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Bienes del grupo Nule en EE.UU. entran en proceso de extinción de dominio

–El Juez Primero Especializado de Bogotá avaló la incautación, con fines de extinción de dominio, de unas propiedades del Grupo Nule en territorio de los Estados Unidos, en desarrollo del proceso a los implicados en el “carrusel de Bogotá”. En Colombia también se decomisaron bienes del exdirector juridico del IDU Inocencio Meléndez, con un costo de 2 mil 604 millones de pesos

Los bienes, avaluados en más de 6 mil millones de pesos, son de los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, y su primo Guido Alberto Nule Marino y están ubicados en el estado de Florida, informó la Fiscalía General de la Nación.

La decisión afecta dos inmuebles que, de acuerdo con los elementos recopilados por los investigadores son equivalentes a los valores de los dineros que ilegalmente se apropiaron con los contratos del “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Los bienes afectados son:

-Un apartamento con estacionamiento y garaje ubicado en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida de Estados Unidos, que tendría un valor de un USD 1’000.000 (un millón de dólares), cuya propiedad formal se encuentra a nombre de Rina Cecilia Mendoza, quien sería la cónyuge de Miguel Eduardo Nule.

-Un apartamento con estacionamiento y garaje ubicado en el Country Club Drive en el condado de Miami-Dade en el estado de Florida de Estados Unidos, valorado en USD 1’000.000 (un millón de dólares), de propiedad de los esposos Guido Alberto Nule y Adriana Mancini Posada.

El juez acogió los argumentos de la Fiscalía en el sentido que: “el proceso de extinción de dominio cuenta con elementos de juicio para establecer con probabilidad que los miembros de la familia Nule ejecutaron actividades ilícitas y que al parecer se apropiaron de recursos públicos que les permitieron adquirir bienes que por lo tanto tienen un origen ilícito, o que representan un valor equivalente a bienes producto directo o indirecto de esa actividad ilícita”, señala la decisión.

Las medidas en contra de los bienes se iniciaron después que los hermanos Miguel Eduardo Nule Velilla, Manuel Francisco Nule Velilla, su primo Guido Alberto Nule Marino y su cuñado Mauricio Galofre Amín, fueron condenados a 19 años y cinco meses de prisión por el delito de peculado por apropiación, además de una condena de 8 años y 6 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado y fraude procesal.

Con el objeto de hacer efectivas las medidas mediante cooperación judicial, la Delegada de Finanzas Criminales ha requerido la colaboración de las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Fiscalía incauta bienes de Inocencio Meléndez, exdirector jurídico del IDU
Las acciones judiciales para recuperar los dineros ilegalmente apropiados por involucrados en el “carrusel de la contratación” de Bogotá, también se realizaron en Colombia.

La Fiscalía General de la Nación logró la incautación con fines de extinción de dominio de seis bienes que pertenecerían al exsubdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, condenado a 7 años y 6 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción y prevaricato por omisión.

El ente investigador demostró que Inocencio Meléndez constituyó un patrimonio ilegal con los dineros que habría recibido ilegalmente de contratistas e intermediarios interesados en proyectos viales en Bogotá.

Con los bienes afectados se pretende recuperar los dineros equivalentes al desfalco del “carrusel de la contratación de Bogotá”.

Propiedades ocupadas:

Dos apartamentos con sus respectivos garajes y depósitos ubicados en el sector La Calleja, en el norte de Bogotá.
Una volqueta
Una casa ubicada en San Onofre (Sucre).

El avalúo de los bienes ascendería a $2.604’140.000. (Dos mil seiscientos cuatro millones ciento cuarenta mil pesos)

Con estas decisiones, la Fiscalía General de la Nación recurre a los recursos que le otorga la ley para atacar la fortuna ilegal de los vinculados a casos de corrupción.

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