Este miércoles el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, advirtió sobre la necesidad de conciliar el impacto de la industria extractiva, la protección de la biodiversidad y el derecho a gozar de un ambiente sano, sin que implique exclusiones de un derecho frente a otro.

En la instalación de la audiencia ‘Nación, Territorios y Subsuelo’, Carrillo Flórez expresó que “se están tratando de crear unos consensos alrededor de la importancia de hacer compatibles los derechos desde el punto de vista político, desde el punto de vista ambiental”.

“El papel de la Procuraduría es ser árbitro entre muchos intereses, es solucionar un problema de equilibrio entre derechos, y aquí hay unos derechos de unas minorías, derechos ambientales y derechos de unas empresas. Lo que hay que hacer es buscar una alternativa consensuada a esa tensión entre derechos de tantos agentes”.

Para el jefe del Ministerio Público es importante tener en cuenta que los desarrollos económicos y tecnológicos deben ser compatibles con la protección del medio ambiente y la preservación de los valores históricos y culturales.

Frente al desarrollo de la actividad minera, Carrillo Florez expresó que la Corte Constitucional reactivó las consultas populares al autorizar la de Pijao, Quindío, y precisó la facultad de los entes territoriales de regular el uso del suelo, que incluye la posibilidad de prohibir la actividad minera. “El debate está completamente abierto”, insistió.

En ese tema, lo importante para el jefe del Ministerio Público es determinar cómo se van a encontrar soluciones entre la visión de las autoridades nacionales del sector y las locales, que en muchos casos van en direcciones distintas.

Anunció que desde la Procuraduría se recaudará la información necesaria para valorar la situación del sector “en términos de lograr un argumento que a la hora de la verdad implique por ejemplo empleo, ingresos fiscales, siempre y cuando en términos de costo beneficio no se vaya a lesionar los intereses colectivos que son al fin y al cabo los intereses públicos que defiende esta Procuraduría. Lo trascendental es que marquemos esa pauta y ese talante de que es posible dialogar sobre estos temas, llegar a consensos y avanzar en la agenda de políticas públicas en esta materia”.

Para Carrillo Flórez la audiencia ‘Nación, Territorios y Subsuelo’ abre una luz al final del túnel en lo que muchos han considerado posiciones irreconciliables que nos llevan a un callejón sin salida. “Esa no puede ser la tendencia que se imponga en Colombia en los próximos años”, dijo.

En la audiencia ‘Nación, Territorios y Subsuelo’ intervinieron como panelistas los ministros de Minas y Energía, Germán Arce, y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo; los magistrados de la Corte Constitucional Alejandro Linares y Gloria Stella Ortiz; y los presidentes de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, y del Foro Nacional por Colombia, Fabio Velásquez.

También participaron los alcaldes de Buriticá, Antioquia, Humberto Antonio Castaño, y de Pijao, Quindío, Edinson Aldana; el Presidente de Anglo Gold Ashanti, Felipe Márquez; la líder de Cocomacia, Rosmira Salas Lenis, y el Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Luis Fernando Arias, y la directora de Semana Sostenible, Carolina Urrutia.

Como moderadores de los paneles estuvieron el Director del diario Portafolio, Ricardo Ávila, y el Jefe de Redacción del portal La Silla Vacía, Juan Esteban Lewin.

AUDIENCIAS EN LOS TERRITORIOS
Durante la audiencia, el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortes González, quien lideró el panel entre el ministro de Ambiente y la directora de la Revista Semana Sostenible, señaló que la entidad se enfrenta a un delicado ejercicio de la ponderación, frente a las diversas tensiones entre los agentes del sector.

“Las constituciones no solucionan todos los problemas como receta mágica, pero si son las sombrilla para resolver las tensiones”, precisó el viceprocurador al reconocer que la entidad debe mediar y ponderar entre bienes y derechos.

“La tensión entre la titularidad de la decisión sobre el uso del suelo y del subsuelo, que es un gran debate jurídico, político, de reflexión de Estado; una tensión enorme frente a la protección medio ambiental, la sostenibilidad de la sociedad y del país, los derechos de los pueblos, de las comunidades que habitan en los territorios, la dignidad humana de los trabajadores que participan en estas intervenciones, cuánto afecta la explotación a la convivencia y por supuesto el modelo de desarrollo y el modelo de país y hasta donde el compromiso hacia el futuro es centrarnos en la extractivo o no”.

Para el viceprocurador es claro que estas tensiones jurídico políticas giran alrededor de la legalidad, en lo que tiene que ver con licencias ya aprobadas, la informalidad y la ilegalidad, que además de ser un tema vinculado con la corrupción exige acciones de cara a un trabajo decente, y los compromisos con empresas internacionales.

Anunció que la Procuraduría liderará en los territorios audiencias similares que permitan avanzar en un acompañamiento a los temas y responsabilidades de gobierno, congreso y actores del sector.