderables, monocultivos y ganadería extensiva.

Carrillo Flórez solicitó al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, protección perimetral permanente de los territorios, para evitar la entrada de organizaciones armadas al margen de la ley, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ELN, y grupos privados de seguridad, situación que hace temer un desplazamiento masivo en los próximos días.

Al Ministerio del Interior la convocatoria inmediata del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas – CERREM-, para reclamantes de tierras por regiones, iniciando por Urabá, para que adecue los esquemas y las variables de riesgo a las características culturales y territoriales de las comunidades.

La Procuraduría iniciará acciones legales para buscar la nulidad del contrato que habilitó el arrendamiento del territorio colectivo de Pedegita y Mancilla por 100 años a la empresa Agromar.

El Ministerio Público hace un llamado a las autoridades a no estigmatizar y a cerrar la brecha de desconfianza ante las denuncias de los líderes y defensores de derechos territoriales en las regiones, y a adoptar medidas de protección efectiva que prevengan un desplazamiento masivo de las comunidades de las cuencas del Atrato.

La Procuraduría General de la Nación con los pies en los territorios, encuentra graves problemas de las comunidades étnicas, especialmente en el departamento de Chocó, como consecuencia de las disputas territoriales por parte de actores armados, que vulneran las garantías fundamentales de carácter individual y colectivo.

Por lo anterior, esta procuraduría ciudadana reconoce el impacto desproporcionado del conflicto, que aún persiste sobre los grupos étnicos en el departamento del Chocó, generando daños materiales e inmateriales que afectan su pervivencia.