–El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedentes las solicitudes de extradición tramitadas ante Colombia y EE.UU de los implicados en los hechos registrados el pasado 4 de agosto, “cuando se intentó asesinar al presidente, Nicolás Maduro y a todo el alto mando político del gobierno nacional y diplomático”, durante la parada militar realizada en la avenida Bolívar de Caracas, con motivo de la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Según el reporte del régimen venezolano, la Sala de Casación Penal del TSJ declaró procedente la petición extradición formulada ante el gobierno colombiano de Julio Borges, Rayder Russo, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios y Carlos Monasterios.

Igualmente, las extradiciones solicitadas al gobierno de los Estados Unidos de Josser López Valero, Osman Delgado y la ciudadana Virginia Antonieta Da Silva-Pio y de Yilber Escalona, gestionada ante la República del Perú.

Las peticiones se hicieron “por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de frustración y otros delitos”, según lo reseña la nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

El TSJ asegura que estas solicitudes son la por la presunta comisión de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, además de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles en grado de frustración contra un grupo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lanzamiento de artefactos contra personas en reuniones públicas, terrorismo; financiamiento al terrorismo y asociación.

Agrega que los delitos están tipificados en los artículos 128 del Código Penal; 405, en relación con el artículo 406, así como en los artículos 52, 53 y 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Por último indica que los implicados tendrán todos los derechos garantizados y garantías constitucionales relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; así como prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles.