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La solicitud fue de la Procuraduría General de la Nación a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que profiera resolución de acusación contra el magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández, dentro del proceso por el pago de millonarias sumas para manipular expedientes en la Corte Suprema de Justicia.

La Agente Especial del Ministerio Público que encontró que hay evidentes motivos de indignidad en el ejercicio del cargo y fundamentos probatorios y jurídicos que vinculan a Malo Fernández con los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción y por omisión y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Para la Procuraduría el magistrado debe ser llamado a juicio penal y político por “conductas con las cuales afectó de manera grave la seguridad pública, la administración pública y la recta impartición de justicia”.
A juicio de la Entidad, las pruebas, resultado de las labores investigativas, permiten inferir “tanto la existencia de una organización criminal dedicada a manipular algunas actuaciones adelantadas en la Corte Suprema de Justicia, previo el pago de altísimas sumas de dinero por parte de los beneficiados con sus maniobras, como la participación que en el dichas actividades tuvo el sindicado”.