La entidad adelanta 398 acciones preventivas y disciplinarias que involucran presuntas irregularidades en el ejercicio de las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales, como máximas autoridades ambientales en los territorios del país.

El Procurador, Fernando Carrillo Flórez, en carta al director de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Ramón Leal Leal, manifiesta su preocupación por el manejo que algunas CAR están dando a los licenciamientos ambientales, a los procesos sancionatorios, al otorgamiento de permisos y al seguimiento a los proyectos que se ejecutan dentro de sus jurisdicciones.

En el órgano de control cursan actualmente 72 quejas contra las CAR, se adelantan 256 indagaciones preliminares, 43 investigaciones disciplinarias, 27 acciones preventivas en los territorios, además del seguimiento que realiza las delegadas del nivel central a las Corporaciones Autónomas Regionales.

“La Procuraduría permanentemente debe atender asuntos que reflejan diversas problemáticas, relacionadas principalmente con la inaplicación de los principios que deben regir toda actuación administrativa, tales como el debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad”, insiste el jefe del Ministerio Público.

Lo anterior se suma a los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la República en 10 corporaciones sobre las deficiencias en la administración de los recursos públicos por parte de las CAR que manejan los mayores recursos presupuestales (70% del presupuesto total), “lo cual pone en inminente riesgo los recursos naturales y el ambiente de los territorios a cargo de estas entidades, pues el despilfarro y la desviación de recursos no permiten inversiones efectivas”.

En cumplimiento de las disposiciones incorporadas en la Resolución 066 de 2018 “Por medio de la cual se crea el Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”, la Procuraduría realiza un trabajo articulado entre las provinciales, regionales y las delegadas del nivel central para abordar los casos de alto impacto y trascendencia social y ambiental.