Defensoría advierte que Cartel de Sinaloa estaría financiando al ELN y otras bandas delincuenciales
La Defensoría del Pueblo advirtió este viernes que se estaría presentando una financiación del cartel mexicano de Sinaloa a grupos tanto a grupos criminales como a la guerrilla del ELN.
También alertó la entidad por la expansión de las Autodefensas Gaitanistas en Córdoba, primordialmente en el municipio de Tierra Alta, donde buscan incrementar su poder armado así como nuevas rutas para el tráfico de drogas.
La Defensoría señala que el “Grupo de los JJ” e integrantes del ELN estarían demostrando grandes cifras de dinero y manifestando estar siendo financiados por el Cartel de Sinaloa.
La alerta ya fue enviada al ministro del Interior, Guillermo Rivera, alertando acerca de la expansión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacia zona rural del municipio de Tierra Alta donde hacían presencia los frentes 5, 18 y 58 de las antiguas Farc.
El información lo precisa así: “Se ha venido presentando reclutamiento de miembros de los frentes 5 y 18 en el área rural de Tierra Alta y del Frente 18 en Puerto Libertador”.
Y se señala en el documento que las Auto Defensas Gaitanistas de Colombia recurre a la entrega de incentivos para desestabilizar organizaciones comunitarias, poniendo en riesgo la vida de líderes sociales y comunitarios.
También manifestó la preocupación por la demora de las instituciones en garantizar la reincorporación de miembros de las Farc en Córdoba, lo que ocasiona reclutamiento de los excombatientes por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
El organismo advirtió que en el departamento de Córdoba, en el municipio de Tierra Alta, corregimientos de Saiza, Aguila Batatas, Crucito, Frasquillo, Callejas, San Felipe de Cadillo, Palmira, Santa Marta, Santa Fe de Ralito, Bonito viento, Mantagordal y Severina, la población está en riesgo de confinamiento, desplazamiento, violencia sexual, homicidios selectivos y reclutamiento de menores.
La Defensoría del Pueblo conminó a la Fiscalia, a la Gobernación de Córdoba, a la UNP y otras instituciones gubernamentales para replicar las alertas y las medidas necesarias para proteger a la población victima en esta región de Colombia.
