–Un juez de Bogotá revocó la decisión de no imponer medida de aseguramiento contra el fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, y ordenó su envío a la cárcel, dentro del proceso por el sonado escándalo de corrupción del «cartel de la hemofilia» en el departamento de Córdoba.

La medida fue impuesta por solicitud de la propia Fiscalía General de la Nación, la cual, a través del fiscal del caso pidió cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario al funcionario, que tuvo a su cargo el proceso investigativo por el negociado hecho con los recursos del plan de salud para los enfermos de hemofilia.

El pasado 4 de octubre de 2017, una juez de control de garantías de Bogotá se negó a imponerles medida de aseguramiento. Hoy, esa decisión fue revocada, como se dijo, por apelación que en su momento hiciera la Fiscalía General de la Nación.

«En consecuencia, estamos procediendo a la captura del fiscal Daniel Fernando Díaz Torres, así como del exsecretario de Salud de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán», indicó en el comunicado el organismo investigador.

El fiscal Díaz Torres es acusado de supuestamente haber recibido dinero de José Jaime Pareja Alemán, exsecretario de Salud de Córdoba para manipular la investigación en este caso de corrupción.

El fiscal encargado del caso denominado el «cartel de la hemofilia» en Córdoba, Daniel Fernando Díaz Torres, adscrito a la Dirección Especializada contra la Corrupción, fue capturado el 3 de octubre de 2017 «por incurrir presuntamente en actos de corrupción» dentro de ese proceso.

Simultáneamente se produjo la captura del exsecretario de Salud departamental de Córdoba, José Jaime Pareja Alemán.

Ambos funcionarios fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir y cohecho (propio y por dar u ofrecer).

Otros capturados dentro de este proceso son Alfredo José Aruachan Narváez, exsecretario de Salud de Córdoba; Alexis José Yaines Acuña, secretario de Salud encargado, y Marcela Sofía Suarez Luna, auditora médica, todos durante el periodo de 2012-2014.

La causa fue la expedición de 23 resoluciones entre el 28 de mayo de 2013 y el 20 de noviembre de 2014, en las que la Secretaria de Salud del departamento ordenó el pago y suministro de medicamentos No POS (Plan Obligatorio de Salud), denominado factor VIII, en beneficio de 56 pacientes de la población pobre no cubierta, con subsidios por un valor de $17.193.286.668.

La Fiscalía estableció que aunque algunos de estos pacientes no sufrían de hemofilia, se les giró el pagó de manera reiterada a pesar de no contar con afiliación al sistema de salud. Otros pacientes que sí padecían la enfermedad no tuvieron acceso a los medicamentos ni recibieron oportuno tratamiento.

En este proceso también son procesados el ex director anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Luis Leonardo Pinilla Gómez, el senador Musa Besaile Fayad, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyions Muskus y el particular Guillermo Pérez Ardila, entre otros.