Este lunes la Procuraduría General solicitó a la Corte Constitucional que deje en firme el fallo que obliga a Cerro Matoso S.A. a indemnizar a las familias que habitan en sus alrededores, y padecen problemas de salud generados, presuntamente, por la actividad minera.

Según la Procuraduría, el concepto concluye que la sentencia contra Cerro Matoso fue acumulativa: “analizó varios procesos donde el común denominador lo constituyen personas víctimas de desplazamiento forzado producto del conflicto armado”.

Las víctimas serían de ocho comunidades que sufrieron enfermedades debido a la explotación de la una mina en los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano, en Córdoba.

Son las comunidades Bocas de Uré, Centro América, Guacarí-La Odisea, Pueblo Flecha, Puente Uré (del municipio de San José de Uré), Puerto Colombia, del municipio de Montelíbano; Torno Rojo del municipio de Puerto Libertador, así como del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de San José de Uré.

La corte comprobó que los habitantes de estas comunidades resultaron afectados por enfermedades asociadas a las operaciones de la mina.

Para la Procuraduría: “Arrojaron resultados alarmantes, gravemente lesivos para su salud, pues se dictaminó que los mismos sobrepasan de lejos los límites máximos permitidos en estándares internacionales, lo que implica repercusión en la salud de las personas”.

La entidad hace una crítica al hecho de que con una solicitud de nulidad al fallo, la empresa pretenda, presumiblemente: “desligarse de una responsabilidad que le es propia”.