Este miércoles el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, informó que existe un acuerdo entre diferentes autoridades del Estado para agilizar las labores y lograr las capturas de más de un centenar de implicados en asesinatos de líderes sociales.

El fiscal señaló que: “Son cientos las órdenes de captura en las que necesitamos el concurso del Ejército y la Policía Nacional y vamos a triplicar esfuerzos para hacerlas efectivas”.

Y agregó que, según registros judiciales, solamente en el sur occidente de Colombia, las informaciones dicen hay más de 140 órdenes de captura por estos graves hechos que están pendiente de ser ejecutadas.

Sostuvo Martínez que: “Si capturamos a toda esa criminalidad, esa amenazas que hay contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en los territorios del posconflicto, van a ceder necesariamente esas son acciones específicas, categóricas y realmente muy prácticas”.

Y agregó: “Tenemos claramente identificados que nuestros líderes se están convirtiendo en unos defensores de la legalidad en sus territorios y por eso son una amenaza para los grupos ilegales organizados”.

El fiscal manifestó que las autoridades trabajan para hacer efectivas 40 órdenes de captura en contra de presuntos responsables de atacar a reinsertados de las antigua guerrilla de las Farc.

El 50% de los crímenes contra líderes sociales han sido esclarecidos, dijo Martínez. La ONU tiene referenciados 178 homicidios de líderes sociales en Colombia.

Entre enero de 2016 y junio de 2018, se ha logrado la captura de 167 personas sindicadas de estos asesinatos.

Por otra lado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció este miércoles una investigación para comprobar la posible implicación de agentes de la fuerza pública en la ola de asesinatos de líderes sociales y de derechos humanos.

“Estamos iniciando las indagaciones para esclarecer si hay agentes de la fuerza pública involucrados en los asesinatos los líderes sociales. Hay una cooptación de los agentes del estado por organizaciones criminales que están eliminando a los líderes sociales”, afirmó Carrillo Florez

Según el jefe del ministerio público lo que si es un hecho es que “hay despojadores de tierras que están asesinando a los líderes de tierras”.

Además subrayó que “sí hay sistematicidad en el caso de estos asesinatos”.

El procurador destacó los resultados de un informe elaborado por el organismo de control, el cual establece que se pudo constatar que la dinámica de violencia contra los que llama “Defensores de Derechos Territoriales, DDT”, es una práctica sistemática.

Dentro de ese marco, el informe concluye que existe una especie de reciclaje de violencias para desarticular las luchas por la defensa de los derechos a la tierra y el territorio; que la sistematicidad en las violaciones a los derechos de los DDT se identifica a partir de dos tipos de patrones de violencia, uno que ocurre al margen del aparato estatal y otro que está relacionado con las instituciones del Estado; que sin perjuicio de la sistematicidad no es posible identificar un autor único o un plan que orqueste de forma centralizada todos los homicidios, y que hace falta superar los modelos reduccionistas de atención a ese fenómeno de violencia, que se centran en estrategias reactivas frente al síntoma del riesgo y no reconocen como parte del problema el abandono estatal de las causas relacionadas con la protección de derechos relacionados con la tierra y el territorio.

Esta investigación de la Procuraduría General de la Nación demuestra el enorme impacto que la reclamación de tierras, despojadas por los grupos armados ilegales, ha tenido en el aumento de la violencia contra los líderes sociales y defensores de derechos territoriales, precisa el Procurador en la presentación del informe.