“Funcionarios de los centros Crecer que se ha atrevido a hacer públicas las irregularidades que impiden una debida atención a niños con discapacidad, están siendo perseguidos. Estamos frente a otro caso de acoso laboral”, afirmó la concejal Xinia Navarro.
En los últimos meses la concejal Xinia Navarro ha venido denunciando las irregularidades existentes en los programas de la Secretaría de Integración Social orientados a la población con discapacidad. Todo comenzó con el cierre improvisado de los centros Avanzar dirigidos en donde eran atendidos niños con discapacidades múltiples y severas.
La terminación del contrato sin una previa planificación de contingencia obligó a que los niños allí atendidos fueran trasladados a los centros Crecer, instituciones dirigidas a niños con discapacidades leves, lo que generó una serie de dificultades y caos en la atención, pues los centros Crecer siguieron operando con la misma logística y el mismo personal profesional, pero ahora con más niños de diagnósticos médicos que exigen diferentes atenciones y condiciones físicas.
Ya han transcurrido tres meses desde la primera denuncia, la licitación para la reapertura de los centros Avanzar no está lista ni se han tomados medidas correctivas en los centros Crecer. La caótica situación fue denunciada por padres de familia cuyos testimonios han sido recogidos por algunos medios de comunicación. Pero también los mismos funcionarios han puesto en evidencia las irregularidades.
Ahora la concejal del Polo Democrático llama la atención sobre la persecución a los funcionarios que han denunciado públicamente la falta de planeación que impide atender debidamente en los centros Crecer a los niños que venían de los centros Avanzar.
Concretamente, denunció el caso de Luis Antonio Parada Arias, psicólogo que una vez se atrevió a manifestar las dificultades a las que se enfrentan diariamente para desempeñar sus funciones, no lo volvieron a contratar.
“La queja no debe ser una acción para perseguir al funcionario, sino para tomar medidas correctivas, pero el Distrito les responde dejándoles de renovar sus contratos”, manifestó Xinia Navarro. Agregó que tiene más denuncias de funcionarios que se encuentran en la misma situación y que éste es un caso de acoso laboral.
Mediante derecho de petición, la Secretaría de Integración Social deberá justificar por qué los funcionarios están asumiendo una carga mayor de la que está contemplada en su objeto contractual, e igualmente la Contraloría Distrital deberá investigar dichos contratos, precisó la cabildante Xinia Navarro.
