La Procuraduría General formuló cargos en contra de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa por aparentemente haberse beneficiado con la aprobación del documento Conpes que avaló el contrato para la obra Ocaña-Gamarra.

De acuerdo con el Ministerio Público, tanto Parody como Álvarez sabían que la aprobación de este documento beneficiaba directamente los negocios que tenía en la zona la familia de la exministra de Educación.

Cabe mencionar que las ministras no se declararon impedidas para participar en el consejo de ministros celebrado el 2 de octubre de 2014 en el que se aprobó dicho documento, por lo que habrían incurrido en una falta disciplinaria.

En la audiencia se reveló que los familiares de la exministra Parody tenían proyectos portuarios en el municipio de Gamarra (Cesar), por lo que se podrían ver beneficiados directa y ampliamente de los alcances de dicho proyecto vial.

“Los impedimentos son mecanismos que tienen como finalidad garantizar la imparcialidad de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y garantizar la transparencia previniendo que se presenten situaciones en la que el interés particular prevalezca o entre en conflicto con el interés público”, señaló el delegado del órgano de control disciplinario.

Como ministra de Transporte, Álvarez-Correa habría que declararse impedida en la firma de otro documento Conpes en agosto de 2013, con el que se “trazó un plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena”.

La Procuraduría también investiga la autorización que otorgó Álvarez-Correa para establecer el incremento de la tarifa de los peajes en la troncal Ruta del Sol, tramo 2, y la creación de los peajes en el trayecto Ocaña – Gamarra.