Procuraduría formuló cargos al jefe de Movilidad de Bogotá Juan Pablo Bocarejo por contrato de semaforización
El Ministerio Público indicó que el funcionario habría incurrido en una aparente violación al principio de planeación, porque no adoptó, presuntamente, las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, pues no lideró, controló y dirigió el proceso de licitación pública en debida forma.
De acuerdo con la investigación, en el proceso licitatorio se habría afectado, presuntamente, el patrimonio de la ciudad porque no se definió con anterioridad la destinación de 503 controladores semafóricos existentes en la ciudad, avaluados en más de $13 mil millones y compatibles con sistemas modernos de semaforización, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil, lo que demuestra una aparente falta de planeación en la etapa precontractual del proceso.
La licitación tampoco definió qué destino se le dará a la red de cable de cobre con la que opera actualmente el sistema, ni a los equipos que hacen parte de las dos centrales de semaforización que no van a ser integradas al nuevo esquema.
Para el Ministerio Público la Secretaría de Movilidad tenía la obligación de calcular el valor de esos elementos y definir cuál sería su destino una vez entrara en funcionamiento el Sistema de Semaforización Inteligente, SSI. “Es motivo de gran preocupación el hecho de que no se sepa cuánto vale la red de cobre que actualmente comunica la red semafórica existente, lo que representa un riesgo para la integridad del patrimonio público”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos.
El órgano de control también investiga las razones que llevaron a la Secretaría de Movilidad a adjudicar el contrato sin tener diseñado, aparentemente, el sistema de comunicaciones para la nueva red, ya que se constató que de este dependerá por completo el funcionamiento del SSI. “En tales condiciones está claro que existía una buena posibilidad de que el contrato de SSI se empezara a ejecutar sin tener un sistema de comunicaciones que le sirviera de base”.
Por esos hechos el Ministerio Público calificó la conducta aparentemente cometida por el funcionario como una falta disciplinaria gravísima a título de dolo.
El pliego de cargos afectó también a la Directora de Asuntos Legales de la Secretaría de Movilidad, Carolina Pombo Rivera, y la Subsecretaria de Servicios de Movilidad, Diana Lucía Vidal Caicedo.
