–La Contraloría General de la República remitió a la Procuraduría toda la documentación para que emprenda una investigación disciplinaria contra los responsables de la construcción del edificio sede de la Escuela de Administración Pública, ESAP, en la ciudad de Santa Marta, obra inconclusa que califica de “elefante blanco” y que, afirma, se terminará pagando 2 veces.

En su informe, el organismo de control establece que esa sede de la ESAP en Santa Marta, se convirtió en un nuevo monumento a las obras inconclusas e inservibles, donde los recursos públicos se dilapidaron sin prestar ningún servicio a la comunidad y, lo peor, si se quiere poner en funcionamiento se va a tener que demoler y volver a pagar la nueva construcción, para lo cual ya no hay recursos.

Agrega que las graves falencias que presenta la estructura ante el evidente incumplimiento de las normas de sismo resistencia, y que incluso pondrían en riesgo la vida de los posibles usuarios, han llevado a que la deficiente construcción que hoy se levanta en una de las principales avenidas de Santa Marta, no preste ninguna utilidad pública y mucho menos servicio alguno a la comunidad.

La inversión que se ha hecho en la obra asciende a 5 mil 608 millones de pesos, incluidas tres adiciones al valor inicial, lo que denota una falta de planeación, sumadas a las 5 prórrogas en tiempo que se le hicieron al contrato, y que en su totalidad están vencidas, subraya la Contraloría.

Indica que por estos hechos adelanta un proceso de responsabilidad fiscal, en cuantía de 4 mil 521 millones de pesos, contra la firma interventora de la obra (DPC Ingenieros SAS) y el contratista Oscar Daniel Garzón Forero.

La obra debía entregarse inicialmente el 29 de diciembre de 2012 y la última de las prórrogas se venció el 15 de noviembre de 2014, pero a la fecha sigue en obra gris.

Para colmo de males, el costoso edificio tendría que ser demolido para volverse a construir, y por lo tanto pagarse de nuevo, sin que existan los recursos para tal fin, según lo advirtió el Contralor General Edgardo Maya Villazón.

El hecho es que se debe levantar una nueva estructura que brinde la seguridad y estabilidad que se requiere. Es decir: habría que volver a pagar la Sede que ya se construyó para hacerla de nuevo, reafirmó.

Sin embargo dijo que toda vez que los recursos para la construcción de la sede habían sido apropiados oportunamente, no existen hoy recursos adicionales para su demolición y reconstrucción, por lo que el proyecto no fue incluido dentro de los priorizados por el Gobierno Nacional para el presupuesto de 2019. Luego, no hay cómo terminar la obra.

Las graves anomalías alrededor de este fallido proyecto, fueron evidenciadas por la Contraloría desde el mismo momento en que se hizo una auditoría a la ESAP (sobre la vigencia 2015), y sobre las que el Contralor Maya Villazón ha llamado la atención en reiteradas oportunidades, en múltiples oficios dirigidos tanto a la Dirección del Fondo Nacional de Desarrollo FONADE, que ejercía la Gerencia Integral del Proyecto, como a la Dirección Nacional de la ESAP, todas las cuales fueron nuevamente puestas en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, para las investigaciones disciplinarias de su competencia.

En su momento, en la auditoría a la ESAP se evidenció que las obras contratadas no cumplían con las normas de sismo resistencia y, a pesar de que no habían sido avaladas por la ESAP y presentan fallas estructurales, fueron recibidas por FONADE.

El Contralor señaló que el pasado 19 de julio trasladó al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, las pruebas que obran en el proceso de responsabilidad que, en cuantía de 4 mil 521 millones de pesos, para que promoviera los procesos disciplinarios contra los responsables.

Dentro del proceso de responsabilidad fiscal que actualmente adelanta la Contraloría, se encuentran involucrados en calidad de presuntos responsables tanto la firma interventora de la obra (DPC Ingenieros SAS), como el contratista, Oscar Daniel Garzón Forero, quien el 24 de abril de 2016 fue inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación para contratar con el Estado por un término de 5 años.

El Contralor General ha puesto a disposición de la Procuraduría la totalidad de las pruebas y el contenido en general del Proceso de Responsabilidad Fiscal por $4.521 millones que actualmente se adelanta con ocasión de estos hechos.

Como se mencionó, en múltiples comunicaciones dirigidas tanto al Gerente General de FONADE, Álvaro Edgar Balcázar Acero, como a la entonces Directora Nacional de la ESAP, Claudia Marcela Franco Domínguez, el Contralor Maya Villazón les ha solicitado exponer a este organismo de control las razones por las cuales no se ha culminado la obra y, además, ha requerido que se adopten las medidas necesarias para que no quedé un “elefante blanco” y el proyecto original cumpla su finalidad.

En la comunicación que envió la semana anterior al Procurador General de la Nación, el Contralor Maya Villazón resaltó que el propio Director Encargado de la ESAP, Giovany Javier Chamorro Ruales, en oficio del pasado 9 de julio, dirigido a la CGR, había reiterado el problema de la pobreza del concreto usado en la obra, el cual “sólo alcanza un 60% de la resistencia requerida en las especificaciones de diseño, situación que no permite establecer la confianza que se requiere al momento de proponer una rehabilitación de la estructura”.

Señaló el Contralor Maya en su escrito que de la comunicación de la ESAP se desprende que, para realizar un reforzamiento estructural bajo los resultados de calidad del concreto mencionados, sería necesario intervenir la cimentación, columnas, muros de concreto, vigas y placas de entrepiso, lo que resultaría en un proceso costoso, riesgoso y complejo.

En su comunicación, señaló expresamente el Contralor que, según la ESAP, “los resultados de las pruebas adicionales de petrografía realizadas a la masa del concreto de la edificación confirmaron la baja resistencia, además de alto nivel de vacíos (burbujas), alta presencia de mica en los agregados lo cual afecta la resistencia y durabilidad del concreto y moderada cuantía de cemento hidratado, lo cual señala un inadecuado proceso de curado en la obra”.

A pesar del tiempo transcurrido desde la contratación de las obras, a la fecha la edificación, que supuestamente debería albergar la sede de la ESAP en la ciudad de Santa Marta, se encuentra en un deplorable estado de deterioro y no reporta ninguna utilidad a la región.

El objeto del convenio interadministrativo N° 052-2011 suscrito con FONADE, consistió en ejecutar la gerencia integral del proyecto, por un valor total pagado de $5.608 millones (incluyendo sus adiciones en dinero), pero que tenía un plazo de ejecución de 12 meses, a partir del acta de inicio suscrita el 29 de diciembre de 2011.

Sin embargo, el contrato fue prorrogado en tiempo en 5 oportunidades diferentes, sin que hasta la fecha haya podido entrar en funcionamiento la tan esperada sede.

Las graves falencias que presenta la estructura ante el evidente incumplimiento de las normas de sismo resistencia, y que incluso pondrían en riesgo la vida de los posibles usuarios, han llevado a que la deficiente construcción que hoy se levanta en Santa Marta, no preste ninguna utilidad pública y mucho menos servicio alguno a la comunidad, representando un verdadero monumento a las obras inconclusas e inservibles.

A pesar de todas las falencias estructurales, la obra fue recibida a satisfacción por FONADE, por lo que la propia ESAP tuvo que inhabilitar el uso de la obra y evitar así que colapsara durante su funcionamiento.

Las graves fallas estructurales que presentaba la obra al momento de su entrega, y el incumplimiento de las normas de sismo resistencia, se habían hecho ya evidentes en las diferentes visitas de la Contraloría a la sede del proyecto, el cual desde sus inicios no se encontraba en condiciones de ser recibido por parte de FONADE, como en su momento lo evidenciaron los registros fotográficos que hoy obran en el expediente de la CGR.