Ante una Corte Federal de Miami los Estados Unidos, el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno y el abogado penalista Leonardo Pinilla, reconocieron varios delitos promovidos por la justicia estadounidense.

Los delitos que reconocieron fueron fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavar dinero con el fin de promover sobornos en el extranjero.

El próximo 19 de noviembre será la audiencia en la cual dará a conocer el monto de la sentencia, la cual podría ser de 20 años de prisión.Sin embargo, el hecho de aceptar los cargos les podría otorgar un beneficio en la rebaja de la sentencia.

Los actos de corrupción se relacionan con el dinero que aceptó haber recibido en calidad de director anticorrupción, con el fin de beneficiar a Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, en investigaciones que se adelantaban en su contra.

La Fiscalía indicó entonces que Moreno Rivera, al parecer se encontró entre los meses de febrero y marzo con el exgobernador Lyons, en la ciudad de Bogotá, para ofrecerle beneficios e información privilegiada de los casos que enfrenta, a cambio de dinero. En esta reunión el indiciado habría solicitado cien millones de pesos ($100.000.000).

Igualmente con ese propósito, se estableció que el imputado habría recibido 10.000 dólares, durante una reunión sostenida en Miami (Estados Unidos) con el mismo Lyons Muskus.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 4 años y 10 meses de prisión al exfiscal Moreno tras aceptar su responsabilidad en el delito de concusión (soborno) y utilización indebida de información privilegiada.

Sin embargo, un juez de garantías de Bogotá legalizó un principio de oportunidad que pactaron el exfical anticorrupción Luis Gustavo Moreno y la Fiscalía General, en el marco de las investigaciones por el denominado ‘cartel de la toga’.

“El principio de oportunidad se rige parcialmente sobre los delitos en los cuales Luis Gustavo Moreno Rivera no aceptó su responsabilidad penal”, explicó el juez del caso, Alícia Otazo-Reyes.

Por lo tanto, al exfilcal le será suspendida la persecución penal por término de un año y colaborará con la Fiscalía en el proceso que se adelanta por hechos de corrupción y soborno.