–Un proyecto de ley que pretende imponer en Colombia la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial en el sector empresarial privado, radicaron en el Congreso de la república el presidente Iván Duque Márquez y el Procurador General de la Nación Fernando Carrillo Flórez.

La iniciativa, que busca endurecer sanciones a corruptos y fortalecer mecanismos de protección a denunciantes, es la respuesta al mandato ciudadano impartido el domingo pasado en la Consulta Anticorrupción, destacaron los dos personajes.

También advirtieron que con este proyecto proyecto de ley Colombia se pone a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, con responsabilidad penal de las sociedades y empresas que pretendan corromper a funcionarios, inhabilidad para contratar con el estado hasta por 20 años, extinción de dominio exprés y aumento de 5 a 20 años del tiempo para sancionar a servidores públicos.

Al explicar el contenido del proyecto, el presidente Duque destacó, en primer lugar, que se busca ampliar la prescripción de la acción disciplinaria de 5 a 20 años para sancionar las conductas de los funcionarios y servidores públicos.

“La prescripción pasarla de 5 a 20 años en la acción disciplinaria es muy importante, porque le da una herramienta al Ministerio Público de estar siempre detrás de las conductas indeseables, perseguirlas y sancionar”, precisó el mandatario.

“elemento profundamente novedoso en nuestro país”, el Jefe de Estado citó que el proyecto busca igualmente instaurar la acción penal y el delito para las personas jurídicas.

Indicó que dentro de las sanciones, “está la sanción corporativa, pero adicionalmente una sanción a los gestores y también a los propietarios, sanciones que son durísimas, entre las que se encuentra la prohibición de contratación con el Estado”.

De acuerdo con el Presidente, “que aquí tengamos la sanción penal a las personas jurídicas es también un gran logro que Colombia podría alcanzar, porque eso nos permite también sancionar de manera ejemplar a las empresas, a los dueños y a los gestores que han estado detrás de prácticas corruptas”.

A esto se suma –agregó–, que “se le da vida a la extinción de dominio exprés, para que se pueda endurecer la sanción patrimonial a quienes atentan contra el patrimonio público”.

Empoderar a la ciudadanía para que denuncie a los corruptos

Por último, el Jefe de Estado resaltó que el proyecto se propone fortalecer, motivar y patrocinar la denuncia ciudadana, brindando mecanismos de protección eficaces, lo cual permitirá que más ciudadanos cooperen con las autoridades para denunciar a los corruptos.

“Que nosotros tengamos además el estímulo para la denuncia ciudadana, con mecanismos de protección, también nos va a permitir a nosotros es hacerles sentir a los corruptos que toda la sociedad los está mirando”, dijo.

Proyecto ratifica compromiso de todo un país de rechazar la corrupción

Al término de su declaración, el Jefe de Estado subrayó que “este es un proyecto que ratifica el compromiso de todo un país de rechazar la corrupción”.

Sostuvo que “la corrupción es un cáncer, es una amenaza que tenemos que vencer”, porque “no tiene color político la defensa de la ética pública, no tiene color político la lucha contra la corrupción”, sino que “es una tarea de todos y el día de hoy lo ratificamos con esta iniciativa que presentamos con el señor Procurador General de la Nación”.

“Este proyecto se presenta entre el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación con unas medidas que son necesarias, que el país las viene pidiendo a gritos y que son innovadoras”, puntualizó el Jefe de Estado.

Por su parte el Procurador Carrillo Flórez señaló que “este proyecto busca la muerte política de los corruptos en el sector público y la comercial de las empresas que pagan por hacerle trampa al Estado”, con lo cual el sector privado debe comenzar a asumir responsabilidades en la lucha contra la corrupción.

El proyecto de ley, que busca promover la probidad administrativa, fortalecer la institucionalidad y aumentar la articulación del Ministerio Público; establece mecanismos de protección a quejosos y testigos en procesos disciplinarios, situación que en Colombia nunca se había implementado para casos que conoce la Procuraduría; y crea un sistema alertas tempranas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos.

“Esto es simplemente la muestra de que le estamos respondiendo a la ciudadanía, porque lo que hubo el domingo fue un clamor contra la corrupción, y creemos que hay que materializarlo no solo en leyes, en actos administrativos y resoluciones, sino en cambios de comportamiento ciudadano”.

Carrillo Flórez dijo que la Procuraduría General de la Nación y los demás órganos de fiscalización “vamos a seguir a la vanguardia de esta lucha, porque lo que hemos recibido es un espaldarazo de la ciudadanía, y con estas herramientas vamos a continuar en esta batalla sin cuartel contra la corrupción”.

Proyecto de ley

El proyecto busca la integración de una red nacional para la prevención de la corrupción, con el apoyo de las oficinas de control disciplinario de todas las entidades públicas, las personerías y todas las entidades y dependencias que cumplen funciones disciplinarias.

Con el fin de fortalecer la misión preventiva, establece un sistema de detección de alertas para combatir el incremento patrimonial injustificado de servidores públicos, que estará integrado a partir de información del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad de Información y Análisis Financiero.

El proyecto ajusta el régimen disciplinario para combatir la corrupción, y amplía los términos de prescripción de la acción disciplinaria que pasan de cinco a veinte años para las faltas gravísimas dolosas. Igualmente plantea un ajuste a la dosificación de las sanciones disciplinarias según la gravedad de la falta y el título de responsabilidad, dolo o culpa.

Regula la sanción disciplinaria para los servidores públicos que no diligencien u omitan información en la declaración de bienes, incumplimiento que será considerado como una falta gravísima.

Por primera vez se inhabilitarán las empresas privadas para contratar con el Estado hasta por 20 años, si sus representantes legales o directivos participan en actos de corrupción que beneficien a esas compañías.

Contempla la caducidad de los contratos estatales cuando se demuestre una falta disciplinaria gravísima dolosa, relacionada con la contratación o delitos contra la administración pública o el patrimonio público.

Plantea la creación de mecanismos de protección a quejosos y testigos, con el fin de promover e incentivar las denuncias de actos de corrupción.

El proyecto de ley establece igualmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos contra la administración pública, el medioambiente, el orden económico y social, financiación del terrorismo y todos los delitos que afecten el patrimonio público. Esa responsabilidad será independiente de los delitos en que puedan incurrir sus administradores o representantes legales.

Entre las sanciones establecidas para las personas jurídicas se encuentran la multa, la remoción de sus administradores o representantes, la prohibición de ejercer la actividad económica, no recibir subsidios ni celebrar contratos con el Estado y la cancelación de la personería jurídica.

También establece la extinción de dominio abreviada frente a delitos que afecten la administración pública o el patrimonio económico, cuando se cumplan ciertas condiciones como un número máximo de bienes y el valor tope de los mismos, entre otras, lo que permitirá integrar en una misma audiencia las decisiones que se deban adoptar.

Con el fin de incentivar y fortalecer las veedurías, propone la creación de un mecanismo de reconocimiento y premiación a quienes contribuyan a la vigilancia de recursos públicos. Para tal fin las entidades estatales tendrán la obligación de entregar información a las veedurías.

Plantea también normas para fortalecer las personerías, así como la modernización de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación y la creación de un sistema integrado de información disciplinaria en todo el país.