–Un nuevo escándalo de corrupción puso al descubierto la Contraloría general de la República, esta vez en la Rama Judicial: El Consejo Superior de la Judicatura ha pagado en los últimos 5 años un mayor valor de $2.813 millones de pesos en salarios y prestaciones de nómina y, en este mismo período, ha realizado adiciones de cesantías de $4.406 millones, situación que muestra grandes debilidades y serias falencias en los procedimientos que aplica para la administración de personal.

Así lo determinó la Contraloría General de la República en una Auditoría de Cumplimiento al proceso de reconocimiento, liquidación, pago de salarios y prestaciones laborales de los servidores de la Rama Judicial para las vigencias 2013 a Octubre de 2017.

En la auditoría se detectaron 45 hallazgos administrativos, 12 de los cuales se calificaron con incidencia fiscal, por Salarios y Prestaciones Sociales de personal que ya había sido retirado del servicio, doble pago de cesantías, pago de sobre sueldo del 8% eliminado desde 1991 y aplicación de la No solución de continuidad en el auxilio de cesantías que generó mayores valores pagados.

Según la Contraloría, estas situaciones hacen incurrir al Consejo Superior de la Judicatura en un desgaste administrativo que conlleva a procesos de ajustes recurrentes, lo que en muchas ocasiones ha impedido la recuperación oficiosa de los dineros pagados en exceso y en consecuencia, exige el inicio de procesos de cobro coactivo.

Deficiencias del Sistema que soporta las liquidaciones
Se encontró que a pesar de los $12.000 millones que se han invertido durante 8 años en la solución tecnológica Kactus, para dar soporte a los procesos de administración y gestión del talento humano, la misma presenta varias deficiencias.

De hecho, debido a los errores en las liquidaciones realizadas a través del Sistema Kactus, las seccionales del Consejo Superior de la Judicatura se han visto obligadas a trabajar con instrumentos alternos para realizar las correcciones del caso, validar y calcular las cesantías-prestaciones.

Dado que el Kactus no se ha podido consolidar como la herramienta que permita liquidar con autonomía las prestaciones de los funcionarios de la Rama Judicial, esta situación puede afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada en estos archivos alternos.

Otras fallas detectadas
Al evaluar el proceso institucional de reconocimiento, liquidación y pago de la nómina y prestaciones de los empleados de la Rama Judicial, la Contraloría encontró debilidades asociadas a temas como incumplimiento normativo, alta rotación de personal y falta de oportunidad de los nominadores para comunicar las novedades, así como ausencia de control y seguimiento para realizar verificaciones.

A esto se suma la carencia de procedimientos en procesos para liquidación de vacaciones, cesantías y salarios, donde se definan las competencias, actividades y responsabilidades. Lo anterior se traduce en una gestión fiscal ineficiente e ineficaz del recurso público que atiende el gasto de personal en la Rama Judicial.

Giros de cesantías soportados en valores no causados
La Contraloría evidenció también que mediante Circular 13 de 2005, el Director de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ordenó la apertura de cuentas globales para cada uno de los fondos de cesantías, con el fin de realizar el giro de cesantías a los funcionarios afiliados, contrario a lo establecido por las normas que regulan este auxilio.

Con esta práctica, la entidad viene efectuando giros soportados en proyecciones y no en valores realmente causados, lo que lleva a que los ajustes necesarios para cada caso particular, se efectúen por comunicaciones individuales, escapando a la cadena presupuestal que rige para la Rama Judicial, y se gire en muchos casos mayores valores de los que corresponden, dejando a cargo de los Fondos los recursos remanentes.

Además de lo expuesto, la entidad no adopta correctivos para reducir el índice de errores que generan las dobles acreditaciones, situación que se convierte en un riesgo permanente para el manejo de los recursos públicos destinados al pago de las cesantías del régimen individual.

Según se desprende del análisis del movimiento de la cuenta global a nombre de la AFP PORVENIR durante las vigencias 2013-2016, desde esta se pagaron intereses de cesantías y cesantías definitivas, lo mismo que sentencias por demandas contra la Entidad por mala liquidación de esta prestación económica, situaciones que debían ser canceladas directamente a los funcionarios y no a través de la entidad administradora, lo que además implicó costos administrativos a cargo de los afiliados y en favor del Fondo.

Liquidación de cesantía anualizada desconoce normatividad
La Contraloría encontró también que en la Rama Judicial se liquidan las cesantías anualizadas, a través de un procedimiento no previsto por el legislador, acumulando tiempos de servicio derivados de diferentes vinculaciones en una misma anualidad, aplicando indebidamente la no solución de continuidad en la liquidación del auxilio de cesantías, hecho que aumenta injustificadamente las erogaciones en el presupuesto de gastos de personal de la Rama Judicial.

Esto porque mediante Circular DEAJC17-59 de 2017 se cambió el procedimiento de liquidación de la cesantía anualizada, aplicando la acumulación de periodos, desconociendo la normatividad vigente que regula la materia y asumiendo una competencia exclusiva del legislador.