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Este es el ABC de la política de reincorporación

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, en la vereda de Las Colinas, en Guaviare.
1. ¿Cuál es el objetivo de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (PNRSE)?

El Objetivo de la política de reincorporación es garantizar a largo plazo todas las garantías para que los exintegrantes de las FARC-EP y sus familias accedan a sus derechos como ciudadanos colombianos y a los beneficios que se les corresponden por acogerse al proceso para finalizar el conflicto armado. Además de contar con el acompañamiento necesario para construir un proyecto de vida productivo.

2. ¿Qué se requiere para alcanzar el objetivo?

Que los exintegrantes de las FARC-EP permanezcan en el proceso cumpliendo sus obligaciones, incluidas aquellas en materia de requerimientos judiciales.

Que el Estado mantenga el compromiso de ayudar a que las personas que dejaron las armas consigan una reincorporación plena en la sociedad.

Para eso la Política establece:

• Fortalecer los procesos de articulación y planificación entre los actores involucrados en la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.

• Promoción de espacios que aporten a la reconstrucción del tejido social, la convivencia y la reconciliación.

• Generar condiciones para que los exintegrantes de FARC-EP tengan acceso a programas, mecanismos y recursos necesarios para su estabilización y proyección económica, junto a sus familias, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y potencialidades.

• Crear mecanismos para que exintegrantes de las FARC-EP y sus familias tengan fácil acceso y atención de los derechos fundamentales e integrales.

3. ¿Qué significa que esta política sea implementada a través de un CONPES?

La consagración de la política de reincorporación en un documento CONPES , dentro de los nuevos contextos creados por la transición y la construcción de una paz estable y duradera, permite trazar una hoja de ruta, para el mediano y largo plazo, hacia la consolidación de una política de Estado para la reincorporación de los exintegrantes de las FARC-EP. Además permitirá la articulación de las acciones y recursos del Estado para su implementación.

4. ¿La implementación de esta política está planteada a cuántos años?

El alcance de la política está planteado a 8 años desde su implementación hasta 2026, según el Plan Marco de Implementación acordado entre el Gobierno nacional y los representantes de la Farc y la CSIVI. La ejecución de la política comenzará en el segundo semestre de 2018, proceso complementario a las acciones en materia de reincorporación temprana.

5. ¿Existe un cronograma para su implementación y cómo se le hará seguimiento?

Todas las acciones establecidas en la política tienen un cronograma de gestión y las entidades responsables de asegurar su implementación deberán entregar cada seis meses al Departamento Nacional de Planeación – DNP, informes de avances sobre el estado de implementación de sus obligaciones.

6. ¿Está asegurada la sostenibilidad en el tiempo de esta política?

Sí. Los costos estimados para la implementación de la política serán aportados por las entidades responsables del cumplimiento de las acciones previstas por dicha política.

7. ¿Cuáles son los enfoques de esta política?

La política busca garantizar un mayor nivel de inclusión y acceso igualitario, para esto incluye los enfoques de género, territorial, de derechos y étnico. Gracias a estos, la reincorporación promoverá el desarrollo de las mujeres como sujeto activo de este proceso, respetará las diferencias y fortalecerá las capacidades territoriales, el goce efectivo de los derechos políticos, económicos y sociales, y concertará con las comunidades étnicas el enfoque del trabajo cuando este involucre a sus comunidades.

Territorial: Reconocimiento de las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades en el proceso de construcción de la paz.

Género: Adopción de medidas específicas en la planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados en el Acuerdo Final para que se implementen teniendo en cuenta las necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres.

De derechos: Propender por la protección y garantía del goce de los derechos de todos los exintegrantes de FARC-EP sin discriminación alguna..

Étnico: Impulsar medidas y acciones que permiten dar un trato diferenciado a las personas que se auto reconocen como pertenecientes a un grupo étnico, en aras de garantizar el acceso a las oportunidades ofrecidas por el proceso de reincorporación.

Adicionalmente es importante tener en cuenta que la población de exintegrantes de las FARC-EP se caracteriza por su ruralidad, en esa medida un número importante de las acciones de esta política reconocen esta situación en el marco de su implementación.

8. ¿Cuáles actores están involucrados en la implementación de la política?

La política de reincorporación establece la convergencia de múltiples entidades del Estado con el acompañamiento de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y en coordinación con las instancias de articulación institucional creadas en el marco del Acuerdo Final.

Entre las entidades participantes en la PNRSE se encuentran el Ministerio del Interior, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Trabajo, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Unidad Administrativa Especial de Servicio Público de Empleo, Finagro, el Banco Agrario, la Agencia de Renovación del Territorio, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Salud y Protección Social, y el Ministerio de Educación Nacional, entre otros.

9. ¿Qué aspectos contempla?

La política brinda acompañamiento en todas las esferas necesarias para una reincorporación exitosa de los exintegrantes de las FARC-EP. Este incluye el acompañamiento psicosocial, el acceso a la formación educativa y laboral, el aseguramiento en salud y seguridad social para ellos y sus familias, así como actividades encaminadas a la reconstrucción del tejido social en las comunidades donde se desarrolla la reincorporación. Define, además, parámetros de atención en materia de salud, educación, vivienda, asociatividad y proyectos productivos.

10. ¿Cómo se articulará la oferta institucional para la reincorporación?

La política busca integrar la oferta del Gobierno nacional en materia de atención y prestación de servicios en coordinación con las autoridades territoriales, y el apoyo de la comunidad internacional y la sociedad civil.

Igualmente, reitera el compromiso que tiene el Estado para, de manera coordinada, permitir la consolidación y efectivo funcionamiento de las instancias creadas en el Acuerdo Final:

Favorece la articulación entre el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR y los Consejos Territoriales de Reincorporación, CTR.

Promueve la articulación entre los diferentes actores públicos y privados, en los ámbitos nacional y territorial, para la implementación y posicionamiento del proceso de reincorporación en los territorios y el fortalecimiento de los canales de comunicación para el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación del mismo.

Adelanta acciones de gestión de recursos, fortalecimiento técnico, definición de rutas de acompañamiento y responsables de las mismas, para implementar el Sistema Nacional de Reincorporación.

11. ¿Esta política contempla acciones diferenciales para los menores que salieron de las filas?

Los jóvenes que estuvieron vinculados a las filas de las FARC-EP requieren un acompañamiento especial para la construcción de su proyecto de vida, en esa medida el Acuerdo Final creó el Programa Camino Diferencial de Vida.

A partir de la presente política de reincorporación se fortalece dicho programa, específicamente en el componente de reincorporación, donde se tiene en cuenta a todos aquellos jóvenes que eran menores de edad al 15 de mayo de 2015 y no salieron de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, así como a los jóvenes que salieron de ellas siendo mayores de edad, para el fortalecimiento de su ciudadanía y la garantía de sus derechos.

12. ¿Se contemplan acciones para la reunificación familiar?

Las dinámicas propias del conflicto armado produjeron en muchos casos el distanciamiento y deterioro de las relaciones entre los exintegrantes FARC-EP y sus familias. Esto se evidenció en la información recogida en el censo socioeconómico desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, donde se encontró que el 76,70% de las 10.015 personas censadas desean reencontrarse con su familia. Para tal fin, se fortalecerá la mesa intersectorial que facilitará, con las entidades correspondientes, la reunificación familiar de los exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.

13. ¿Esta política fue concertada con las Farc?

La política se construyó en un proceso de diálogo en el marco del Consejo Nacional de Reincorporación – CNR, en el cual tienen asiento la FARC. En consecuencia, las acciones de la política tienen en cuenta los intereses, necesidades y particularidades de los exintegrantes de las FARC-EP, así como la experiencia acumulada de la ARN.

¿Cuál ha sido la experiencia en materia de reincorporación de la ARN?

La ARN cuenta con 15 años de experiencia en el acompañamiento a las personas que hacen su tránsito a la vida civil luego de pertenecer a un grupo armado ilegal.

Este trabajo se desarrolló, primero, como Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) en el marco de un proceso inicial de reinserción; posteriormente, como Alta Consejería para la Reintegración (2006-2011) y Agencia Colombiana para la Reintegración (2011-2017) dentro de un proceso de reintegración a largo plazo, y hoy día como ARN, encargada de la reincorporación integral de los exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.