El director de Cambio Radical, Luis Guillermo Vélez y el candidato al Senado por Cambio Radical denunciaron hoy que las FARC incumplieron el plazo fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – de tres días – para responder sobre la situación de los menores reclutados en sus filas, por lo que solicitaron al tribunal tomar las medidas penales correspondientes.

Mancera explicó que no responder al llamado del alto Tribunal se constituye en delito de fraude a resolución y el representante legal del nuevo partido se expone a prisión o multa económica como lo establece el artículo 454 del Código Penal.

Por su parte, el director de Cambio Radical, aseguró que “bienvenida las FARC a la democracia y estar en la democracia es cumplir con las reglas de un Estado de Derecho”.

Agregó que “ante el incumplimiento le solicitamos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que active el desacato porque esta es la primer denuncia que va por un tribunal judicial distinto a la JEP” y aseguró que “esta falta de respuesta a un tema tan importante como el de los niños de la guerra nos genera la duda de que no van a cumplir”.

Mancera quien interpuso una acción de cumplimiento sobre menores víctimas del conflicto armado, admitida por el alto tribunal, criticó que el nuevo partido no haya respondido a la solicitud del ente judicial, ni haya dado a conocer a la fecha el número de menores reclutados en los últimos años ni su actual situación, cuando informes como el del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) dan cuenta de más de 16.000 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados durante más de medio siglo de conflicto armado.

El candidato de Cambio Radical recordó que el informe del CNMH estableció que las guerrillas han sido los mayores reclutadores de menores con 8.701 casos que equivalen al 69% del total. “De ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hoy desarmadas y transformadas en partido político, fueron responsables de 54% del total y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de un 10%”, agregó.

Mancera dijo que la demanda que cursa ante el alto Tribunal, obliga por primera vez a las FARC-Ep, como grupo político, a entregar información y responder por los niños reclutados en sus filas.

Reveló que “según información del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vencido el plazo sobre los requerimientos de la acción de cumplimiento se recibió respuesta sobre los niños reclutados en medio del conflicto de ICBF, la presidencia y La Fiscalía. Los únicos que han hecho oído sordo al llamado judicial son las Farc”.

La demanda radicada ante el alto tribunal desde diciembre del año pasado establece que existe una falta de información confiable y suficiente sobre el número de menores reclutados como en los entregados por el grupo guerrillero y no se ha realizado una efectiva verificación de dicha entrega por parte del gobierno, tal como se estableció en el compromiso con las FARC-EP, en mayo de 2016.