–Por supuestamente haber incurrido en el delito de constreñimiento al sufragante, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación penal a la senadora Yamina Pestana Rojas.
El alto tribunal indicó que en desarrollo del procedimiento, en próximos días la congresista será llamada a rendir indagatoria por hechos de campaña política del 2014 y conductas frente a empleados y usuarios de la EPS indígena Manexka.
Pestana Rojas, quien pertenece a la etnia Zenú, es oriunda del municipio de Momil, departamento de Córdoba, está siendo investiada disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.
El proceso lo inició el ministerio público el 6 de noviembre del año pasado, precisamente por el presunto financiamiento de su campaña política con dineros de la EPS Indígena Manexka.
La Procuraduría informó entonces que se detectó un presunto desvío de dineros por parte del hermano de la senadora, Pedro Pestana, para apoyar la campaña de la congresista, quien en la campaña 2014 – 2018 obtuvo un escaño con la quinta votación más alta del partido Conservador en el país; sumó 85.000 sufragios.
En el caso de Manexka las autoridades investigan un presunto saqueo que supera los 7 mil millones de pesos por recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas quienes aparentemente seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías.
El caso de Pestana Rojas se abrió en forma simultánea en un paquete investigativo que incluyó a otros 6 congresistas, así:
Senador Hernán Francisco Andrade Serrano, por su presunta participación en una red de la que harían parte los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y su socio Leonardo Luis Pinilla, para manipular procesos en la Corte Suprema de Justicia.
Senador Álvaro Antonio Ashton Giraldo, por el presunto pago de una millonaria suma al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.
Senador Musa Abraham Besayle Fayad, por el presunto acuerdo o negociación con el abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para el pago de una millonaria suma que evitara que la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra.
Senador Antonio del Cristo Guerra de la Espriella por presunta recepción de dineros por parte de Odebrecht para la adjudicación de proyectos, y por su gestión para la consecución de recursos que financiaran el tramo Ocaña – Gamarra (Otrosí No. 6 Concesión Ruta del Sol II), la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto lobby ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera.
Exsenador Plinio Olano Becerra y al representante a la Cámara, Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, por presuntamente haber recibido dineros de parte de la firma Odebrecht para la adjudicación en 2012 de proyectos que beneficiarían a la multinacional, como la Concesión Ruta del Sol II.
Reepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez por presunto cobro de dineros a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo – UTL-, y por la presunta recepción de dinero a cambio de “engavetar” un proyecto de ley para demorar el trámite legislativo de la iniciativa, que introducía cambios en las evaluaciones sicológicas para los empleados de las empresas de vigilancia del país.
