–Una indagación preliminar abrió la Contraloría General de la República frente a un posible daño patrimonial por el pago de 253 mil millones de pesos a la empresa Navelena, tras la cancelación del contrato para recuperar la navegabilidad del Río Magdalena.

Se recuerda que en abril pasado, la Corporación Autonóma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) determinó declarar la caducidad del contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena (entre Puerto Salgar y Barranquilla), al consorcio Navelena, como consecuencia de la participación accionaria en esta empresa de la firma brasileña Odebrecht.

La Contraloria reveló que en una auditoria realizada en torno a la liquidación del contrato de la Alianza Público Privada – Cormagdalena Navelena, estableció que los costos y gastos reconocidos a Navelena por más de 253 mil millones de pesos no están plenamente sustentados y podría haberse configurado un posible daño patrimonial que será determinado en la indagación preliminar.

Agrega que la auditoría de cumplimiento realizada por el ente de control determinó la No Conformidad, frente a los criterios aplicados en las facturas que soportan los pagos de operación y mantenimiento realizadas por Navelena, pues no se evidencia el costo de las actividades ejecutadas en los 28 meses de la etapa de pre construcción.

“El valor de cada factura es global y no discrimina las actividades y pagos a terceros que ellas abarcan, como tampoco se anexa a dichas facturas, los respectivos soportes como actividades, subcontratos, pagos a terceros, entre otros y los gastos de personal (Nómina) pagados a NAVELENA SAS, que no fueron soportados con las respectivas planillas de nómina”, puntualiza.

De acuerdo con lo anterior, frente a los costos y gastos reconocidos y certificados por la Interventoría y/o CORMAGDALENA, la Auditoría declaró la NO CONFORMIDAD sobre los siguientes valores:

-Costos por Operación y Mantenimiento por facturas pagadas a NAVELENA EPC por valor de $ 215.199.718.312 a pesos corrientes, equivalentes a $247.906.719.650, valor ajustado IPC y Tasa de descuento pactada.

-Gastos de personal por cuentas de cobro pagadas a NAVELENA S.A.S, por valor de $4.816.955.645,96 a pesos corrientes, equivalentes a $ 5.625.794.993,06, valor ajustado IPC y Tasa de descuento pactada.

-Certificación de la variable ARi de la fórmula por compensación por terminación anticipada en la etapa de preconstrucción establecida en la Sección 50.02 del Contrato de APP.

Igualmente estableció una calificación ineficiente frente al Sistema de Control Interno, debido a que al parecer los controles no mitigaron los riesgos para los cuales fueron creados, toda vez que presentaron debilidades que posiblemente no garantizaron el adecuado seguimiento a los costos y gastos del contrato de Alianza Público Privada.

La auditoría de cumplimiento realizada por la CGR se realizó con el fin de pronunciarse frente a la conformidad legal, administrativa y financiera de los costos y gastos, opinar sobre la función de la interventoría, determinar la conformidad de la reversión de los bienes y evaluar el Sistema de Control Interno de Cormagdalena.

De acuerdo con lo anterior, frente a los costos y gastos reconocidos y certificados por la Interventoría y/o CORMAGDALENA, la Auditoría declaró la No conformidad sobre los siguientes valores:

-Costos por Operación y Mantenimiento por facturas pagadas a NAVELENA EPC por valor de $ 215.199.718.312 a pesos corrientes, equivalentes a $247.906.719.650, valor ajustado IPC y Tasa de descuento pactada.

-Gastos de personal por cuentas de cobro pagadas a NAVELENA S.A.S, por valor de $4.816.955.645,96 a pesos corrientes, equivalentes a $ 5.625.794.993,06, valor ajustado IPC y Tasa de descuento pactada.

-Certificación de la variable ARi de la fórmula por compensación por terminación anticipada en la etapa de preconstrucción establecida en la Sección 50.02 del Contrato de APP.

La Contraloría señala que el hallazgo que será trasladado para Indagación Preliminar y que a su vez tendría presunta connotación disciplinaria concerniente a la Certificación del componente ARi – Liquidación APP001/2014, se relaciona con los documentos entregados a la auditoría, correspondientes a las facturas que soportan los pagos de Operación y Mantenimiento realizadas por NAVELENA EPC.

Añade que los citados documentos no evidencian el costo de las actividades realmente ejecutadas en cada uno de los 28 meses de la etapa de pre-construcción, esto teniendo en cuenta que el valor de cada factura es global y no discrimina las actividades y pagos a terceros que ellas abarcan.

Tampoco se anexa a dichas facturas, los respectivos soportes como actividades, subcontratos, pagos a terceros, entre otros y los gastos de personal (Nómina) pagados a NAVELENA SAS, que no fueron soportados con las respectivas planillas de nómina.

El segundo hallazgo determinado con presunta incidencia disciplinaria se relaciona con las funciones de la Interventoría en cuanto a la Certificación de la variable ARi, al reconocer de manera general costos que no pudieron ser verificados en su totalidad y que al amparo de la sección 50.02 del contrato de APP, debían corresponder exclusivamente a los costos directos asociados con las actividades realizadas en la etapa de preconstrucción, reflejando con ello posibles deficiencias en la certificación de los valores brutos incorporados en los tres informes de certificación de la variable.

A propósito de Navelena, en octubre pasado la Procuraduría General de la Nación pidió a la Fiscalía la extinción de dominio de cerca de 40 mil millones de pesos que recibió Odebrecht en compensación a la liquidación anticipada del contrato entre la Corporación Autónoma Regional de Magdalena y Navelena.

Así mismo, abrió investigación disciplinaria a cuatro exdirectores ejecutivos de Cormagdalena, tres exfuncionarios y un interventor, por posibles actos de corrupción en el contrato de Alianza Público Privada para la navegabilidad del río Magdalena.

El Ministerio Público estableció que al cruzar cuentas por la terminación de esta APP se acordó que Cormagdalena debía reconocer a favor de Navelena más de 189.068 millones de pesos, de los cuales a Odebrecht por su participación en la sociedad (86,67%) le correspondían 163.865 millones de pesos.

Para la Procuraduría es necesario que de esos recursos se ordene la extinción de dominio a cerca de 40.000 millones de pesos que le quedarían a la multinacional luego de cancelar el crédito suscrito con el Banco Agrario y sus respectivos intereses.

Adicionalmente, insistió a la Fiscalía en la solicitud de medidas cautelares de posesión de bienes, haberes y negocios de la multinacional, para ser puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales, en su condición de depositaria provisional de todos los bienes en donde la firma tenga interés y participación.