La Personería de Bogotá descubrió que dejaron de funcionar 110 comedores comunitarios de los 144 que estaban abiertos a enero de 2016, 20 de ellos, clasurados definitivamente y 90 cerrados por terminación de contrato, en entre junio y julio de 2018, dejando en un grave riesgo alimentario a más de 28 mil capitalinos.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, de marzo de 2017 a julio de 2018, se han dejado de entregar 499.485 raciones de alimentos a personas de escasos recursos que requieren una ayuda nutricional. Solo en los dos últimos meses fueron cerrados 90 comedores por la Secretaría de Integración Social (SIS), dejando de entregar aproximadamente 28.050 raciones de alimentos diarios.

También, se halló que en dos localidades no se brinda el servicio. En Sumapaz la atención nutricional se realiza mediante la entrega de bonos canjeables por alimentos y canasta alimentaria. En Teusaquillo se brinda el servicio por medio del comedor ubicado en la localidad de Barrios Unidos.

Entre junio y agosto de este año, en las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Tunjuelito, Santa Fe y Usaquén se dejó de prestar el servicio debido al vencimiento de contratos con los operadores, dejando sin cobertura a más de 5.830 personas.

A pesar que la Secretaría estipuló la entrega de bonos canjeables por alimentos o de canasta alimenticias a los beneficiarios durante el periodo que permanezcan cerrados los comedores, ésta medida no es suficiente. Indica el informe de la Personería que no se da cobertura al total de la población, no son claras las estrategias de socialización y difusión con la comunidad de dicha alternativa, pues los beneficiarios no se acercan a las subdirecciones a reclamar los respectivos bonos por desconocimiento.

La Personería inició una indagación preliminar para determinar los responsables del cierre de los comedores sin una alternativa eficaz de solución para los afectados y solicitó a la SIS adelantar las gestiones necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de las personas afectadas, con el fin de no dilatar la atención nutricional a la población más vulnerable.