En hechos ocurridos recientemente, un juez penal del circuito con función de conocimiento, dejó en libertad a los directivos de Elite Internacional Américas S.A.S., José Alejandro Navas Vengoechea, Marino Constantino Salgado Carvajal, José Felipe Salgado Álvarez y Jorge Enrique Navas Vengoechea.
De igual forma a la miembro principal de una de las cooperativas originadoras, Ana Milena Aguirre Mejía, por no considerarlos un peligro para la sociedad, ni para el juicio en su contra, después de haber estafado a 6.500 colombianos en captaciones por más de 1.3 billones de pesos.
Dicha decisión fue tomada por parte de las víctimas como una burla, debido a que la Fiscalía había imputado a los directivos de Elite y las cooperativas originadoras los delitos por: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero con negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos.
Según las víctimas de Elite, es importante que las autoridades del Estado, tengan en cuenta que los factores decisorios y de aplicación de justicia han jugado a favor de los victimarios y en contra de las víctimas. Con todo esto, el Estado le transmite un único mensaje a toda la sociedad, a la juventud y a quienes tienen a su haber la idea de delinquir en Colombia, y es el de “ser bandido paga”.
Hace 24 meses las autoridades hicieron toma de control de Elite y de las cooperativas originadoras, y hasta a la fecha no se ha iniciado el juicio. Por tal razón, las víctimas quieren alzar su voz y sentar un precedente en este importante caso de desfalco, haciendo de manera urgente al Estado las siguientes peticiones:
1. Al Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, que cumpla con su deber y consiga develar la cadena de ocultamiento de dineros y bienes, con el fin de reparar a las víctimas. Así mismo, que intervenga con determinación, ya que durante su dirección estalló el escándalo billonario de las libranzas, sin que se aplicara la debida supervisión, vigilancia y control de las comercializadoras y sus originadoras, en esquemas fraudulentos no piramidales.
Cabe destacar que el desfalco de las libranzas en Colombia por firmas como: Elite International Américas S.AS., Vesting Group, Optimal, ABC Winners, Tu Renta, Plus Values y Estraval; generaron pérdidas a más de 10.000 colombianos por montos superiores a los 2 billones de pesos, los cuales lastimaron la economía nacional durante los años 2016 y 2017. Por ello, exigimos respuesta contundente de esta Superintendencia para superar esta situación y reparar a las víctimas.
Se solicita la inmediata dispersión de los dineros que tiene a su haber la liquidadora en favor de las víctimas, ya que durante dos años solo se ha recibido 1 millón 570 mil pesos aproximadamente por víctima.
De igual forma se exige vincular a la intervención y en la cobertura definida en el artículo 5 del decreto ley 4334 del 2008, a todos los partícipes de la cadena de operación de libranzas, con el fin de encontrar todos los dineros y a cada uno de los responsables de la captación y otros delitos denunciados. Se pide que se ejecute la debida persecución transnacional de bienes y dineros de los actores de esta estafa lo cual hasta la fecha no se ha dado.
2. Al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez se le pide atención y resultados en el caso de las libranzas en Colombia. Así mismo, no aceptar el principio de oportunidad ofrecido por las imputadas Delvis Sugey Medina Herrera y Ana Milena Aguirre Mejía, dado que las condiciones de reparación económica no corresponden a la realidad de la estafa y más bien son un paliativo irrespetuoso a las víctimas.
3. A los jueces de Colombia que apliquen principios de justicia y busquen la coherencia y verdad real de sus decisiones. Así mismo, se garantice un mayor equilibrio en el proceso, debido a que los victimarios se encuentran en libertad, usando el dinero de las víctimas para pagar los abogados más reputados y costosos de Colombia como lo son: Iván Cancino, Jaime Lombana y Abelardo de la Espriella, mientras que las víctimas no cuentan con el dinero para contratar una representación de esta envergadura y poder hacer valer sus derechos.
4. Al Superintendente de Economía Solidaria, Enrique Valencia Montoya, determinar si las cooperativas vigiladas dieron estricta aplicación a la ley de cooperativas. De igual forma, que suministren toda la información a la Fiscalía General de la Nación, con respecto a la violación del régimen de cooperativas.
5. Al Consejo Superior de la Judicatura, se le pide investigar la conducta del juez penal del circuito con función de conocimiento, referente a la libertad concedida a los sindicados en el caso.
6. A la Procuraduría General de la Nación, ser parte activa dentro del proceso que se adelanta por las diferentes autoridades en el caso de las libranzas en Colombia. Así mismo, se destaca que el Delegado Procurador 358 Judicial II Penal, Carlos Andrés Guzmán Díaz, brilló por su ausencia en la audiencia donde se dejó en libertad a los sindicados.
7. Al Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, que se interese y conozca este caso para que haga visibles a las víctimas.
8. A todas las autoridades y entidades del Estado se les solicita que trabajen de manera armónica y coordinada.
Los representantes del grupo plantón del caso Elite, hacen una invitación a todas las personas estafadas por caso de libranzas en Colombia, para que se unan a trabajar por la justicia, la verdad y la reparación.
