En el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, El fiscal General de la Nación Nestor Humberto Martínez radicó ante el Secretario General del Senado, Gregorio Eljach Pacheco, el proyecto de Ley, denominado “Ollas a la Olla”, el cual busca liberar a los niños, adolescentes de la droga, castigar a los reincidentes y sancionar los ciberdelitos. A la actividad asistió el alcalde Mayor de Bogota, Enrique Peñalosa, el de Medellín Federico Gutiérrez y otras autoridades municipales y departamentales del país.

La iniciativa propone una revisión de la sanción penal sobre diversos comportamientos a los que recurre el delito de traficar con droga en diferentes zonas del país. También se pretende dotar a los fiscales y demás autoridades de mejores herramientas para combatir la inseguridad. El proyecto principalmente está encaminado en liberar a los niños y adolescentes de las pretensiones del narcotráfico y mitigar el impacto que en la seguridad ciudadana han causado nuevas formas de criminalidad.

El fiscal General de la Nación Néstor; Humberto Martínez, reveló que el nombre del proyecto “Ollas a la Olla”, es porque estos sectores donde están utilizando a los niños, niñas y adolescentes del país, son un verdadero peligro para la sociedad, “Le hemos decretado la guerra a estas ollas, no solamente policivamente, ahora lo hacemos judicialmente, esa es la esencia de este proyecto”, afirmó el Fiscal.

Por su parte el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que todos los alcaldes del país están unidos para apoyar el proyecto donde se busca evitar que las estructuras criminales le sigan tomando el pelo al sistema, “queremos que los que vayan a la cárcel los que se dedican al narcomenudeo, quienes están acabando con todas las generaciones; niños y jóvenes”.

El alto mandatario reiteró que la droga es el peor enemigo del país y por tal motivo todas las autoridades deben mantenerse unidas, para acabar con ese flagelo que tanto daño le está haciendo a las nuevas generaciones. Insistió que para recuperar a los afectados hay que ofrecerles atención integrada en educación, prevención y atención a los niños y jóvenes del país. “La droga está acabando con todo, acaba con familias, barrios enteros, por eso tenemos que combatirla”.

Gutiérrez explicó que para combatir el crimen organizado es necesario la prevención del consumo, tratamiento para el primer consumidor, el cual es un problema de salud pública, así mismo habló de la importancia de erradicar los cultivos ilícitos, “el país está inundado en droga y tenemos que apoyar esta iniciativa hasta que se convierta en Ley de la República”, dijo el Alcalde.

Apartes del proyecto:

Se tomarán medidas contra el tráfico, microtráfico y narcomenudeo de sustancias, psicotrópicas o drogas sintéticas

Para la sociedad debe ser una prioridad salvaguardar la salud, seguridad e integridad de niños y adolescentes que son contactados por las redes de traficantes de drogas, inducidos al consumo y, en muchos casos, instrumentalizados para la venta de sustancias estupefacientes y psicoactivas.

Penalización del porte en exceso de la dosis de aprovisionamiento:

Con el proyecto se busca un tipo penal de tráfico de estupefacientes, las nuevas sustancias, sus cantidades de circulación restringida y dosis mínima, con un mecanismo mediante el cual el Consejo Nacional de Estupefacientes contribuya a judicializar estas nuevas modalidades.

Engañar a la niñez para inducirlos al delito:

El proyecto de ley busca sancionar drásticamente a quienes, a través de medios engañosos, suministren cualquier droga a menores de edad y para esos fines se ubiquen en entornos educativos o lugares de esparcimiento, parques y polideportivos, como una intención macabra para obtener nuevos ‘clientes’ y mejorar los dividendos ilegales.

El adulto que incurra en este tipo de conductas recibirá una pena de 10 a 20 años de prisión y la sanción podría aumentar (hasta 30 años) si la víctima es menor de 12 años de edad.

De esta manera, Fiscalía quiere contrarrestar modalidades como la detectada en Medellín, donde se constató que una estructura delincuencial entregaba gomas, dulces y chupos impregnados con LSD a los estudiantes de un colegio para crear una adicción temprana.

Medidas contra la reincidencia criminal:

El proyecto legislativo solicita aplicar a los reincidentes sentenciados dentro de los 10 años anteriores a la nueva condena, la máxima proporción de la pena a imponer.

Medidas para controlar la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana:

El dinamismo propio de las telecomunicaciones hace que el Estado fortalezca las acciones para salvaguardar la seguridad y los derechos de los usuarios de estas tecnologías de la información.

Así mismo tiene medidas para garantizar la efectiva ejecución de las condenas judiciales:

Para la política criminal debe ser determinante lograr que el poder disuasivo sea una realidad del derecho penal, algo que solo se logra al asegurar la efectiva ejecución de las condenas.

Con ese propósito, la iniciativa plantea la participación de la Fiscalía General de la Nación, en las decisiones sobre el traslado de personas privadas de la libertad mediante conceptos emitidos por sus delegados, para evitar se continúe con la comisión de un delito y se prolongue un daño para la ciudadanía.