La liquidación judicial de Navelena le da el primer remezón del año al tema de la corrupción en el sector público, que fue protagonista en 2017. Este es un golpe de año nuevo para los colombianos que aún no se reponen de otros escándalos en el sector privado como los de Interbolsa, Estraval y Camargo Correa, los cuales dejaron miles de damnificados, y entre ellos a los revisores fiscales y a la figura de los auditores externos.

Firmas de auditoría con reconocimiento internacional así como pequeñas y medianas, de origen local, que prestan estos servicios en el país, han sido puestas en entredicho por los organismos de control y vigilancia.

Estas, han recibido sanciones, en muchos casos arbitrariamente y sin tener en cuenta la absoluta responsabilidad de los gobiernos corporativos que, con sus malintencionadas o desacertadas actuaciones, ocultan sus ilícitos propósitos a quienes ejercen al interior las actividades de control como los revisores fiscales y a los funcionarios a cargo del control interno de las organizaciones.

Alexandra Peñuela, Gerente Líder O&G e IFRS de la Firma BDO, asegura en este sentido que la tarea de evitar fraudes es responsabilidad del gobierno corporativo, de la administración y de todos los empleados, por lo que es importante crear una cultura ética encaminada a minimizar el riesgo de fraude.

“Si bien, el revisor fiscal tiene dentro de sus innumerables funciones la de evaluar y realizar recomendaciones sobre el control interno de la entidad y sobre los procedimientos implementados para el cumplimiento legal, la responsabilidad del diseño y el monitoreo del día a día está en cabeza del gobierno corporativo y demás funcionarios de cada entidad”, afirma Peñuela.

Citando a Eric Rodríguez, decano de la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, “el problema con la figura de revisor fiscal es que fue creada como una ayuda para los entes de control del Estado que supervisan las empresas, pero también se le han trasladado las funciones de control que deberían ejercer las juntas directivas y la gerencia, y los revisores no pueden hacerlo todo”.

En este sentido, el socio director de la práctica de Auditoría de BDO, Ricardo Díaz, agrega: “las entidades deben implementar estrategias antifraude efectivas para alertar y detectar malos manejos de empleados o contratistas. Dentro de estas estrategias se podrían incluir actividades de prevención, detección proactiva y acciones de investigación de fraude para aquellos que son o se han detectado como sospechosos”.

“Con un gobierno corporativo honesto y transparente, lo idóneo será también establecer un control interno robusto, basado en las mejores prácticas y el monitoreo permanente”, concluye Díaz.

Debido a que el fraude, por lo general se comete acompañado por la manipulación de datos financieros y contables, según la NIA 240 (Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Información emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento), en sus numerales 5, 6 y 7, los auditores externos realizan pruebas de los comprobantes contables para detectar indicios de manipulación.

Estas pruebas se realizan a través de muestreos estadísticos y no sobre la totalidad de la información, por lo que, a mayor riesgo detectado y evaluado por el auditor externo, mayor debería ser la muestra para probar, pero aun así podrían no detectarse las irregularidades ni el fraude.

Independientemente de que las organizaciones cumplan o no estas recomendaciones, los revisores fiscales siempre estarán en desventaja pues su trabajo, por profesional que sea, siempre tendrá el lastre de las irregularidades y los ilícitos que se fraguan en el interior de las empresas y, que muchas veces pasan “disfrazados” frente a los ojos de los directivos con trucos tan elaborados que son dignos de verdaderos magos.

El problema será aún más crítico para los revisores fiscales si es que los generadores de fraudes, otros actos ilegales e irregularidades provienen de nefastos directivos de la alta dirección en la empresa. Ningún revisor fiscal y ninguna estructura de control interno, por más robusta que sea, tendrá la capacidad de mitigar esos riesgos o de advertirlos. Adicionalmente, el exceso de responsabilidades que pretenden cubrir los órganos de supervisión y vigilancia a través de la revisoría fiscal deben ser revisadas con detenimiento.