Con la entrada en vigencia de la Administradora de Recursos de Salud (ADRES), el pasado primero de agosto, se dio un paso más para avanzar en la adopción de la nueva Política de Atención Integral en Salud, que busca mejorar las condiciones de acceso y servicios para la población, mediante la articulación de los actores de la cadena de valor del sector y un seguimiento más riguroso a los pacientes.
De esta forma, el ADRES se convirtió en el nuevo banco de la salud y asumió la misión de administrar los recursos que hacían parte del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) y demás elementos que financian el aseguramiento en salud.
Así mismo, se definieron cuatro estrategias fundamentales: Acceso a la atención primaria, con enfoque de salud familiar y comunitaria; continuidad en el cuidado de los pacientes; gestión integral del riesgo en salud, y enfoque diferencial de territorios y poblaciones. Adicionalmente, se dio luz verde para empezar a crear redes integrales de servicio, con un Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), enfocado en la medicina familiar.
En este proceso, los médicos juegan un papel fundamental no sólo en la atención primaria de los pacientes, sino en el seguimiento permanente a cada uno de ellos, lo cual resulta altamente positivo para ellos y para el sistema. No obstante, respecto de las condiciones de vinculación y de estabilidad del talento humano en salud no se conoce una política formal o una posición oficial del Gobierno.
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En la actualidad, según la doctora Olga Cubides, subdirectora jurídica de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), “el
panorama del talento humano es complejo, en la medida que hay algunos profesionales vinculados a través de contratos de prestación de servicios, otros mediante contrato sindical y unos más bajo diversas modalidades, entre ellas la laboral”.
En algunos casos se han presentado retrasos en el pago de las obligaciones al talento humano en salud, por parte de las Instituciones Prestadoras de Salud. Sin embargo, los profesionales y especialistas han sido compresivos porque al tener dos o más contratos de prestación de servicios compensan y manejan sus ingresos, pero existen graves perjuicios, por ejemplo en casos de liquidación de IPS o EPS no se les han cancelados los honorarios
pendientes, con el agravante que en los casos de vinculación a través de contrato de prestación del servicio, las acreencias no tienen prelación en el pago por no ser una obligación derivada de una vinculación laboral.
Las condiciones de la prestación de servicios de salud, en algunas ocasiones no se ajustan a estándares de seguridad y calidad en el servicio, un aspecto en el cual debe continuar trabajando el Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud.
Cambios en la contratación
Al parecer con el nuevo modelo de Atención Integral en Salud, uno de los planteamientos de algunas redes es laboralizar al talento humano, es decir,
vincularlo directamente bajo contrato de trabajo en el sector privado o relación legal y reglamentaria en el sector público, devengando un salario fijo mensual y en algunos casos con salario integral.
Sin embargo, el análisis de los montos de remuneración deben estar acorde con la exposición al riesgo biológico de la profesión misma, la experiencia y trayectoria de los especialistas, de lo contrario se pondrá en riesgo su estabilidad e incluso vulneración de derechos fundamentales. Si se llegare a vincular laboralmente a los especialistas, ya no se exigirá póliza de responsabilidad civil que actualmente es un requisito para la
contratación, como mecanismo de traslado de riesgo, lo cual puede ser positivo en la medida en que el profesional no incurriría en gastos adicionales para su contratación.
Igualmente, existe incertidumbre frente a la estabilidad de algunas Empresas Prestadoras de Servicio (EPS) y de Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que pueden quebrar ante la falta de músculo financiero para competir con las nuevas Redes Integradas de Prestadores de Servicios de Salud, que no sólo están atrayendo capital extranjero proveniente principalmente de Chile y España, sino a médicos y especialistas de otras partes del mundo.
Según las estadísticas que se manejan en el sector, la deuda a las IPS ha ascendido y está cerca de los 10 billones de pesos, en donde existe un riesgo enorme que muchas de estas vayan a la quiebra. “El Gobierno nos quiere obligar a que perdamos nuestros recursos, sin la más mínima preocupación de cuántas IPS tengan que morir en el proceso, a sabiendas de que es el único responsable real de nuestras acreencias”. Puntualiza Liliana Levete Añez, vocera de la Asociación de IPS.
Desde la óptica de los anestesiólogos agremiados en la S.C.A.R.E, el sistema no se ha terminado de perfeccionar, y es necesario dar a conocer las políticas de implementación e involucrar al talento humano en salud. En particular se resalta por parte de S.C.A.R.E. que se debe garantizar el cumplimiento de la Ley Estatutaria en Salud que establece que, el talento humano en salud debe estar amparado por condiciones laborales justas y dignas con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales.
