La Fundación ProBogotá Región ha planteado una serie de recomendaciones a la Administración Distrital y al Gobierno Nacional para facilitar la protección efectiva del patrimonio inmueble de la Capital.

A partir de un diagnóstico del estado general de los edificios de interés cultural en Bogotá, ProBogotá Región analiza las principales falencias del esquema de protección del patrimonio inmueble – que no es nuevo- y sugiere una serie de alternativas para resolverlas.

El primer hallazgo es la deficiente organización del inventario de bienes inmuebles de interés cultural –BIC-. Oficialmente Bogotá tiene 6.394 BIC distritales, y 128 BIC nacionales, repartidos en 20 localidades. Sin embargo, el inventario no se encuentra totalmente actualizado y existen contradicciones en la información disponible.

“Para entender cuáles son los bienes de interés cultural en Bogotá tuvimos que actualizar el inventario de acuerdo a la información de las resoluciones y decretos, encontrando que en el papel hay un total de 7.069 BIC y no los 6.394 del inventario oficial. Es decir que las cifras del distrito son, por lo menos, contradictorias”, explicó María Mercedes Jaramillo, Gerente de Desarrollo Urbano sostenible y directora de la investigación.

“Decidimos entonces comprobar la información en campo y visitamos 210 BICs en 20 localidades. Encontramos que cerca de un 25% de ellos tienen grafitis en sus fachadas y otro 25% están encerrados entre muros o rejas que no permiten apreciarlos. Encontramos incluso que unos pocos de los inmuebles han sido demolidos”, explicó Jaramillo, quien agregó que “si bien los esfuerzos de la administración distrital y nacional por cuidar el patrimonio cultural inmueble son importantes y muchos edificios gozan de un excelente estado de conservación, buena parte de ellos han visto su interés arquitectónico y paisajístico disminuido por la muy cuestionable calidad de los inmuebles y el tratamiento del espacio público que los circundan, lo cual nos lleva a interrogarnos sobre la eficiencia de la política pública que busca protegerlos”.

¿En qué estaría fallando la política de conservación de bienes inmuebles de interés cultural?

Una competencia repartida en demasiadas entidades

ProBogotá pone de manifiesto que las tareas relacionadas con la protección del patrimonio inmueble bogotano están repartidas entre demasiadas entidades, lo que entorpece lo relacionado con su conservación y diluye las responsabilidades de su destrucción o indebida intervención.

María Mercedes Jaramillo explica que “en Francia y España los niveles de protección son progresivos, es decir que un edificio con declaratoria de nivel nacional deja de ser competencia del nivel local, por lo cual siempre es claro ante quién se tramita un permiso y qué autoridad controla lo que le suceda a un inmueble protegido. En Bogotá hay 102 inmuebles de interés cultural con doble declaratoria (nacional y distrital) y no necesariamente por ello están mejor conservados”.

Adicionalmente, la declaratoria de los BICs es prerrogativa de la Secretaría de Cultura o del Ministerio de Cultura, pero la capacidad técnica sobre la normatividad, el licenciamiento, control y sanción de intervenciones en los edificios se reparte entre el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-, la Secretaría de Planeación del Distrito –SDP-, las curadurías urbanas, las Alcaldías Locales y los inspectores de policía, cuando no intervienen otras entidades propietarias de los edificios.

Basta observar lo que ocurre con el Cementerio Central y sus alrededores, que ostentan doble declaratoria de protección: de la Nación y del Distrito. Este conjunto funerario de interés nacional requiere la elaboración de un Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP-, cuya aprobación es competencia del Ministerio de Cultura, cuando su formulación depende del Distrito –propietario-, pero no necesariamente en cabeza de la entidad responsable de la conservación del patrimonio, que es el IDPC, sino de la UAESP. “Imagínese lo que puede entender la entidad gestora de los servicios funerarios de la Capital sobre las necesidades de conservación de un monumento. El resultado es que el PEMP ha sido varias veces contratado, pero nunca aprobado”, dice Jaramillo. Mientras tanto, el cementerio sigue prescindiendo de estrategias de conservación eficientes y cada día se deteriora más. Y los columbarios se están literalmente cayendo.

Insuficientes recursos humanos, financieros y técnicos de las entidades responsables

También plantea ProBogotá que los recursos humanos y financieros de que disponen las autoridades responsables del Patrimonio parecen ser insuficientes y que, cuando esto ocurre, es indispensable contar con un buen arsenal de recursos técnicos y normativos para facilitar los trámites relacionados con la conservación de los inmuebles: “normas, cartillas, lineamientos y planes de conservación, por tipologías de inmuebles, como bien lo saben hacer los españoles, por ejemplo”, dice ProBogotá.

Insuficiente responsabilidad en la preservación y mantenimiento de los BIC

Por otro lado, la fundación observa que, en Colombia, la responsabilidad de la ejecución de obras para mantener los bienes de interés cultural está exclusivamente a cargo de los propietarios de los mismos. Y cuando hay omisión de dicha responsabilidad, por las razones que sean, “operan sanciones que no necesariamente resuelven el problema de mantenimiento de los edificios. Y en últimas los edificios se caen”.

Las Propuestas

A la luz de lo anteriormente expuesto, ProBogotá presenta a consideración de las autoridades nacional y distrital las siguientes 8 recomendaciones:

-Actualizar y consolidar un único inventario de bienes con ocasión del nuevo POT y a modo de anexo actualizable del mismo;

-Establecer un régimen de protección progresivo, y no acumulativo, para los bienes de interés cultural. Concretamente en Bogotá, los 128 Monumentos Nacionales en Bogotá podrían dejar de ser competencia del Distrito;

-Para poner en valor un BIC, garantizar no solo la conservación del inmueble sino de todo el entorno en el cual se inscribe a través de una norma específica del POT. Se sugiere adoptar como noción de entorno un radio de 100 metros a partir del centroide del edificio, perímetro dentro del cual cualquier intervención arquitectónica o urbanística debe ser sometida a aprobación de la autoridad competente, estableciendo algunas reglas claras de antemano:
Cerramientos especiales, prohibición de vallas publicitarias, antenas… (para el BIC),
Alturas y distancias (para los inmuebles contiguos),
Subterranización de redes (para el entorno).

-Condicionar la aplicación de estímulos fiscales a la apertura de los BIC al público, o por lo menos a la garantía de visibilidad de los mismos desde el espacio público y al estricto cumplimiento de las reglas pre-establecidas.

-En cuanto al PEMP del centro que actualmente prepara el IDPC, repartir claramente las competencias entre el Distrito y la Nación en la gestión del licenciamiento en las cerca de 1000 hectáreas de su zona de influencia, sin lo cual será imposible asegurar la necesaria revitalización de tan importante porción de la ciudad, que además concentra buena parte de los inmuebles de interés cultural de Bogotá.

-Simplificar la estructura institucional distrital para el manejo de los bienes inmuebles de interés cultural concentrando la responsabilidad normativa, técnica, administrativa, de licenciamiento, de control y de vigilancia sobre los mismos en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC-.

-Responsabilizar más efectivamente a los propietarios de los BIC y reforzar la capacidad de acción de las autoridades sobre los bienes: Las autoridades competentes deberían poder ordenar intervenciones en los edificios con cargo fiscal al propietario y, excepcionalmente, adquirirlos. Para poder financiar dichas intervenciones y eventuales adquisiciones, podrían constituir un fideicomiso con el concurso del sector privado para ese fin, como existe en México D.F.

-Establecer desde el nivel nacional guías y normas generales para el manejo y preservación de los inmuebles, por tipologías arquitectónicas, o por épocas y estilos, o ambos criterios. Algunas de ellas deben ser reportadas en el POT, directamente controlables por los curadores urbanos.
Puntualiza sin embargo ProBogotá Región que nada de lo anterior es garantía suficiente para que los edificios se mantengan en pie. Más allá de las declaratorias y medidas de protección, debe haber voluntad real de conservarlos –traducida en capacidad de inversión- no solo de los propietarios de los bienes, sino de las autoridades que han determinado su interés distrital y nacional.

“Mire el alboroto que causa la decisión del Consejo Distrital de Patrimonio de cambiar la categoría de protección de los columbarios del Globo B del conjunto funerario del Cementerio Central, ¡como si la categoría que tenían hubiera servido para protegerlos! Son visibles los huecos en los techos. De modo que el problema no es que la nueva categoría de protección permita intervenirlos, cambiarles el uso o incluso demolerlos parcialmente. El asunto es definir cuánto dinero somos capaces de invertir en la restauración de esos edificios, que actualmente albergan la instalación temporal Auras Anónimas de Beatriz González. Pero no puede Bogotá seguir teniendo un monumento tan visible a la desidia institucional. O somos capaces de inscribir el Cementerio Central y el Centro de Paz y Reconciliación del Distrito en un proyecto que concilie su importancia histórica, cultural, ritual y memorial con el extraordinario potencial de renovación urbana del lugar más neurálgico de la ciudad – lo que sería un reto hermoso para los arquitectos, urbanistas, paisajistas, conservadores, historiadores, sociólogos, artistas y demás fabricantes de la ciudad, de sus identidades y sus memorias urbanas- o seguiremos viendo caer aquello que es capaz de unirnos como sociedad y de articularnos y definirnos como ciudad” dice María Mercedes Jaramillo.