La Unidad de Información y Análisis Financiero divulgó hoy los resultados de la II Evaluación Regional de Riesgo UIAF (ERR 2018), un ejercicio que permitió identificar las amenazas y vulnerabilidades en cada una de las regiones del país frente al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas destacó la importancia de estas evaluaciones realizadas por la UIAF, las cuales, aseguró el ministro Cárdenas, “nos fortalecen en materia de prevención y detección del lavado de activos. El sector privado también contará con un importante insumo para la actualización o construcción de matrices de riesgo, que les permitirá tomar acciones para fortalecer esta lucha”.
Por su parte, el director de la Unidad, Juan Francisco Espinosa Palacios, manifestó que “el objetivo de las ERR de la UIAF es que sean utilizadas como referente para la construcción de matrices de riesgo y la actualización o validación de los sistemas de administración del riesgo”, aseguró el director de la Unidad, Juan Francisco Espinosa Palacios.
La Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos (ERR 2018) es el segundo reporte de este tipo que publica la UIAF. Con los resultados arrojados, la entidad ha logrado actualizar el mapa de riesgos en el país como parte de un trabajo cardinal para la implementación de proyectos de prevención del LAFT con enfoque regional.
Según Espinosa, “con este ejercicio se consolida un instrumento robusto para identificar cambios en los riesgos a nivel regional y se entrega una herramienta de apoyo para las labores de prevención y detección de los sectores público y privado”.
La versión de este año incluye a Bogotá D.C. (considerada como una nueva región, por su dimensión económica y características particulares), además de las seis regiones evaluadas en la anterior versión: Pacífico, Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur, Llanos Orientales y Eje Cafetero.
La ERR refleja los resultados de una encuesta de percepción en la que participaron más de cinco mil oficiales de cumplimiento de todo el país, así como funcionarios de las entidades públicas a nivel territorial.
“Es importante resaltar que la ERR utiliza como instrumento principal la Encuesta de Percepción del Riesgo de Lavado de Activos, también liderada por la UIAF, a través de la cual consultamos la opinión de los agentes del sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo”, señaló el director de la UIAF.
Los resultados
Una vez se comparan los resultados de 2018, frente a los de 2017, se observa que la corrupción, el narcotráfico, el contrabando y la extorsión continúan siendo las actividades ilícitas que representan mayor amenaza para el país.
Dentro de las cinco principales actividades ilícitas que los encuestados destacan como la mayor amenaza en su región son: la corrupción, con un 67%; seguido por el narcotráfico, con un 58%; al contrabando le corresponde el tercer lugar, con 57%; la extorsión, con 44%, y la evasión tributaria, con 38%.
El informe revela que las cinco principales actividades económicas que los encuestados perciben como vulnerables son: actividades inmobiliarias y edificaciones (43%), comercio al por mayor y al por menor (37%), juegos de suerte y azar (33%), construcción y obras civiles (31%) y entidades sin ánimo de lucro (25%).
En línea con el PND y las Recomendaciones del GAFI
Las ERR forman parte de un gran proyecto del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 2014 – 2018, sobre Seguridad, Justicia y Democracia para la construcción de paz. El PND estipuló la realización de informes territoriales de riesgo de LA/FT, como parte de la estrategia nacional para la implementación de proyectos de prevención en la materia, con enfoque regional.
Además, estas evaluaciones son una respuesta a la primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala la importancia de identificar, evaluar y entender los riesgos de LAFT para tomar medidas, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo encargado de coordinar acciones para evaluar los riesgos, así como emplear recursos encaminados a asegurar que se mitiguen eficazmente.
