El Concejal Marco Fidel Ramírez, presentó una acción de nulidad contra el decreto distrital por medio del cual el alcalde Peñalosa extendió el horario para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas o embriagantes en Bogotá.

De acuerdo con el concejal, el decreto va en contra del preámbulo de la Constitución y del artículo segundo, en lo relacionado con el deber del Estado de proteger la vida, honra, bienes y la convivencia pacífica de la ciudadanía.

La demanda interpuesta por el Concejal de la Familia en diciembre de 2017 ante el Juzgado Tercero Administrativo se soporta en el estudio realizado en 2016 por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que demuestra la relación directa entre el consumo de alcohol y la comisión de delitos en Bogotá, como homicidios, violencia intrafamiliar, abuso sexual, feminicidios, lesiones personales; así como el aumento de accidentes de tránsito.

De acuerdo con este estudio de Medicina Legal, Bogotá ocupó lamentablemente el primer puesto en el país en violencia de pareja, con casi 13 mil casos; en delitos sexuales, con más de 4.500 eventos; en violencia interpersonal, con más de 27 mil casos; y el segundo lugar en violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, con 3.474 casos, por citar solo algunas de las cifras que comprometen al Distrito Capital en la relación consumo de alcohol y aumento de violencia.

Por datos como las anteriores, el concejal Ramírez considera inaudito que Peñalosa, mientras, por un lado, reconoce en programas como En vivo Semana, del 16 de noviembre de 2017, que el consumo de alcohol es la mayor causa de homicidios, inseguridad y violencia en Bogotá, por el otro, se contradiga y decrete un mes después la ampliación de los horarios de expendio y consumo de alcohol en el Distrito Capital.

Finalmente, para el Cabildante de Opción ciudadana “existen actividades económicas como las industrias licorera y tabacalera, que deberían mantener restricciones para proteger la vida, seguridad y convivencia pacífica de la ciudadanía, sobre todo de la más vulnerable como niños, niñas, adolescentes y mujeres, y no recibir privilegios de los alcaldes”.