Por: Luis Eduardo Forero Medina
El sistema de compensación familiar en Colombia es manejado por 44 cajas de compensación públicas y privadas en todos los departamentos; de las cuales 35 son afiliadas a Asocajas;
menos de seis dominan el sector; 5 están intervenidas, algunas como Comcaja, hace más de una década; 10 son vigiladas por la Superintendencia de Subsidio Familiar, entidad que reiteradamente se ha propuesto suprimir. Algunas Cajas son de la categoría de poco desarrollo y esperan un salvavidas en posibles fusiones con las grandes Cajas.
Las Cajas de Compensación Familiar (CCF), algunas manejadas a su acomodo por el Consejo Directivo, durante mucho tiempo no rindieron a información a autoridad alguna, y ciertos directores permanecen décadas en sus puestos. En 1954 de empezar a ofrecer sólo el beneficio del subsidio familiar; gradualmente se fueron extendiendo a competir con otros sectores de la economía como salud, portafolio que maneja la mitad de las cajas; educación (51 colegios de su propiedad y 167 bibliotecas en Colombia); deportes, crédito, mercadeo, vivienda en todo el país; capacitación y turismo y recreación ( fueron “las primeras empresas en socializar la piscina para la clase trabajadora”,y cuentan con 213 centros recreativos). Desde el año 2013 se estableció el servicio de empleo, y el subsidio al desempleo durante seis meses a quienes estén afiliados a una caja con 6 meses de antelación. Muchos de esos beneficios no estarían llegando a los trabajadores de menos ingresos y su familia; a quienes se debe revertir el 4% de la nómina que pagan casi 700 mil empleadores, de acuerdo a la filosofía de la creación de las CCF. Con el tiempo la cobertura de afiliación a CCF se amplió a pensionados, servicio del hogar, trabajadores independientes, extranjeros y madres comunitarias. Actualmente 18 Cajas de Compensación Familiar le apuestan a la ruralidad de su gestión. Los esquemas tarifarios de ciertos programas impiden el acceso a un número significativo de trabajadores, dejando de llegar “a los más vulnerables a los más débiles”.
El subsidio familiar que se paga a quienes devengan entre 1 y 4 salarios mínimos, beneficia a más de 20 millones de colombianos, será objeto de un gran revolcón después de 60 años de estar siendo manejado con el criterio de la época en que se creó por empresarios privados. Se hará “un alto en el camino”. Los afiliados a CCF entre el 2010 y este año aumentaron un 60 por ciento. El sector CCF que administra recursos públicos por 12 billones de pesos, según Gustavo Rugeles; sin vigilancia de parte de la Contraloría General de la República; no ha sido ajeno a la corrupción, alentada probablemente por el descuido de la Superintendencia de Subsidio Familiar (SSF), creada en 1981 y la encargada de vigilar las CCF; que las dejó al garete durante más de medio siglo, haciéndose la “de la vista gorda”. Sólo hasta el año 2015 esa Superintendencia inspecciona al menos una vez al año a las CCF. Durante varios años la SSF fue una rueda suelta dentro del engranaje estatal, y las CCF no rendían información a nadie. En últimas son y fueron los empresarios y trabajadores los que pagan los platos rotos por los saqueos a algunas CCF. Para enfrentar el desgreño administrativo las cajas en 2015 adoptaron un pacto por la transparencia en el sistema de subsidio familiar.
Los escándalos de corrupción investigados por la Supersubsidio Familiar y la Fiscalía General de la Nación, han ocurrido en las Caja de Compensación Familiar de Sucre (Comfasucre), Comfamiliar Cartagena y Bolívar, Comfamiliar Camacol Antioquia, Cafaba Barrancamermeja y Comcaja. La Caja de Compensación Familiar de Boyacá, fue la primera en donde se detectaron presuntas irregularidades. A ese lista se suman Comfamiliar Nariño, Huila, Comfenalco Valle, Comfatolima, Comfacor Córdoba y Meta. Las cajas en cuidados intensivos pretenden salvarse con dinero del aporte de empresarios ( Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante, Fosfec), administrado por las CCF.
Algunas de las irregularidades encontradas en las CCF intervenidas e investigadas, de acuerdo a las autoridades, fueron pagar por servicios no prestados, pacientes ‘fantasma’, revisoría fiscal amañada, tercerización irregular de procesos, contratar a parientes de los directores, inusitado crecimiento de la nómina de algunas cajas; bonificaciones extralegales a los empleados pagadas con recursos públicos; entrega de medicamentos sin soporte, cuentas por cobrar vencidas sin iniciarse el cobro judicial, inconsistencias en los estados financieros y sobrevaloración de inmuebles. Por su parte las personas y las CCF se ven defraudadas por estafas en afiliaciones irregulares anunciadas en postes y puentes; y la evasión y mora en el pago de los aportes por los empleadores. Mayor autonomía, mayor seguridad jurídica y ” no seguir entregando el dinero del sistema de subsidio familiar a la banca, a través del pago de intereses”, reclamaron voceros de este sector social.
@luforero4
